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Las Casas de acogida tendrán subvención, según sus necesidades

Convenio refuerza el trabajo para prevenir casos de femicidio

El crimen de Cinthya Rebutty, ocurrido el 24 de julio de 2012, es considerado como un caso de femicidio. Foto: Archivo / El Telégrafo
El crimen de Cinthya Rebutty, ocurrido el 24 de julio de 2012, es considerado como un caso de femicidio. Foto: Archivo / El Telégrafo
26 de julio de 2014 - 00:00 - Christian Barrionuevo

Veinte organismos de apoyo a víctimas de violencia intrafamiliar, entre los que constan casas de acogida y centro de atención, cuentan con el respaldo del Ministerio de Justicia, que financiará su gestión.

Las sociedades están situadas en 13 provincias del país (Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Loja, Pichincha, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Orellana y Sucumbíos) y tienen como objetivo dar protección integral a mujeres y niños vulnerados de forma física o sicológica. Antes, con sus propios recursos, cumplían con este trabajo.

La tarde del miércoles, en el ECU-911 Samborondón, se suscribió un convenio en presencia de la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga; el gobernador de Guayas, Rolando Panchana, y los representantes de las organizaciones Fundación para el Desarrollo Humano (Fedhu), Fundación Centro Ecuatoriano de Promoción y Apoyo a la Mujer (Cepam), Fundación María Guare, Corporación de viviendas Hogar de Cristo, Nación Nuevos Horizontes y Movimiento de Mujeres de El Oro.

Tras la firma, Ledy Zúñiga explicó que el financiamiento está relacionado con el tipo de servicio que ofrezca cada organismo, lo que aportará para erradicar los casos de violencia que podrían convertirse en femicidio.

Las casas de acogida dan refugio a las víctimas de abandono de sus hogares sea por agresiones o amenazas, ahí se les provee de hospedaje, alimentación, terapias de recuperación y asistencia legal.

Mientras que las casas de asistencia ofrecen patrocinio legal gratuito en los procesos judiciales, dan apoyo sicológico a los afectados directos o indirectos, e identifican oportunidades de autonomía económica para las féminas transgredidas.

Zúñiga reconoció que es difícil mantener un sistema de voluntariado sin los fondos para dar una atención adecuada, de calidad y con la cobertura que la problemática requiere, por ello confirmó todo su respaldo.

Indicó que si no existiera este tipo de organizaciones probablemente los índices de muertes, por estos casos, serían más altos.

Agregó que espera que se eviten más crímenes por falta de atención oportuna o por no presentar a tiempo una denuncia. “No queremos que haya más boletas de auxilio como parte de las evidencias al momento de presentar un cadáver (en casos de femicidio)”, exclamó.

Tatiana Ortiz, representante de las organizaciones, manifestó que las orientadoras cumplen con una labor de seguimiento y vigilancia a la tarea que realiza el Estado para combatir este tipo de problema. “Hace 30 años venimos trabajando para evidenciar la magnitud de la violencia, el impacto en nuestras vidas y la posibilidad real de ejercer plenamente nuestros derechos”, mencionó Ortiz.

También, afirmó que durante ese tiempo elaboraron metodologías preventivas y aportaron con evidencias de diferentes sectores de la población para contribuir con la creación de políticas públicas.

Además, declaró que el deseo de los organismos es que el trabajo conjunto sea continuo, porque les resulta incómodo depender la finalización de un convenio, por ello solicitó a la ministra la gestión de un acuerdo permanente.

Rolando Panchana informó que el aporte de la Gobernación consistirá en proveer a la ciudadanía de la información necesaria de los servicios de los centros de atención, tanto en las oficinas del gobierno provincial como en los canales virtuales.

Zúñiga informó que en 2015 se levantarán datos en el país para evaluar los resultados de los proyectos de erradicación de violencia de género.

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