El Consejo de la Judicatura analizó en un año el comportamiento disciplinario de 570 servidores judiciales del país, de ellos se destituyeron a 77 funcionarios, de los cuales se encuentran 34 jueces, informó este miércoles 29 de enero de 2020 la presidenta de la institución, María del Carmen Maldonado.

La funcionaria estuvo en Guayaquil con sus vocales para suscribir un convenio de cooperación con el Ministerio de Gobierno, que estuvo representado por el gobernador Pedro Pablo Duart, el cual consiste en el intercambio de información sobre el accionar de los jueces y fiscales, para que personal de Control Disciplinario actúe de forma más eficiente y oportuna.

"Reiteramos a los operadores de justicia y a la ciudadania, que nuestro objetivo no es la destitución ni sanción. Sabemos que hay jueces, fiscales y defensores públicos buenos y con ellos nos quedaremos. Con aquellos que no reúnen los requisitos de probidad y honestidad ceñidos con el código de ética, tomaremos acciones, como ya lo hemos hecho", manifestó Maldonado.

Unidad de flagrancia para ciudadanos del sur de Guayaquil

La Presidenta de la Judicatura también se refirió a la creación de la nueva Unidad de Flagrancia, en el sur de Guayaquil, donde laborarán jueces, fiscales, defensores públicos, médicos legistas, para que los delitos sena investigados de inmediato, y así disminuya la carga procesal que tiene la Unidad del Cuartel Modelo, ubicada en el norte de la ciudad, que al momento registra 1.900 causas en trámite.

"La nueva unidad de flagrancia laborará las 24 horas de los siete días de la semana", que estará este año, pero Maldonado no precisó lugar ni fecha de entrega, porque primero se trasladó al complejo judicial Valdivia, sur de Guayaquil.

Jueces de Garantías Penitenciarias

La visita de Maldonado sirvió también para que incorpore dos jueces más a la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitendciarias de Guayaquil, así se cuenta con un total de cinco administradores de justicia de los seis que se tiene previsto integren estas dependencias.

Estas unidades especializadas atenderán los requerimientos y trámites relacionados con las personas privadas de la libertad, así como implementarán medios telemáticos para la instalación de las audiencias a través de videoconferencias.

"Se eliminarán los riesgos y los costos que implicaban los traslados de los presos para al Policía y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personal Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), así como para los operadores de justicia", explicó Maldonado.

Los juzgados de Garantías Penitenciarias ya funcionan en Latacunga, Cuenca, Portoviejo y Guayaquil. (I)