El Consejo de la Judicatura (CJ) solicitó a la Contraloría un examen especial al accionar de los vocales de esa entidad que estuvieron en el periodo de transición.

Marcelo Merlo, Aquiles Rigail, Zobeida Aragundi, Angélica Porras y Juan Pablo Albán integraron el Consejo de la Judicatura Transitorio.

María del Carmen Maldonado, presidenta del CJ, señaló que dos equipos de la entidad de control analizan a esta institución del Estado.  

Maldonado pidió al contralor subrogante, Pablo Celi, que extienda el espectro de análisis de esa entidad. Además solicitó que se investiguen los contratos de ejecución y consultorías de los complejos judiciales del Norte y Sur, en Quito, así como de los centros de El Empalme y Durán (Guayas).  

Maldonado realizó el pedido en el marco de la suscripción del convenio inclusorio en la lucha contra la corrupción y recuperación de los activos.

En meses atrás, la Contraloría, Unidad de Análisis Financiero y la Procuraduría firmaron el acuerdo de lucha contra la corrupción. Pero, ahora se unen la Secretaría Anticorrupción y el CJ.

La titular del CJ sostuvo que la lucha contra la corrupción es el primer eje de acción de la Judicatura.

El contralor Celi dijo que es necesaria una cooperación internacional con metodología y acciones concurrentes “para encontrar la ruta y los responsables de delitos contra el interés público”.

Celi enfatizó que con organismos como el Servicio de Rentas Internas (SRI) trabaja de manera conjunta y por ello hizo un llamado para que otros entes como la Corte Nacional de Justicia se integren.

A criterio del contralor, “la superación de un escenario de desorden institucional, de desajuste legal, de lesiones contra el interés del Estado solo debe resolverse con una acción concurrente”.

Reinstitucionalización estatal

Iván Granda, secretario de Anticorrupción, recordó que en la administración del expresidente Rafael Correa, el excontralor Carlos Pólit no controlaba las cuentas, “sino que era parte de la corrupción de Odebrecht”.

Granda señaló que las entidades de justicia tienen la obligación de emitir sentencias con valores a la sociedad.

Para la fiscal general del Estado, (e) Ruth Palacios, este convenio interinstitucional permitirá intercambiar información entre las autoridades en la lucha contra la corrupción. (I)