Contraloría halla error en custodia de informe Gabela

- 13 de febrero de 2019 - 00:00
Patricia Ochoa, viuda de Gabela; y su abogado, Ramiro Román, asistieron a la Contraloría General, en Quito.
Foto: María Elena Vaca / El Telégrafo

Patricia Ochoa, viuda del general; y su abogado, Ramiro Román, se reunieron el martes 12 de febrero con la fiscal encargada, Ruth Palacios. Pidieron celeridad en la indagación del crimen.

Un examen borrador de la Contraloría ratifica que existió un tercer informe del caso Gabela, que entregó el perito argentino Roberto Meza. Sin embargo, la Contraloría estima que hubo negligencias en el manejo de los productos.

El organismo de control examinó el manejo y custodia de los documentos por el Ministerio de Justicia y el Comité Interinstitucional. Se analizó el periodo del 1 de enero de 2013 al 6 de septiembre de 2018.

Las principales fallas que encontró la Contraloría fueron en la custodia del tercer producto.

La auditoría, por ejemplo, no tiene evidencia sobre la fecha ni la identidad de la persona que lo recibió. Aunque, en el informe previo Meza señala que lo entregó el 8 de julio de 2013.

El organismo de control determinó que en los antecedentes del Acta de Entrega Recepción Única se realizaron observaciones sobre el tercer producto.

Según la Contraloría, aquello demuestra que a esa fecha el producto ya estuvo en poder del Comité.

De la revisión física realizada a este, la Contraloría constató que no hubo ninguna firma, rúbrica abreviada, ni sumilla. También, esta entidad encontró información sobre supuestos anexos que habrían sido enviados al expresidente Rafael Correa y miembros del Comité. Pero Meza, en una contestación al organismo de control, negó aquello.  

La Contraloría determinó que la conclusión está en iguales términos a la del informe entregado vía correo electrónico por el perito a los miembros del Comité. También se estableció que el perito asistió a las reuniones del Comité, posteriormente a la entrega del último producto.

Pero, sobre esto, la Contraloría no encontró evidencia documental de reparos al contenido o posibles modificaciones.

Contrato por $ 78.000

Según el ente de control, el 10 de abril de 2013 se firmó un contrato con el perito Meza por $ 78.000.

Este entregó tres informes. El primero, de seis páginas rubricadas y firmadas con carácter confidencial, llegó al Ministerio de Justicia el 11 de abril de 2013. Allí, Meza recibió el 30% del valor acordado.

El segundo documento, también con el carácter de confidencial y las mismas rúbricas, se entregó en ventanilla del Ministerio de Justicia el 26 de abril de 2013.

Por este informe, en donde  se determinó que no se trataba de delincuencia común, recibió el 40% del monto. Sin embargo, desde este segundo producto (informe) no hubo administrador del contrato por 43 días.

Mas, las fallas en la custodia se evidenciaron en el tercer producto, por el que Meza recibió el 30% restante del monto. Por ejemplo, la Contraloría encontró que dos servidoras mantuvieron en custodia el producto tercero por 24 días.

En ese tiempo no informaron ni realizaron las gestiones para que el Comité Interinstitucional tenga conocimiento de dicho documento.

En una de las conclusiones del informe, la Contraloría estima que no se manejó adecuadamente la documentación física y digital recibida a custodia del Comité Interinstitucional.

Viuda de Gabela pide celeridad

Patricia Ochoa, viuda del general Jorge Gabela, pide celeridad en las investigaciones que realiza la Fiscalía.

La mañana de este martes 12 de febrero se reunió con la fiscal general del Estado, (e) Ruth Palacios, y le solicitó que se investigue a todos los miembros del Comité Interinstitucional.

Sobre el informe de la Contraloría, Ochoa cree que “no hay nada nuevo”.

Para la viuda, el 3 de febrero de 2015 es una fecha clave, cuando Ledy Zúñiga, entonces ministra de Justicia, señaló que no había un tercer producto y “ella es responsable directa”.

Román dijo que la Contraloría no topa a ningún ministro ni miembro del Comité Interinstitucional. A su criterio, la entidad de control del erario público debería ampliar el informe y buscar la verdad de este caso. (I)

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