A un año de inaugurado el Complejo Judicial Norte, de Quito, 574.423 usuarios fueron atendidos en esta dependencia y se realizaron 19.536 audiencias.

Según datos oficiales, de las 33.056 causas ingresadas desde el 2 de febrero de 2017, en que abrió sus puertas el Complejo, 30.994 han sido resueltas, lo que representa el 94%.

En 50.000 metros cuadrados de construcción funcionan el Tribunal de Garantías Penales, juzgados Primero, Segundo y Tercero de Familia; la Unidad de Familia; oficinas de Mediación y de Defensoría Pública; y una ventanilla exclusiva del Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA).

Además atiende a la ciudadanía la Unidad Judicial Civil; la Unidad Judicial Penal; tribunales Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario; la Unidad Judicial de Trabajo y la Dirección de la Judicatura de Pichincha.

El director del Consejo de la Judicatura (CJ) de Pichincha, Santiago Páez, calificó como positivo y productivo este primer año de funcionamiento del complejo, porque el acceso de la ciudadanía a la justicia mejoró.

Y destacó como logros, ofrecer atención integral de diferentes materias en un sola edificación; el aumento en el número de índice de satisfacción de 5,7 puntos (de 59,1 en febrero 2017 a 64,8 en noviembre de 2017) en la encuesta a usuarios.

También, el incremento del índice de confianza de 6,1 puntos (de 58,9 en febrero 2017 a 65,0 en noviembre del mismo año en la encuesta a usuarios; la excelencia en la implementación del modelo de gestión que es referente para otros países de la región.

En lo que se puso énfasis fue en la agilidad del servicio, porque el tiempo de espera promedio es de 11 minutos y de atención de cinco minutos.

Para Páez, el reto en  2018 es dejar un organismo consolidado y afianzado, a fin de que los ecuatorianos sientan que son atendidos sus requerimientos en forma ágil, oportuna, eficiente y con un servicio de calidad.

En la inauguración de este edificio, enero de 2017, el presidente del CJ, Gustavo Jalkh, indicó que el principal objetivo de esta obra es “concentrar en un solo lugar una serie de servicios que estaban dispersos en la capital, con el fin de brindar una mejor atención a los usuarios”.

Para Marcelo Simbaña, abogado en libre ejercicio, el objetivo se consiguió y es bueno. “Antes teníamos que estar de un lugar a otro para los trámites, lo que tomaba mucho tiempo y nos costaba la movilización, hoy vamos a este lugar en donde funciona gran parte de los juzgados”.

No obstante, consideró que aún hay que trabajar en la organización porque muchas veces los funcionarios judiciales no saben sobre las audiencias y diligencias.

66 salas de audiencia
El Complejo cuenta con 66 salas de audiencia equipadas con sistemas de grabación de audio y video; salas de espera, ventanillas de requerimientos y de ingreso de escritos y causas.

Tiene pantallas informativas en los corredores de todos los pisos, centros de copiado, accesos de circulación diferenciada para ciudadanos, jueces y personas privadas de la libertad.

También hay recámaras para testigos y víctimas, espacios de aseguramiento transitorio de personas privadas de la libertad, cámaras de Gesell, sala lúdica para que los padres encarguen a sus hijos mientras realizan sus trámites, consultorios médicos, psicológicos y Trabajo Social.

El costo de la obra, incluido el mobiliario, fue de $ 65,9 millones y en el lugar trabajan 404 funcionarios administrativos, 125 jueces, 83 secretarios y 174 ayudantes judiciales.

Según Santiago Páez, el Complejo es producto del mandato popular de mayo de 2011 y fue diseñado con base en las necesidades de los usuarios para acercar los servicios de justicia.

Por ello también se efectuaron 15 activaciones de Justicia Itinerante, siete judicaturas en la comunidad, 49 conversatorios sobre el Código Orgánico General de Procesos (Cogep) y 11 foros estudiantiles. (I)