La ausencia de competencias agudiza crisis en la Judicatura
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS-T) no descarta devolver ciertas atribuciones al Consejo de la Judicatura, a un mes que terminen en sus cargos de transición.
Marcelo Merlo, presidente del Consejo de la Judicatura, envió una comunicación al CPCCS-T, en la cual solicita que se aclaren las competencias. En el documento argumenta que hasta el 19 de septiembre de 2018 tiene 287 sumarios disciplinarios pendientes de resolución. Le preocupa que los expedientes abiertos contra estos servidores judiciales prescriban.
El consejero Pablo Dávila señaló que todavía no han conocido esa resolución en el seno del CPCCS, “por tanto no hay un pronunciamiento oficial”. Sin embargo, la decisión final la tomarán hoy en la sesión del pleno.
Dávila indicó que devolver ciertas competencias a la Judicatura “es una posibilidad siempre y cuando se justifiquen las razones y si ello contribuye al proceso de institucionalidad y reingeniería”.
El 19 de septiembre el CPCCS, bajo la presidencia de Julio César Trujillo, prohibió a la Judicatura ejecutar las facultades previstas en el artículo 181 de la Constitución, numeral 3. Esta potestad se refiere a dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la Función Judicial, así como, su evaluación, ascensos y sanción.
Este hecho profundizó la crisis al interior de este organismo judicial.
A la vocal Angélica Porras le preocupa, que si bien la evaluación a los jueces de la Corte Nacional de Justicia realizará el Consejo de la Judicatura definitivo, se suspenda los concursos de la carrera fiscal, que actualmente estaba en fase de impugnación ciudadana de 980 nuevos aspirantes. A criterio de Porras, no se debieron suspender las competencias actuales de la Judicatura.
El abogado Raúl Llerena también presentó el lunes una acción de protección en contra del CPCCS-T. “Dijimos sí en la consulta popular para que haya una evaluación a los funcionarios y de ser el caso una sanción”. (I)
