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El combate a la delincuencia en Guayaquil convoca a autoridades y ciudadanos

El personal que llegó a Guayaquil apoyará en las labores de control.
El personal que llegó a Guayaquil apoyará en las labores de control.
Cortesía
02 de diciembre de 2020 - 20:50 - Vanessa Hervás

500 miembros de la Policía Nacional se trasladaron a Guayaquil como parte de la estrategia para combatir la inseguridad en la ciudad. Llegaron de diferentes provincias y unidades, incluso se sumaron cadetes de las escuelas de formación.

El trabajo comenzará de inmediato en sectores como Pascuales, Chongón, Cisne, Trinitaria, Fertisa y el Guasmo. Previamente, la institución georeferenció las denominadas “zonas calientes” donde mayores índices de delitos se han registrado.

La Alcaldesa Cinthya Viteri habilitó siete Centros de Atención Municipal para colaborar con el alojamiento y la alimentación de los efectivos. Pero en el control de la delincuencia, el cabildo también hará su parte.

La Corporación para la Seguridad Ciudadana tiene disponibles 1.200 cámaras, muchas de ellas útiles para el reconocimiento facial, a las que se suman las 150 del Sistema Ecu 911. 18 camionetas recorrerán la ciudad, dividida en circuitos, para la disuasión del cometimiento de delitos.

Diciembre será un mes clave. Gustavo Zúñiga, Presidente de la corporación municipal, explicó que el comercio informal es una de las aristas que más preocupa.

En la Bahía, por ejemplo, son los comerciantes que trabajan al margen de la ley los que generan situaciones potencialmente peligrosas, incluso para la propagación del coronavirus. Los controles durante estas fechas serán más frecuentes para poder manejar las aglomeraciones; pero hizo énfasis en el rol que tiene el ciudadano para proteger su propia vida.

Para el Gobernador del Guayas, Luis Chonillo, los resultados de los operativos se desvanecen cuando los delincuentes son liberados 24 o 48 horas después del cometimiento de la infracción. Su llamado es a la ciudadanía para que hayan denuncias y a la justicia, para evitar la impunidad.

Al respecto, Antonio Gagliardo, ex Juez Constitucional, considera que debe plantearse la posibilidad de que ciertas personas estén autorizadas a portar armas: comerciantes, ganaderos, ciertos empresarios, líderes de barrios organizados, que no tengan antecedentes penales, porque “el delincuente sabe que él puede estar armado ilegalmente y que el ciudadano no tiene como defenderse y por eso abusa y actúa de esta manera”.

La estrategia que convoca a varias instituciones, autoridades seccionales y Gobierno pretende disminuir, no solo los altos índices de violencia, sino también atacar problemáticas como el trabajo infantil, la prostitución, la mendicidad y la venta de drogas. (I)

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