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El Telégrafo
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“Colegio de Abogados no debe meterse en temas políticos”

“Colegio de Abogados no debe meterse en temas políticos”
14 de enero de 2013 - 00:00

El próximo 1 de febrero se llevarán a cabo las elecciones para elegir al presidente  del Colegio de Abogados del Guayas (CAG) para el período 2013-2015, por lo cual solo 2 listas se han inscrito.

La primera cuenta con miembros del actual directorio que aspiran a la reelección y postula a la presidencia a Juan Vizueta, actual vicepresidente del gremio y candidato a asambleísta de Guayas por la alianza MPD-PK. La segunda lista la encabeza Jimmy Salazar, jurista con más de 20 años de experiencia y presidente ad honórem del Frente de Abogados Progresistas del Guayas.

La imagen del colegiado a nivel social actualmente se encuentra deteriorada ¿Cuál es su plan para recuperar el prestigio?

El CAG tiene 63 años de vida jurídica y en los últimos años ha pasado por una crisis agobiante, debido al mal manejo y quemeimportismo de las actuales autoridades. Mire que aún no tenemos una sede propia, ni una oficina para reunirnos. Necesitamos un cuerpo colegiado que represente a los abogados y no a terceros,  necesitamos que el CAG vele por los 15.000 abogados afiliados y por los otros 3.000 que no lo están, elevando el nivel académico y así poder rescatar la dignidad y el prestigio de los abogados.

Básicamente ¿En qué consistirá su plan estratégico de trabajo?

Queremos elevar el nivel académico de los abogados, para lo cual se buscarán convenios con instituciones públicas y privadas para subsidiar de alguna forma las especializaciones, ya sea para maestrías, doctorados, etc. Necesitamos contar con una sede ejecutiva propia, para eso hemos realizado las negociaciones pertinentes para adquirir un bien inmueble en las calles Pedro Moncayo, entre Primero de Mayo y Quisquís, por un valor de 700.000 dólares. Un proyecto de vivienda a beneficio de miles de abogados que aún no tienen casa propia, también consta en nuestro plan de trabajo. No se trata de que vamos a construir la ciudadela del abogado, sino que vamos a aprovechar los proyectos habitacionales ya existentes, como Socio Vivienda, Ciudad Victoria, etc. donde los abogados puedan acceder a una casa, a través del bono. Asimismo, queremos convertir la sede deportiva del CAG, situada en el km 1 de la vía a Salitre, en un verdadero atractivo turístico, donde no solo acudan los afiliados a jugar fútbol, sino que todos los miembros de la familia de los abogados realicen diferentes actividades recreacionales. Finalmente, estamos en conversaciones para suscribir un convenio con casas cuna y guarderías, para que las abogadas que son madres y quieran retomar su actividad profesional lo hagan sabiendo que hay un lugar seguro para dejar a sus pequeños hijos.

El CAG se ha involucrado en la política, llegando inclusive a ser un serio opositor al régimen ¿Cuál es su opinión al respecto?

Yo vengo cuestionando desde hace varios meses el involucramiento de   la actual directiva en temas políticos, el Colegio de Abogados no debe meterse en temas políticos, sus estatutos así lo establecen. En el momento que el CAG entra como actor político desnaturaliza la esencia del trabajo que debemos pregonar, que es única y exclusivamente gremial y clasista. Esto se debe porque dentro del organismo hay abogados con distintas corrientes políticas, por lo que todos  debemos apuntar a que el CAG sea, más bien, un ente de consulta del Ejecutivo, del Legislativo de los gobiernos seccionales, hacia ahí debe apuntar el CAG, a ser un ente consultor de todos los estamentos y de los demás gremios con el fin de darles luces.

La Federación Nacional de Abogados presentó una demanda de inconstitucionalidad por la aprobación del reglamento disciplinario para los abogados en el libre ejercicio ¿Cuál es su posición en ese sentido?

Correcto, hace 2 años se presentó una demanda de inconstitucionalidad de esos artículos que crea el Foro con el que se sanciona a los abogados, y que aún no ha sido resuelto por la Corte Constitucional, en ese sentido, nosotros nos vamos a adherir a esa demanda, puesto que hay una clara violación de los derechos constitucionales.

¿Cree que el Consejo de la Judicatura de Transición cumplió las expectativas en su gestión?

Todo cambio demanda un tiempo prudencial para que se vea. El CJT en sus 18 meses, considero, ha realizado una acertada gestión.

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