CJ y Conaie logran consenso sobre la justicia indígena

Las competencias que tiene la justicia indígena aún no están bien definidas. Y, por ello, Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), y Humberto Cholango, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), establecieron ayer, durante una reunión que mantuvieron a puerta cerrada por más de tres horas, que la definición sobre “conflicto interno” indígena, los fundamentos de las declinaciones judiciales y la prevalencia de los derechos ancestrales de las mujeres y niños  son tres  temas que debe  aclarar la Corte Constitucional (CC).

De la resolución que tome esta entidad dependerían las competencias, así como los límites, de la aplicación de la justicia indígena.

En relación a ello, según Cholango ya hay 4 casos sobre justicia indígena que tiene en su poder  la CC y que les permitirá clarificar el tema. Los procesos corresponden a las provincias de Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo y Cañar. Entre esos está el caso  de La Cocha (Cotopaxi, 2010).

Cholango plantea una reunión con la CC, en donde buscarán definir los temas pendientes. Pero él no llegó solo a la reunión de ayer. Lo acompañaron Nina Pacari (Pachakutik), Carlos Pérez (Ecuarunari), además de dirigentes de ambas agrupaciones como Floresmilo Simbaña, Franco Viteri y Guillermo Churuchumbi, representante del pueblo Kayambi. Este último, también, fue presidente de la Comisión de la Niñez y Adolescencia de la Ecuarunari.

En el encuentro, además de Jalkh,  recibieron a los delegados  indígenas el resto de los  vocales del Consejo de la Judicatura: Tania Arias, Karina Peralta y  Néstor Arbito.  

“La CC debe resolver sobre  declinaciones judiciales y la prevalencia de los  derechos humanos”.Para Jalkh hay casos en que los jueces declinan la competencia sin motivación de las normas. “La CC teniendo varios casos de resolución puede dar luces en beneficio de la justicia ordinaria”, dijo.

El presidente de la CJ aclaró que no hay niveles de subordinación entre la justicia indígena y la ordinaria, sino  niveles de coordinación y que por aquello buscarán trabajar en armonía, para evitar que se vulneren derechos, pues recordó que la Constitución faculta la aplicación de la justicia indígena, siempre y cuando no afecte a los derechos de mujeres y de los niños.         

Cholango se sintió conforme con la reunión, incluso en un momento en que Jalkh quiso pedirle que aclarase sobre el pedido que harán a la CC, éste le dijo: “No, hable usted mismo, usted es bueno en eso”.

El líder de la Conaie afirmó que su movimiento está presto al diálogo para resolver no solo este conflicto, sino para conversar con todos los niveles de Gobierno en beneficio de  las bases indígenas. Fue enfático en señalar que la justicia indígena no es una “práctica cultural, sino un derecho constitucional” y destacó que se llevan la satisfacción de que “no nos han dicho que la justicia indígena es inferior  a ninguna otra”.

Para Cholango es importante una ley en la que “podamos participar”, en donde incluso, dijo, se podrían recibir aportes de investigadores de las Naciones Unidas. Es consciente de que es necesario “fortalecer la justicia indígena”. Y esos criterios los compartió con Jalkh, quien enfatizó que se seguirá capacitando a los jueces sobre el derecho que tienen las mujeres y los niños, que no debe estar por encima de ningún otro precepto.

“La entidad esperará la resolución final que emita la CC y aceptaremos las definiciones que  procesen”, dijo Cholango, al resaltar que ningún caso de justicia indígena ha quedado en la impunidad.   

MENOR DE 13 AÑOS RECIBIÓ INDEMNIZACIÓN

Guillermo Churuchumbi, representante del pueblo Kayambi, manifestó que la adolescente que fue violada en la comunidad San José Chico, del cantón Pedro Moncayo, en Pichincha, en mayo del 2012, recibió una indemnización pecuniaria y un proceso de rehabilitación psicológica. Este caso abrió el debate sobre las reformas a la justicia indígena, en donde el presunto violador, Fabián León Quillupangui, recibió una condena de 16 años en la justicia ordinaria y luego de aquello apeló a la justicia indígena, declarándose como tal.

“Vemos que hay hasta 11 meses sin un juzgamiento, mientras que en la comunidad, en el momento que nos dieron la declinación de competencia a los  ocho días se resuelve sobre la pena y se aplica un  resarcimiento a los afectados”, dijo Churuchumbi.

Contó que a la adolescente se le indemnizó con 10.000 dólares (2.000 dólares para rehabilitación psicológica y  8.000 dólares para la compra de un terreno).