Caupolicán Ochoa: "Sala tiene la potestad de inhibirse de conocer el trámite de Figueroa"

25 de julio de 2014 - 11:40

Milton Castillo y Julio César Sarango, abogados de Carlos Eduardo Figueroa, acudieron hoy a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para pedir a la Sala de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores, la revocatoria de inadmisión de la acción de hábeas corpus.

Ayer, la sala -conformada por María Rosa Merchán, Carmen Alba del Rocío Salgado y María del Carmen Espinosa- señaló que carece de competencia, para actuar en calidad de juez de primera instancia en el conocimiento de la acción constitucional de hábeas corpus.

Argumentó que el artículo 44, numeral 1, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, determina que la causa corresponde a la Corte Provincial.

Ante esta posición, los abogados pidieron la revocatoria por considerarla "indebidamente realizada". "Con esta providencia se niega el derecho a la administración de justicia que tiene toda persona", reiteró Sarango.

De su lado, Castillo añadió que el hábeas corpus es una acción constitucional que tiene un tratamiento especial y que la Sala de la Familia se negó a atender.

"Esperamos que con independencia e imparcialidad las señoras juezas concedan el hábeas corpus y ordenen la inmediata realización de la audiencia", dijo y añadió que, jurídicamente, "es imposible que un juez de menor grado pueda revisar lo que hicieron jueces superiores".

Caupolicán Ochoa, abogado del presidente Correa, señaló que la Sala tiene la potestad de inhibirse de conocer el trámite. Indicó que la participación de la CNJ se realiza siempre y cuando haya fuero (privilegio), pero Figueroa no lo tiene y quien lo tendría es el exasambleísta Cléver Jiménez. "Lo que hizo la Sala es absolutamente legal e hizo lo que le correspondía hacer en derecho", señaló.

Figueroa se encontraba en calidad de prófugo de la justicia durante 4 meses y fue acusado por delitos de injurias, junto a Jiménez y Fernando Villavicencio, quienes en primera instancia acusaron al presidente Rafael Correa por delitos de lesa humanidad en los hechos del 30 de septiembre de 2010.

La demanda fue calificada como "temeraria y maliciosa". Por este motivo, Correa presentó un proceso en contra de los 3 acusados por delitos de injurias. Jiménez y Villavicencio fueron sentenciados a 18 meses de prisión y Figueroa a 6 meses.

El fallo también dictaminó que deben disculparse mediante una publicación en 4 medios de comunicación de alcance nacional. Ninguno de los 3 procesados presentaron disculpas públicas.