La Procuraduría fija en $ 23 millones la reparación por caso el Sobornos

- 18 de noviembre de 2019 - 20:20
El procurador del Estado, Íñigo Salvador (primero de la der.), participa en la audiencia como acusador particular.
Foto: John Guevara / El Telégrafo

En su calidad de acusador particular, el procurador del Estado, Íñigo Salvador, presentó los elementos de convicción contra los 24 procesados en el caso Sobornos.

Se cumplió el sexto día de audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el caso Sobornos 2012-2016. Este lunes 18 de noviembre de 2019 el procurador General del Estado, Íñigo Salvador, argumentó su acusación.

En su condición de acusador particular y en representación de la víctima (el Estado), presentó los elementos de convicción o evidencias contra los 24 procesados.

Contra el expresidente Rafael C., 31 elementos; Jorge G., 26; Vinicio A., 26; María de los Ángeles D., 23; Walter S., 23; Pamela M., 35; Laura T., 24. Así sucesivamente para el resto.

El Procurador señaló que en este caso se cometió el delito de cohecho agravado. La pena es de entre tres y seis años de privación de la libertad, según el Código Penal anterior.

Respecto al monto total de los sobornos entregados por contratistas a los miembros del movimiento Alianza PAIS en el anterior gobierno, dijo que suman $ 7’791.588.

Por eso, “en este caso de cohecho agravado pedimos el monto máximo de reparación, que es el triple, es decir $ 23’364,764”, precisó.

38 contratos se entregaron

Enumeró 38 contratos que se habrían concedido a las compañías como compensación por los “aportes voluntarios” entregados.
Entre ellas figuran las empresas Odebrecht, Azulec, Hidalgo-Hidalgo, Verdu, Consemin, Equitesa, Sinohidro, Fopeca y Sanrip.

La fiscal general, Diana Salazar, y los abogados de los procesados, dijeron que se ha evidenciado la existencia de una red de corrupción. Lo afirmaron en su exposición ante la jueza nacional Daniella Camacho. Los sospechosos tenían denominaciones, alias y funciones específicas.

Para Salvador, la red fue diseñada y dirigida desde la Presidencia de la República. Se utilizaron sus instalaciones, con la participación de funcionarios altos y medios.

Entre ellos están las máximas autoridades de la Secretaría Nacional del Agua, ministerios de Transporte, Vivienda, Sectores Estratégicos, Vicepresidencia, Secretaría Jurídica, entre otras.

El trabajo consistía en captar, administrar y distribuir los sobornos recibidos de los empresarios privados. Con eso, dijo, se aseguraban la promoción, propaganda política y funcionamiento de Alianza PAIS y de sus candidatos. A cambio, los empresarios habrían recibido contratos y convenios de pago.

Dijo que con los recursos de las supuestas coimas permanecieron vigentes en la conciencia de los votantes. Así tuvieron mejores condiciones de apoyo popular. “Con razón ganaban cada elección” y al mismo tiempo garantizaban el apoyo político. Además, se perpetuaba la impunidad porque las posibilidades de fiscalización eran totalmente nulas.

Rafael C. lideraba la estructura

Según el Procurador, el líder era Rafael C. Este designaba a personas de absoluta confianza como Jorge G., Alexis M., Vinicio A., María de los Ángeles D. y Wálter S.

Consideró que no es fortuito que esos funcionarios giraron en torno al expresidente, ocuparon cargos cíclicos y recurrentes. Ello denominó el “famoso reciclaje de funcionarios”.

Esto porque al ponerlos en los cargos se garantizaba su lealtad al líder del supuesto esquema delincuencial, con la garantía de que sus órdenes serían cumplidas.

Íñigo Salvador añadió que Rafael C. estuvo en la cúspide y en la base de la estructura. Dijo que él conocía todo y se benefició. Puso como ejemplo que con $ 5.000 dólares supuestamente de los Sobornos se habría festejado el cumpleaños. Además habría recibido un depósito en su cuenta personal por $ 6.000.

Vanessa Zabala, abogada de Vinicio A., dijo que su cliente nunca gestionó ni recibió dinero. La audiencia continuará este martes 19 de noviembre de 2019. (I)

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