La operación policial efectuada el 19 de noviembre de 2003, en una farmacia del norte de Guayaquil, desembocó en un proceso judicial que después de cerca de 12 años ha logrado sentenciar a seis uniformados a la pena máxima de 16 años de reclusión por el delito de asesinato bajo la modalidad de ejecución extrajudicial.

En esta acción de la Policía perdieron la vida 8 personas, y 3 están desaparecidas hasta la fecha, por las que sus familiares no descansan hasta saber su destino.

También, en este caso, los jueces decidieron declarar como encubridores a 5 policías y un exfiscal, quienes recuperaron su libertad por el principio de favorabilidad que dispone en estas circunstancias el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Un exgeneral de Policía fue absuelto de los cargos.

Informes contundentes

En la penúltima audiencia de juzgamiento, que se efectuó en noviembre de 2014 en el caso ‘González y otros’, el juez Wilson Merino consideró que los informes periciales del caso muestran que las víctimas fueron asesinadas de forma violenta y no hubo enfrentamiento, porque “tienen disparos en la espalda y cuando estaban sometidos en el piso”.

Por ello, no hubo uso progresivo de la fuerza, ni combate y lo que ocurrió fue “un asesinato reprimido que se lo sanciona con 16 y 25 años de reclusión mayor”, agregó.

En esa diligencia judicial, la Fiscalía demostró con los informes elaborados por peritos venezolanos la culpabilidad y el grado de responsabilidad de los procesados.

En la última audiencia de juicio, efectuada del 2 al 4 de septiembre de este año, el perito William Quinapallo declaró que la pericia ocular evidenció que hubo una “alteración de la escena”, luego del operativo policial en la farmacia. Agregó que no hubo proporcionalidad entre el número de armas con proyectiles y vainas encontradas.

En este caso se incumplieron estándares internacionales. Pues al tratarse de una ejecución extrajudicial como grave violación a los derechos humanos no debió ser juzgada por una corte policial, sostuvo en su testimonio la catedrática María Helena Carbonell.

La docente se refirió a este tema al recordar que al siguiente año de ocurridos los crímenes en la farmacia, en 2004, la Corte Penal Policial sobreseyó a 32 procesados, a pesar de la evidencia de mal procedimiento de los uniformados y de que hubo uso irracional de la fuerza y de armas.

Para Carbonell, no hubo imparcialidad porque la Policía investigó y juzgó el caso. “La ejecución extrajudicial es una violación de los derechos humanos y no tenía que haberse juzgado por una corte policial”.

Los análisis de partes policiales permitieron concluir que hay patrones repetitivos en los reportes, aseguró Carlos Cueto, experto en interpretación de dinámicas de actuaciones de la Policía.

De su análisis también evidenció que los operativos aparecen como algo imprevisto, “lo que contradice con las referidas labores de inteligencia”. Al tiempo que se han basado en supuestos prontuarios delictivos de las víctimas para justificar las acciones.

Los resultados de las pericias demostraron que, también, se modificó la escena del crimen, desapareciendo evidencias, como la grabación del video de seguridad de la farmacia, en el que se habrían registrado los hechos de la mañana del 19 de noviembre de 2003.

Los expolicías Mario C. y Aurelio Ch. fueron recientemente sentenciados en este proceso. El primero confesó que utilizó su arma contra José Cañar en defensa propia; y el segundo, que por órdenes de sus superiores integró el grupo dirigido por el imputado Eduardo G., quien aún continúa prófugo en Estados Unidos. A pesar de las gestiones de la Fiscalía no hay respuesta de la extradición de este exoficial de la Policía.

Fiscalía mantendrá abierto caso

El expediente ‘González y otros’ todavía no será un caso cerrado, así lo dispuso el fiscal Galo Chiriboga, ya que aún hay presuntos responsables que deben pagar por los delitos cometidos.

“Si bien hay 12 personas sentenciadas, el caso ‘González y otros’ todavía no se cierra”, sostuvo el funcionario. Porque aún existen presuntos responsables que están prófugos. Uno de ellos es el mayor de Policía Eduardo G., de acuerdo con las pericias de partes policiales de esa época y testimonios de los sentenciados, quien dirigió el operativo en la farmacia y otros similares que dejaron varias personas fallecidas.

El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia decidió que haya una reparación integral desde el Estado hacia las víctimas. Esto último será detallado en la sentencia por escrito, que será emitida por los jueces en los próximos días. (I)