Una vez resueltas las medidas cautelares tras la audiencia de formulación de cargos contra los 10 exoficiales del Ejército y la Policía presuntamente implicados en delitos de lesa humanidad, el jueves 3 de octubre la jueza de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, Lucy Blacio, notificó por escrito a los casilleros judiciales de los abogados defensores.

Ya pasaron los 3 días de plazo que tenían los acusados para presentar recursos tendientes a modificar el fallo. En este lapso solo llegaron a la Sala Penal escritos enviados por la defensa de Jorge A., quien fue ministro de Defensa en el período presidencial de León Febres-Cordero. Su abogado presentó recurso de apelación al arresto domiciliario con vigilancia policial.

También la defensa de Juan V., excomandante de la Escuela de Agrupamiento de Inteligencia Militar (AIM) de Conocoto, donde permaneció preso y torturado casi tres años Luis Vaca, interpuso la apelación al arresto domiciliario.

El abogado del exgeneral Manuel D., exdirector de Inteligencia (enero de 1987-agosto de 1988) en cambio solicitó la revocatoria al arresto domiciliario.

Al respecto, Fidel Jaramillo, presidente de la Comisión de la Verdad  de la Fiscalía, señaló que en este caso no caben apelaciones o revocatorias ya que en delitos de violencia sexual no se pueden modificar las medidas cautelares. Además, según la ley, en esta parte del proceso solo se puede presentar recurso de revisión.

El pasado 1 de octubre, la jueza Lucy Blacio aceptó el dictamen fiscal y ordenó el inicio de la etapa procesal  del juicio contra los 10 exoficiales que habrían incurrido en delitos de lesa humanidad definidos en los tipos penales de tortura, desaparición forzada y violencia sexual, cometidos en contra de los denunciantes Susana Cajas y Luis Vaca, quienes tuvieron que esperar mas de 28 años para que su caso por fin se judicializara.

Por estos motivos, después de la exposición del fiscal de la Nación, Galo Chiriboga, en la audiencia de formulación de cargos, la jueza Blacio ordenó las medidas cautelares de prisión preventiva contra el general  Luis P., exministro de Defensa del gobierno de León Febres-Cordero; general Edgar V., que fue jefe del SIC 10 durante el gobierno socialcristiano; y el coronel  Fernando R., exmédico de la AIM y de quien se presume que vigilaba las torturas y suministraba el denominado “suero de la verdad” a los detenidos.

Contra los demás implicados, Jorge A., también exministro de Defensa en ese período y exjefe del Comando Conjunto de las FF.AA.; Carlos J., exdirector de Inteligencia del Ejército (septiembre de 1985 y enero de 1986); Marcelo D., exdirector de Inteligencia  (enero de 1987-agosto de 1988); Juan V., excomandante de la Escuela de Agrupamiento de Inteligencia Militar (AIM) de Conocoto; Mario A., exdirector del AIM; Nelson E., exjefe del Servicio de Inteligencia Quito (SIQ); y Guillermo R., también exdirector del SIQ, la Sala Penal ordenó el arrestó domiciliario con vigilancia policial porque los sindicados superan los 65 años de edad.

Finalizados los tres días de plazo que concede la ley para la revisión de medidas cautelares, la Policía inmediatamente hará efectivas las boletas de captura. En el caso de Luis P. y Edgar V., quienes se encontrarían en Estados Unidos, se emitirán órdenes de arresto internacional a través de la  Interpol; mientras que a Fernando R. tratarán  de ubicarlo y llevarlo a prisión en tanto culminan los 90 días de instrucción fiscal, luego de lo cual se realizará la audiencia preparatoria de juicio.

La Policía Nacional confirmó que se iniciaron los operativos para ubicar a Fernando R., así como también enviaron personal de vigilancia a los domicilios de los sindicados por la orden judicial.