Ha pasado ya más de un año desde que ocurrió la masacre de Tamaulipas en México. Entre las víctimas de ese  hecho que conmocionó a la comunidad internacional estaban cuatro ecuatorianos, quienes intentaban llegar a los Estados Unidos en busca del “sueño americano”.

En el terrible suceso perecieron los compatriotas Cristian Caguano, de 18 años y natural de la población de Llacao, en la provincia del Azuay; Temo Llupa, oriundo del caserío Tauri, perteneciente al cantón Chunchi, en Chimborazo; María Tipantaxi y Elvia Pasochoa, de 20 y 21 años, respectivamente,   nativas de la comuna Galpón, en la parroquia Quisapincha, en Tungurahua.

Como único sobreviviente, trascendió el caso de Freddy Lala Pomadilla, de 19 años, quien es oriundo de la población   Ger, en la parroquia Gualleturo, en Cañar.

En días anteriores, Bety Tola, secretaria Nacional del Migrante, junto con   representantes de otras carteras de Estado visitaron el Austro -sector   considerado de  alto riesgo por el alto índice de migración- para verificar la  ayuda a estas familias.

Proyectos de inclusión  que, según la funcionaria, comprende un plan integral que incluye readecuación de las vías, dotación de servicios e incluso un centro de desarrollo infantil para los hijos de los migrantes, entre otras obras,  llevan adelante  las instituciones y para lo cual han desembolsado -hasta el momento- más de 69.000 dólares.

Con respecto a la dotación de viviendas, uno de los principales ofrecimientos que hiciera el Gobierno, el director Provincial del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) en Tungurahua, Leopoldo Velazco, informó que la construcción de los inmuebles ha avanzado  un   25% y     serán entregados a fines del presente mes.

En Tungurahua, por ejemplo, el Miduvi resuelve   dos casos,  entregando viviendas a los padres de las jóvenes fallecidas, que son sus representantes. En un caso se trató de Andrés Tipantaxi y en el segundo,  de Domingo Pasochoa.

A través de la Senami  se  legalizó la propiedad de los terrenos, que, según el funcionario, es uno de los principales problemas que hay en la zona con los indígenas, pues ya que existe una tradición que entre padre e hijos se entregan las tierras y propiedades sin documentos,  simplemente lo hacen de boca. La emisión del estudio social y el certificado de vulnerabilidad   se encargó   de elaborar   la Senami.

Paralelamente, informó que   construyen un plan habitacional de 26 casas que beneficiará a los pobladores de esa zona del país.

La inversión para el conjunto es de $ 127.920 que se suman a los  18.400 ($ 9.200 cada casa) que se destinó para   edificar las viviendas para las familias de Tipantasi y Pasochoa, cuyos parientes además reciben el Bono de Desarrollo Humano, atención médica y psicólogica y alimentación. Los familiares de las otras víctimas también han recibido la ayuda y acompañamiento del Gobierno.

En Quisapincha, la Dirección Nacional de Servicios Educativos (DINSE)  plantea la construcción de una Escuela del Milenio.

En lo concerniente a la ayuda prestada a Freddy Lala, la directora  del Miduvi de Cañar, Cecilia Ochoa, indicó que el respaldo se ha hecho efectivo no solo con la entrega de las viviendas (una para él, su esposa e hija y otra para sus padres y hermanos) que significaron una inversión de $ 40.000, sino con asistencia en materia de salud, educación, alimentación, seguridad, etc.