El  juicio penal  en contra de Jaime Iza Chanatasig se retoma hoy con la audiencia de juzgamiento en el Tribunal Séptimo de Garantías Penales, a  las 08:30. Se prevé que asistan alrededor de 40 testigos, quienes además denuncian ser víctimas de amenazas. El caso se reanuda en medio del anuncio municipal de  reubicar a más de 120 familias  de los barrios  Las Cumbres y La Garzota, en el sur de Quito.

Esos lotes fueron presumiblemente comercializados ilegalmente por  Iza desde el 2001, por valores que oscilaban entre los 1.500 y 10.000 dólares, con el compromiso de dotar  a la zona de servicios básicos,  promesa que jamás se concretó.

En el 2010, un deslave en Las Cumbres acabó con la vida de cuatro personas y el Cabildo declaró al sector como zona de riesgo. Todos sus moradores serán indemnizados con 10.000 dólares y sus viviendas demolidas. Esas familias nunca lograron legalizar sus terrenos y ahora, con respaldo del Municipio, llevan adelante un juicio penal por estafa en contra de Iza.

A ese proceso  se sumaron los testimonios  de los moradores de   San Juan de Turubamba, La Pampa, El Dorado, Terrazas de Guajaló, barrios también constituidos en los lotes ilegales.  La Municipalidad estima que serían más de 4.000 las familias afectadas, pero la gran mayoría podría legalizar sus escrituras con la intervención de las autoridades.

Jenny Romo, directora de la Unidad Regula Tu Barrio,   explicó que los asentamientos en las  zonas de riesgo serán removidos por su seguridad, y reubicados en diferentes conjuntos habitacionales. Por ejemplo, a las   familias de  Las Cumbres y La Garzota se les entregará un departamento de más de 40 metros cuadrados,   con sala, comedor, cocina, dos dormitorios y un baño, en el sector de la Mena 2, también en el sur de la ciudad. Allí los moradores contarán con todos los servicios básicos,   transporte público, atención médica y planteles educativos, que antes no estaban a su alcance.

Sin embargo, algunos  moradores se sienten frustrados. Rosa Marcalle construyó una  vivienda de  dos plantas y tiene un patio delantero, pero ahora tendrá que adaptarse a un pequeño departamento.   

Para quienes se sienten  engañados por Iza y ocupan terrenos seguros, la Municipalidad estudia  otra opción: “la expropiación especial”. Romo explicó que  cuando se detectan   irregularidades como la venta   ilegal de terrenos, esa medida se podría  aplicar de  manera inmediata. 

“A la Municipalidad   le interesa   terminar con el proceso (penal) y conseguir una sanción para el lotizador ilegal”, reiteró la funcionaria, quien recordó que la Comisaría Municipal multó a Iza en cinco ocasiones  y los montos superan  los 23 millones de dólares, pero ninguna de esas acciones se ejecutó  por resolución de la Corte Constitucional (CC).

La Secretaría de Seguridad del Municipio realiza  los   estudios técnicos, económicos y sociales para avaluar los inmuebles que serán demolidos y determinar el monto que las familias reubicadas deberán cancelar por las nuevas viviendas.

Por ejemplo,  si el departamento  cuesta 16 mil dólares y reciben una indemnización de  10 mil, tendrán que financiar los 6.000 restantes.   Pero  Romo aclaró que el Cabildo no tiene la facultad de exigir a Iza la devolución del dinero que presuntamente cobró por los terrenos.