El Centro de Rehabilitación Social Nº 2 de Guayas, más conocido como “La Roca”, del que el pasado lunes se fugaron 19 internos, dejará de ser una cárcel de máxima seguridad de sentenciados por delitos de reclusión para solo albergar a procesados (a quienes se les sigue una causa penal),  así lo dio a conocer ayer el director de la Penitenciaría del Litoral, Héctor Reyna.

Según el funcionario, se estudia la posibilidad de que “La Roca” sirva solo para clasificar detenidos, una vez que funcione el Centro de Rehabilitación Social Regional-Guayas que tiene como objetivo recluir a 3.717 personas privadas de la libertad (ppl) y que reemplazará a la actual Penitenciaría del Litoral, sobre todo en el tema sentenciados, y los centros de rehabilitación social de Babahoyo, Vinces y Machala.

La clasificación de los procesados se dará según su nivel de peligrosidad, reincidencia y delitos cometidos, explicó Reyna, para así catalogarlos en pequeña, mediana y máxima peligrosidad.

El proceso de clasificación no se daba en el antiguo sistema, indicó en días pasados Johana Pesántez, ministra de Justicia, por lo que es la primera que se da con el actual modelo de gestión. “Esto se lo hace a través de un estudio con trabajadores sociales, psicólogos y abogados, que permite tener un panorama claro del plan de vida para las ppl”, indicó la ministra, quien agregó que en el CRS Regional estarán los sentenciados y en los nuevos pabellones, incluido ahora “La Roca”,  solo los procesados.

Para cumplir con esos requisitos habrá un diagnóstico integral a las ppl,  al ingreso a los centros de rehabilitación, y su clasificación será de acuerdo a los parámetros técnicos detallados en el modelo.

José Serrano, ministro del Interior, indicó que “La Roca” no puede ser considerado un centro de máxima seguridad, debido a su infraestructura básica.

Con respecto a la supuesta escasa seguridad en el interior del reclusorio, en el que su director Javier Cevallos González declaró que no todas las cámaras de vigilancia funcionaban y que las radios para la comunicación interna estaban dañadas, las autoridades anunciaron que el nuevo reclusorio y los existentes serán reforzados con circuito cerrado de vigilancia y guías penitenciarios capacitados en la ESPE y por la Secretaría de Política Criminal de la Gendarmería de Chile, de Argentina y Francia.

Al referirse a ese tema, Juan Hidalgo, ex director de la Penitenciaría, indicó que los recursos tecnológicos en las cárceles son necesarios. Allí debe haber, relató,   cámaras infrarrojas, detectores de movimiento y de metales, cámaras altas y bajas, monitores, alarmas, doble enrejado y algo muy importante, perros entrenados que resultan ser muy eficaces para rastreos en caso de fugas e inmovilizaciones en motines.

“En el mall, la metrovía, un parqueadero, las calles, toda la ciudad está llena de cámaras, menos en el interior de las cárceles, es algo inaudito, inclusive el mismo ECU-911 puede monitorear lo que ocurre en la cárcel a través de un equipo destinado para ese fin”, dijo.