Tres empresas relacionadas con Alex B. se habrían beneficiado con más de 100 contratos

- 17 de mayo de 2016 - 00:00
El extitular de Petroecuador cuando fue trasladado a la Unidad Judicial de Flagrancia, en Quito, para los procedimientos legales del caso.
Foto: Miguel Jiménez / El Telégrafo

La jueza de la Unidad de Flagrancia, Fátima Llundo, ordenó 90 días de prisión preventiva para el exgerente de Petroecuador, Alex B., procesado por el presunto delito de tráfico de influencias. Además se instruyó la retención de cuentas y prohibición de enajenación de bienes. La audiencia de formulación de cargos finalizó a las 23:50 del lunes.

Durante la diligencia, el fiscal a cargo del caso, Franklin Bravo, mencionó que al momento se han detectado irregularidades en contratos con al menos 3 empresas, donde estarían vinculados laboralmente familiares de Alex B., ya sea como directores, representantes legales o trabajadores.

El procesado ingresó a Petroecuador el 1 de junio del 2006 y ocupó diferentes cargos hasta ser Gerente General. Su salida de la institución se registró el 14 de abril pasado.

De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, una empresa de servicios habría obtenido 85 contratos, uno de ellos por $ 35 millones. En esta trabajaban 5 familiares de Alex B., entre hermanos y primos.

Una segunda empresa habría accedido a 57 contratos, uno de estos con la Refinería Estatal Esmeraldas. En esta empresa trabaja la hermana y el padrastro del imputado. Este último, además, sería director de empresas constituidas en Panamá a nombre de Alex B.

Estas entidades muestran "un considerable crecimiento económico que coincide con su permanencia en funciones", dijo el fiscal Bravo en la audiencia de formulación de cargos. Añadió que en cuanto a un tercer grupo empresarial ha sido y es proveedor de Petroecuador entre 2014 y 2016, por montos superiores a los $ 85 millones. 

La Fiscalía también presentó los certificados de afiliación a la Seguridad Social para corroborar la relación laboral de los familiares de Alex B. con las empresas que contrataron con la estatal.

El abogado defensor, Víctor Manuel Andrade,  refutó el pedido de prisión preventiva de la Fiscalía argumentando que su defendido nunca pretendió huir del país, lo que garantizaría su presencia durante el proceso correspondiente.

El sospechoso fue detenido la mañana del lunes en su residencia ubicada en el sector de Tumbaco, nororiente de Quito, como parte de las investigaciones por presunto delito de tráfico de influencias. La denuncia fue interpuesta por el actual gerente de Petroamazonas, Pedro Merizalde. La Fiscalía inició el proceso de indagación el 9 de mayo.

En el allanamiento al domicilio del sospechoso, la Fiscalía incautó equipos tecnológicos, como: documentos, seis teléfonos celulares, una tablet y una computadora portátil.

El secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, dijo la mañana del lunes en rueda de prensa, que a lo largo de la investigación las autoridades han descubierto "irregularidades, tráfico de influencias sobre todo a favor de la familia", añadiendo que la "situación puede ser mucho más grave".

"Lo que hemos advertido del exgerente de Petroecuador es para nosotros concluyente, esperemos que para la justicia así lo sea", sostuvo el Secretario Jurídico de la Presidencia. "Pero efectivamente estamos investigando no solo en el sector público, sino en el sector privado, porque también en los 'Panama Papers' hay muchas personas ecuatorianas que tienen compañías domiciliadas en paraísos fiscales y eso debe conciliarse con las declaraciones tributarias en Ecuador", añadió.

De su lado el director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Leonardo Orlando, explicó que verificaron empresas nacionales e incluso empresas extranjeras que han tenido contratos con Petroecuador en donde se ha evidenciado el presunto delito de tráfico de influencias y, adicionalmente, se investiga la posibilidad de indicios de defraudación tributaria. "Se está investigando las relaciones de cada una de esas empresas con proveedores directos o indirectos de Petroecuador o cualquiera de sus filiales", expresó Orlando.

De ser hallado culpable, el imputado enfrentaría una pena de hasta 5 años. (I)

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