Durante 6 semanas 60 agentes de tratamiento penitenciario (ATP) serán capacitados en temas relacionados con los Derechos Humanos (DD.HH.), instrucción que se desarrolla en la Escuela de Formación situada en Bahía de Caráquez, provincia de Manabí.

La ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, informó que ellos fueron los primeros seleccionados, pero se prevé que a finales de este año se formen 1.000 nuevos ATP para prestar servicio en el país. El objetivo es fortalecer y desarrollar sus capacidades técnicas y operativas, pues trabajan directamente con personas privadas de libertad (ppl).

La enseñanza está a cargo del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, con la colaboración de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Escuela Nacional de Administración Penitenciaria de Francia, el Ministerio del Interior y la Secretaría de Inteligencia.

Vanessa Robayo, viceministra de Rehabilitación Social, explicó que este grupo que se capacita posteriormente formará a otros agentes penitenciarios, a ello se debe el nombre del grupo ‘Multiplicando formadores’, y agregó que este curso es adicional a los regulares que reciben los aspirantes.

En los primeros días del curso los ATP efectuaron actividades físicas bajo el mando del Grupo Especial Alpha (GEA), que promueve el orden y la disciplina que se aplica en los Centros de Rehabilitación Social (CRS).

La Unodc difundió conceptos básicos sobre las sustancias sujetas a fiscalización, con el fin de implementar estrategias preventivas para erradicar el uso y consumo.

El CICR colabora con la capacitación enfocada netamente a los Derechos Humanos, comunicó Giorgio Negro, jefe de la Misión en Ecuador, quien agregó que la idea es crear un núcleo de varias decenas de funcionarios altamente capacitados que después replicarán sus conocimientos en los centros de rehabilitación del país.

Negro mencionó que Ecuador y otros países en la actualidad trabajan, en cambio, en el modelo de gestión para mejorar las condiciones de vida de los internos. “Los antiguos centros respondían a un concepto típico de América Latina que ahora va desapareciendo, donde la comunidad de los privados de libertad no tenía mucha atención, ahora con  los nuevos centros hay más responsabilidad en la administración y hay mayor seguridad”.

Expresó que con el cambio es necesario que haya personal bien instruido porque deben garantizar la seguridad de los privados de libertad y trabajar con ellos, lo que antes era difícil porque había pequeños pabellones manejados por un representante de los detenidos (caporal).

Negro explicó que esto todavía sucede en muchos países del mundo, donde el concepto de la privación de libertad es separar al delincuente, o supuesto antisocial, de la sociedad sin prestarle mayor atención. No obstante, hay estados que iniciaron su transformación.

“Este modelo es moderno tanto en rehabilitación como en estructura, se quiere proporcionar más espacio al detenido para permitir que realice actividades dentro del centro para que pueda rehabilitarse y que su seguridad sea garantizada”, enunció.

También, precisó que no está al tanto de cómo se formó a los antiguos guías y que el objetivo del CICRes capacitar correctamente a los nuevos agentes penitenciarios, por ello la colaboración con el Ministerio de Justicia.

Finalmente, Negro expresó que estas actividades permiten al CICR conocer detalles de los centros de rehabilitación, compartir observaciones con las autoridades y dar recomendaciones.

Esta información se maneja con absoluta discrecionalidad, lo que les posibilita mantener la neutralidad, pues el organismo no es de control o regulación, pero sí es humanitario.