El ingreso a las cárceles es restrictivo para todos. Hay que ajustarse a un procedimiento de seguridad que busca evitar el ingreso de objetos no permitidos a los pabellones. Por ejemplo, en el Centro de Rehabilitación Regional Guayas Nº 8, a la altura del km 17 de la vía a Daule, el primer filtro es una garita principal donde hay que identificarse y, en caso de acceder, anotarse en una bitácora.

Para algunos penalistas esto ya era un problema, pues en ocasiones tenían que esperar durante varios minutos para ingresar.

Jimmy Salazar, presidente del Colegio de Abogados del Guayas, explicó que esto era consecuencia de que solo había credenciales para 20 defensores que llegaban a conversar con sus clientes. Si llegaba otro cuando los cupos estaban tomados, debía aguardar a que alguno de sus colegas saliera y así emplear su documento de ingreso.

Esta semana, a través de un convenio firmado entre el Ministerio de Justicia, encabezado por José Serrano, y el Colegio de Abogados del Guayas, se planteó incrementar 100 credenciales para evitar estos contratiempos. El uso del documento es obligatorio. Cincuenta acreditaciones se entregarán en la nueva cárcel, con lo que se llegaría a 70 cupos; las otras 50 van para la antigua Penitenciaría.

Este convenio durará dos años y será evaluado periódicamente para analizar si se requieren otros cambios. Luego del primer filtro se ingresa a una sala de espera y para pasar a los pasillos que conducen a los pabellones, donde están las áreas de visitas, se somete a otros filtros de seguridad (tres escáneres).

En esta revisión hay que sacarse todos los objetos metálicos, incluso los zapatos. Desde los exteriores del penal se informa que no se pueden ingresar aretes, celulares, cámaras fotográficas, bisutería, medicinas, fósforos, cigarrillos, droga o estupefacientes, dinero, piercings, alimentos, sombreros o gorras, gafas, maquillaje, armas blancas o de fuego.

El representante de los abogados aseguró no oponerse a esos controles, pero está en desacuerdo con los cacheos manuales que solían aprovechar algunos funcionarios para, supuestamente, faltar el respeto a los penalistas.

En este acuerdo, José Serrano se comprometió a asignar y adecuar en infraestructura y mobiliario un área física dentro de las instalaciones de los centros de rehabilitación de la provincia del Guayas para que los abogados, en ejercicio de su profesión, puedan dar la debida atención a sus patrocinados.

El ministro resaltó que con el convenio los defensores, se involucrarán directamente con los familiares de los implicados en el cometimiento de delitos y, además, se hará un seguimiento permanente al tratamiento de rehabilitación social que se implementa en el nuevo modelo de gestión en los reclusorios.

“Este es un paso clave para afianzar la vigencia del derecho a un debido proceso que a los privados de libertad les asiste”, señaló.

Julio César Cueva, abogado penalista, mencionó que el hecho de contar con un área para conversar con los clientes es un paso importante, porque antes se hacía sin comodidades ni privacidad. “Una de las garantías que tienen los prisioneros es poder reunirse con su abogado y tener privacidad para planificar su defensa”.

Con respecto a los cacheos, indicó, hay que ser consciente de que los controles rigurosos son consecuencia de las acciones de algunos visitantes que intentan ingresar droga y otros objetos.

Por su parte, los abogados tienen la responsabilidad de presentar a la cartera de Justicia la información necesaria respecto de los puntos que se deben mejorar en los centros penitenciarios.

Además, exponer los requerimientos formales de capacitación a los profesionales que componen el gremio, en torno a las materias que son de competencia del Ministerio.

Más puntos acordados
Entre los aspectos que se incluyeron en el acuerdo, están: conformar una veeduría de control social, una comisión permanente y que los abogados se involucren con familiares de las ppl.

Además, firmar un convenio nuevo para un seguimiento de tratamiento de rehabilitación social en los nuevos centros y en los antiguos que aún se utilizan.

Las autoridades deben visitar cada cierto tiempo los CRS y verificar los procesos de ingreso, alimentación, celdas y pabellones, para analizar sus condiciones y continuar con las mejoras.

También habrá un control exhaustivo de lo que hacen los guías, el director y el personal administrativo. En 3 o 4 meses se hará una rendición de cuentas de lo acordado en este convenio.