La Comisión Especializada Ocasional ‘Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari’ (Aampetra), creada en julio de este año, registra 919 casos de abusos sexuales a menores en los centros educativos del país, ocurridos entre enero de 2014 y 20 de octubre de 2017.

El diagnóstico inicial de la problemática, según la asambleísta Silvia Salgado, presidenta de la comisión, concluye que los protocolos para prevenir la violencia y abusos sexuales en los establecimientos educativos no se cumplieron.

Además, la intervención de Aampetra mostró que la mayoría de investigaciones sobre abusos a estudiantes cayeron en caducidad y ‘las autoridades no dieron seguimiento a los casos y no los denunciaron en la Fiscalía’. Todo esto, tras un estricto control político a los ministerios de Educación, Salud y Justicia, así como a los entes jurisdiccionales como Fiscalía, Consejo de la Judicatura (CJ) y Defensoría Pública.

Otro aspecto irregular que ocurría en el sistema educativo era el control o regulación que se ejercía solo en los planteles fiscales y no en los particulares. La comisión también denunció que el personal especializado de los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE), que solo existía en el 50% de las unidades educativas, no evitaban, detectaban ni sancionaban los abusos.

“Esta investigación permitió hacer visible y poner en el debate el tema de los abusos a menores en los planteles”.

Fiscalía informó que entre 2015 y 30 de septiembre de 2017 hubo 4.864 casos de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, solo 714 de ellos corresponden al sistema educativo.

El fiscal general del Estado, Carlos Baca, aceptó que la entidad no cuenta con personal suficiente para atender los casos de abusos. Actualmente posee 48 psicólogos pero se necesitan 132. Los médicos legistas llegan a 68 y hacen falta otros 32. Además hay 42 trabajadores sociales, pero se requieren 67.

Pese a estas falencias, el titular del CJ, Gustavo Jalkh, informó que resolvieron 1.653 casos. Los organismos congregados para solucionar la problemática, lograron que se reabran 173 casos administrativos archivados. Además están vigentes las pruebas psicosométricas para los docentes que son parte del sistema educativo y para quienes ingresen. Para fortalecer los DECE, el Ministerio de Educación abrió 1.600 partidas presupuestarias para contratar psicólogos educativos y clínicos.

El Ministerio de Justicia recibió $ 2 millones por la Cartera de Educación para que se encargue de la atención de las víctimas. La comisión Aampetra, hasta mayo de 2018, buscará reformar el marco legal para evitar el archivo de los casos administrativa y penalmente. Promovemos que los delitos sexuales sean imprescriptibles”. Salgado insiste en la creación de un plan de prevención integral. (I)