En una audiencia de apelación al sobreseimiento provisional se llamó a juicio a 7 de 8 procesados por su presunta participación en el delito de paralización de servicios públicos, durante los hechos del 30 de septiembre de 2010.

La Fiscalía solicitó la audiencia de apelación al sobreseimiento de los imputados, por considerar que en la providencia escrita por el juez de primera instancia no se tomaron en cuenta los elementos de convicción recopilados en la etapa de instrucción, que fueron presentados en la audiencia preparatoria de juicio realizada el 14 de abril de 2015.

La Corte Provincial de Orellana acogió los elementos de juicio de la Fiscalía y resolvió dictar el llamado a juicio a 7 uniformados acusados por el caso 30S.

Durante la diligencia, el fiscal Wellington Márquez se abstuvo de acusar a uno de los procesados por no encontrar suficientes elementos en su contra, por  lo que los jueces de la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Orellana no lo llamaron a juicio.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía, los procesados habrían incendiado neumáticos frente al Comando de Policía en la avenida Alejandro Labaca donde  obstaculizaron el tránsito y el acceso a la ciudad.

También, en el Puyo, provincia de  Pastaza, por el mismo delito, fueron llamados a juicio  un coronel y un exsuboficial de Policía.

Según las investigaciones fiscales,  los acusados habrían convocado a sus compañeros para que quemaran neumáticos y obstaculizaran el tránsito en las calles 9 de Octubre y 10 de Agosto, en la ciudad del Puyo.

Así también, habrían  impedido el  ingreso de los usuarios a las dependencias de la Policía.

El delito de paralización de servicios públicos está  tipificado y sancionado en el artículo 158 del Código Penal y 46 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que define al transporte terrestre como un servicio público. (I)