En 2012 aproximadamente 26 personas al día, tanto adultos como niños o adolescentes, declararon que fueron víctimas de abuso sexual, según el promedio que receptó la Fiscalía General del Estado.

En ese año, la Unidad de Delitos Sexuales de la institución recibió 9.629 denuncias sobre violación, estupro, atentado al pudor, entre otros. De esa cifra, 8.676 pasaron a indagación previa (90,10%) y 1.705 a instrucciones fiscales (17,70%). Pero solo un 6,7% (647) del total de las denuncias logró una sentencia condenatoria. El 2,16% (208 casos) fue absuelto.

La situación en el presente año es similar. De enero a septiembre de 2013 la Fiscalía receptó 7.252 denuncias de abusos sexuales, 6.412 pasaron a indagación; de esas, 1.449 a instrucción fiscal, 596 llegaron a sentencia condenatoria, mientras que 226 fueron absolutorias.

Para David Villamar, abogado en el libre ejercicio, muchas de las indagaciones de agresiones sexuales quedan inconclusas debido a que los exámenes de cotejamiento de ADN no siempre son solicitados por la Fiscalía, y si lo son, tardan demasiado en ser elaborados, lo que provoca que los procesados -en algunos casos- vuelvan a cometer similares delitos en años posteriores.

Fernando Yávar, exvocal del Consejo de la Judicatura de Transición, explicó que hay una alta tasa de reincidencia de los delincuentes sexuales, que llega aproximadamente al 90%, por ello presentó un proyecto para incluir en el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP), como mecanismo de seguimiento y control de delincuentes sexuales que hayan cumplido una sentencia, con el fin de establecer una medida de protección a la sociedad y para facilitar la investigación de este delito.

Entre las medidas por establecer se contempla la implementación de una vigilancia electrónica, a través del uso de brazaletes que son rastreados satelitalmente.

Por la dificultad del delito, la indagación toma su tiempo y se requiere  colaboración de la parte afectada.A esto se suma el establecimiento de un régimen de presentación periódica de la persona ante un juez para verificar sus actividades. Otra de las propuestas es la actualización periódica de archivos fotográficos y distintivos por un tiempo determinado, así como la verificación frecuente de domicilios.

Para Juan Jaramillo, abogado de la Defensoría Pública, esta medida no es viable, pues el sistema constitucional vigente no permite esta clase de procedimientos, pues cualquier medida, por más beneficiosa que pretenda ser, no puede vulnerar principios, garantías y derechos humanos. “La justicia no radica únicamente en castigar un delito, sino que propone la rehabilitación”, señaló el funcionario.

El psicólogo Francisco Guevara explicó que una de las características que se observa, en la mayoría de las personas que agreden sexualmente, es que en su niñez también fueron violados física, psicológica y sexualmente. “Se sienten incómodos en la intimidad con otras personas”, aseguró el especialista.

Esto generaría un desequilibrio emocional e incapacidad de establecer una relación consensuada en su entorno.

“Debido a la falta de control que han tenido en sus vidas, el acto sexual ejercido a la fuerza les brinda una sensación placentera que se equipara a una tranquilidad emocional”, detalló.

Las víctimas son buscadas en familias con núcleos afectivos débiles. Indicó que los depredadores sexuales, luego de la violencia, tienden a culpar de sus acciones a factores como el fracaso, el alcohol, inclusive a las propias víctimas.

Pero no todas las agresiones sexuales son denunciadas. Patricia Collahuazo, agente de la Policía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), señaló que eso sucede por temor o porque el agresor es del entorno familiar.

La Policía estima que hasta un 60% de los casos no llega a la Fiscalía, mientras que en el 80% de las agresiones sexuales a menores, el abusador es un familiar cercano, un vecino, amigo o alguna persona allegada a la víctima.

Uno de estos casos que estuvo cerca de quedar sin castigo, justamente por la desidia o temor de la parte afectada, fue el dictaminado por el Quinto Tribunal de Garantías Penales del Guayas, que sentenció a 25 años de reclusión mayor especial a Édison Hernán T. L. tras hallarlo culpable de violar a su propia hija de 10 años.

El procesado (42) y su amigo Irving Andrés N. C. (también juzgado) abusaron sexualmente de la menor durante 2 años, situación que fue descubierta por una docente que la encontró llorando en la escuela. La niña le confesó lo que ocurría, ante lo cual la maestra llamó a la madre para exhortarle reiteradamente para que presente la denuncia, puesto que el temor por la reacción del sospechoso le hacía dudar en presentarla.