Desde el 11 de septiembre pasado al día del hoy, han transcurrido 40 días desde que el contralor general, Pablo Celi, entregó al presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, 43 cajas con 130.000 hojas certificadas de las auditorías realizadas a contratos en los sectores estratégicos, que incluyeron exámenes a los proyectos a cargo de Odebrecht, sin que hasta ahora sepan qué destino dar a esos documentos.

La información proporcionada por la Contraloría General incluye, sobre todo,  los 33 exámenes ejecutados a los proyectos a cargo de Odebrecht, empresa brasileña implicada en hechos de corrupción (sobornos) con funcionarios públicos para conseguir contratos.

También contiene los exámenes de auditoría a la deuda pública; el Plan Anual de Control de la Contraloría y todos los informes aprobados. Incluso consta la Predeterminación y Determinación de Responsabilidades, realizadas en el periodo de gestión de Celi como contralor.

Además entregó las respuestas a las preguntas formuladas por escrito por algunos integrantes de la Comisión de Fiscalización de la Legislatura. “Con esta entrega doy cumplimiento a la obligación constitucional de rendir cuentas ante la Asamblea Nacional”, dijo entonces.

De las propuestas no pasan

Esa voluminosa información, sin embargo, aún no ha sido analizada.

Legisladores como María José Carrión (AP) y Wilma Andrade (ID) tienen por el momento varios planteamientos para que la tarea fluya y no demore una ‘eternidad’.

Carrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización, plantea crear un ente especializado para que examine los documentos, pues dice que analizarlos llevará mucho tiempo.

Andrade, por su parte, es partidaria de firmar un convenio con las universidades para que ayuden en la tarea. Asegura que estudiantes de los últimos años de la carrera de auditoría serían de gran ayuda.

Carrión y Andrade coinciden en que estas auditorías alcancen también a los gobiernos anteriores a los de Rafael Correa. “Esta empresa corrupta lleva años aquí”, resaltó la titular de la Mesa de Fiscalización.

Sin embargo, Eliseo Azuero, exDemocracia Popular, Izquierda Democrática (ID), PRIAN y actualmente Independiente, ve imposible fiscalizar a los anteriores gobiernos, porque “la ley no les faculta”. Dijo que en cuanto a las administraciones anteriores a Correa existe la prescripción del delito y ello sería entrar en un problema mayor.

Para Carrión, el caso de corrupción con la empresa brasileña se ha politizado. “Hay que recordar  que el mayor contrato que tiene Odebrecht es la construcción del Metro de Quito”.

Más bien le pide celeridad en las investigaciones a la Fiscalía. “La denuncia  del Metro la presenté hace nueve meses”, recordó.

Odebrecht ha sido denunciada de presuntos actos de corrupción en 12 países, entre ellos, Ecuador. Se le acusa de practicar sobornos para ganar contratos con el Estado.

Llegó al país en 1985, durante el gobierno de León Febres-Cordero (PSC), para construir el Trasvase a Santa Elena.

Desde su llegada ha firmado  30 contratos con instituciones públicas de Ecuador: 14  en los 10 años del gobierno anterior y los 16 restantes en gobiernos anteriores.

Odebrecht ya fue denunciada de actos ilícitos en Ecuador. La Comisión Auditora de la Deuda Externa, conformada en la anterior administración, detectó irregularidades en cuatro contratos firmados antes del 2008. para la construcción del trasvase Daule-Santa Elena, en el gobierno de Febres-Cordero; la hidroeléctrica San Francisco; la vía Interoceánica; y el trasvase La Esperanza.

En 1986, en el gobierno de Febres Cordero, los diputados Xavier Ledesma y Fernando Larrea denunciaron un sobreprecio de $ 80 millones en la construcción del trasvase. La obra se suspendió, pero en 1989, el gobierno de Rodrigo Borja retomó las negociaciones para el trasvase. Odebrecht  resultó la ganadora para la construcción de la Fase 1.

El gobierno de Sixto Durán-Ballén firmó el contrato de la construcción de la vía Interoceánica por $ 80,5 millones. La Comisión Auditora determinó que el valor inicial del contrato tuvo un incremento del 110,89%, lo que hizo que el costo final fuera de $ 169,9 millones.

Odebrecht también fue cuestionada por la construcción del aeropuerto de Tena, en el gobierno de Lucio Gutiérrez (PSP); el proyecto de Riego Carrizal-Chone, en el régimen de Alfredo Palacio; y de la hidroeléctrica Toachi-Pilatón, contratada por el Consejo Provincial de Pichincha, en octubre de 2007. (I)

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Abogado pide que el Procurador sea vinculado

Hernán Ulloa (foto), abogado del excontralor Carlos P., presentó un escrito ayer, donde solicita al fiscal de la Nación, Carlos Baca, que vincule al procurador general, Diego García, en el caso por concusión que la fiscalía planteó en contra de su cliente por, supuestamente, haber recibido  $ 6 millones a cambio de desvanecer glosas de Odebrecht para que pueda volver a operar en el país.

Ulloa señaló que el Procurador dijo a varios medios de comunicación que el excontralor (prófugo en EE.UU.), fue parte de un esquema de corrupción con Odebrecht porque llegó a un convenio con la empresa para desvanecer las glosas que había determinado la misma Contraloría, para darle manto de aparente legalidad al resto de proyectos que la empresa tenía con el Estado.

El abogado indicó que García falsea la verdad al no mencionar deliberadamente “que el desvanecimiento de las glosas se produjo como consecuencia del convenio transaccional entre Hidropastaza EP y el consorcio Odebrecht, con la autorización del Procurador, contradiciendo la naturaleza de sus propias funciones, ya que el encargado del control de la legalidad es el Procurador y no el Contralor, conforme dispone el numeral 4 del artículo 237 de la Constitución”.

El jurista aclaró que en el año 2010 la Contraloría ya había perdido la facultad de elaborar los informes previos a los contratos del Estado, “por esto pedimos que sea vinculado al proceso, ya que García fue quien propició el retorno de Odebrecht al país”.

Frente al pedido de Ulloa, la Procuraduría señaló ayer, mediante un comunicado de prensa, que la defensa del exContralor intenta desviar la atención en el proceso de concusión planteado en su contra.

“La vinculación del excontralor Carlos Pólit en el proceso por concusión realizado por parte del Fiscal General, en ningún caso está relacionado con el retorno de la empresa brasileña al país, sino con el hecho de haber existido una gratificación económica por el levantamiento de las glosas”, aclaró. (I)