En un colegio, en el norte de Guayaquil, 43 jóvenes inquietos esperan la llegada del profesor para iniciar su aprendizaje. ‘Sergio’, de 16 años, después de escuchar las primeras horas de clases, se apresura a guardar su tablet en la mochila, para salir al recreo.

Cuando regresa al aula y abre su maleta se lleva la sorpresa de que no está su tablet. Bastó solo unos minutos para que desaparreciera. Angustiado pregunta si alguien sabe quién cogió el dispositivo, pero de los 43 estudiantes nadie vio nada, ni sabía nada.

El hurto en el interior de las aulas de clases es una situación que se vive a diario en los colegios del país, tanto públicos como privados. Los dispositivos tecnológicos, como tablets, celulares, discos duros y pendrives, son algunos de los objetos que son sustraídos presuntamente por los mismos compañeros dentro del  curso.

Controles en planteles

Margarita Gilces, docente del colegio Juan Montalvo, comenta que en la institución en la que labora el robo de celulares era recurrente a inicios de año, pero que ha disminuido con el transcurso de los meses.

“Siempre se indaga cuando hay un caso de estos, se habla con los estudiantes, les inculcamos que deben cuidar sus pertenencias, adicionalmente se llama a los padres de familia para notificar del hecho, el cual es tratado por el departamento de Consejería Estudiantil”, destacó la docente.

En el establecimiento educativo, la semana pasada, se presentó un caso con una estudiante que reportó la pérdida de su dispositivo.

La piscóloga clínica del plantel, María Isabel Arias, atendió el suceso, pero no se logró encontrar el objeto. “Cuando ocurren estos temas, no tenemos autoridad para requisar las maletas, entonces el alumno debe cuidar sus pertenencias o evitar traerlas, porque el colegio no se hace responsable si algo se pierde”, dijo.

Como plantel en caso de comprobar la participación de un estudiante en actos de hurto, se lo puede sancionar con suspensión de clases hasta 15 días, bajar su calificación en conducta y si es recurrente enviarlo externamente a un centro de salud para que lo trate un psicólogo y determine por qué incurre en estas formas de conductas, explicó Arias.

Zoila A., madre de familia del colegio Sofos, en el norte de Guayaquil, recordó que a su hija le sustrajeron el pendrive que tenía en su mochila. En el dispositivo tenía la tarea terminada que había pedido la maestra. Días después apareció vacío, dijo la señora, porque “exigí que se tomen correctivos con los alumnos del curso”.

Ante este tipo de situaciones, la dirección del plantel resolvió bajar la conducta a los estudiantes del curso cuando se produzca un hecho similar.

En 2014 se registraron 4.660 denuncias por el delito de hurto en Guayas. Mientras que de enero a octubre de este año se contabilizaron 4.861 casos, según informe de la Fiscalía General del Estado.

Sanciones según la ley

En el artículo 196 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) se establece  que la persona que sin ejercer violencia, amenaza o intimidación en la persona o fuerza en las cosas, se apodere ilegítimamente de cosa mueble ajena, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años.

Pero en los casos de adolescentes en conflicto, se busca mediar soluciones para que las víctimas sean reparadas en estos casos, y que el infractor pueda llegar a terminaciones anticipadas establecidas en el Código de la Niñez y Adolescencia (CNA), conforme al artículo 345 o 351 referente a la conciliación y remisión, respectivamente, explicó Maribel Figueroa, fiscal especializada en adolescentes infractores.

Estas son salidas alternativas a los conflictos en materia de adolescentes. Con que sean conscientes del respeto a los ciudadanos, a los derechos humanos y libertades fudamentales de terceros, es decir, cumplir el objetivo de la justicia penal juvenil establecido en el artículo 309 del CNA, agregó.

“Recibimos un mínimo de denuncias por hurto en planteles, pero estos delitos no dejan de ser preocupantes, más aun si ocurre dentro de una unidad de enseñanza, para lo cual las autoridades del establecimiento son las que deben precautelar y controlar el comportamiento de los estudiantes que incurren en esta conducta. Es obligatorio que tomen correctivos según la ley de educación”, expresó Figueroa.

Augusto Espinosa, ministro de Educación, en un conversatorio con los medios destacó que trabajan en un plan de Seguridad Escolar que en febrero de 2016 se aplicará inicialmente en el colegio Central Técnico de Quito y Vicente Rocafuerte de Guayaquil. El fin es que los estudiantes enfrenten cualquier evento que afecte su integridad. (I)