Piden a Judicatura indagación del 30S

- 30 de julio de 2018 - 08:41
El 30 de septiembre de 2010 hubo una sublevación policial que dejó varios fallecidos. Además, el presidente Rafael Corea denunció que fue secuestrado en el Hospital de la Policía en Quito.
Foto: Archivo/El Telégrafo

La asociación "Víctimas del 30S" tiene previsto solicitar el martes 31 de julio al Consejo de la Judicatura una investigación a las autoridades que colaboraron en sancionar a decenas efectivos de seguridad por unos desórdenes en 2010 que el entones presidente Rafael Correa calificó de golpe de Estado.

De acuerdo con un comunicado dado a conocer por esa asociación, se hará una entrega formal del pedido al presidente del Consejo, Marcelo Merlo, en el que se solicita indagar a fiscales y jueces, así como servidores públicos en todas las instituciones e instancias que colaboraron en sancionar y condenar a "inocentes por el 30S".

El 30 de septiembre de 2010 Quito fue escenario de altercados a raíz de unas reivindicaciones salariales de agentes de la policía, que derivaron en un alzamiento de proporciones que el Ejecutivo de entonces interpretó como un intento de golpe de Estado.

El expresidente Correa adujo haber estado secuestrado en el hospital de la Policía de Quito, hechos que la oposición consideró una excusa por parte del mandatario para abrir una caza de brujas contra cualquier foco de crítica, incluidos periodistas.

Por esos desórdenes fueron condenados más de un centenar de efectivos a varios años de prisión, aunque en el último año se declararon extintas las penas que pesaban sobre medio centenar de policías y uniformados, y se han producido amnistías en relación al caso.

Según el comunicado de las "Víctimas del 30S", el documento que presentarán ante la Judicatura aporta un informe con indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado sobre la investigación de los hechos y el uso de fondos públicos de la Secretaría de Inteligencia, supuestamente para incriminar a los miembros de los aparatos de seguridad.

Menciona que "se estableció una premeditada manipulación de evidencias, falsos testigos, adulteración de documentos, empleo de fondos públicos para justificar nacional e internacionalmente una farsa integral de los hechos de un supuesto golpe de Estado y posteriores fraudes procesarle en contra de cientos de miembros de las Fuerzas Armadas, policías y civiles". (I)

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