20 hectáreas están disponibles para reubicar a damnificados por atentado

- 29 de enero de 2018 - 00:00
Foto: Mario Egas / EL TELÉGRAFO

Los afectados por la explosión en San Lorenzo están temporalmente albergados en predios de la Iglesia. En cuanto a las investigaciones, el fiscal general Carlos Baca anunció que contarán con apoyo de peritos internacionales.

La camiseta y el short que lleva puesto son los únicos implementos que Santa Vernaza rescató de su vivienda tras la explosión.

Ella vivía en el sector de la Delicia, atrás del Comando de Policía de San Lorenzo, donde la madrugada del sábado hubo ataque terrorista con un cochebomba.

“Escuchamos un fuerte ruido y pensamos que era un temblor. Todas las cosas se caían y apenas tuvimos tiempo para salir de la casa”, recordó la mujer con pesar.

Ayer ella permanecía en un albergue adecuado en una construcción dentro del terreno de la Iglesia del cantón. En el segundo piso está el dormitorio para 80 personas de 21 familias afectadas.

Los damnificados organizaron turnos para cumplir y atender las necesidades de los residentes en temas de alimentación, aseo y recolección de residuos sólidos.

“Gracias a Dios pudimos pasar una noche tranquila y, como la mayoría nos conocemos porque somos vecinos, compartimos bromas y charlas con las que olvidamos por un momento lo sucedido”, dijo Santa.

Ella clama por donación de ropa, pues aunque cuentan con baño e implementos de aseo personal no pueden usarlos porque carecen de indumentaria para cambiarse. Eso se repite en los ocho miembros de su familia.

Similar situación vive Martha García, de 53 años, quien a más de perder su casa de madera tiene que lidiar con la enfermedad de su hijo Mauricio, de 12 años.

El adolescente fue atropellado el 20 de diciembre pasado. Al momento no puede caminar, toma medicinas y debe acudir continuamente al centro de salud de Esmeraldas.

Martha además perdió su fuente de ingreso: el lavado de ropa ajena. “Al destruirse todo, no tengo ni la piedra en la que solía trabajar”.

Los niños de entre 2 y 12 años que suman 30 disfrutan de juegos y actividades que los distraen gracias al apoyo del personal del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).

La cartera de Salud atiende a los dos heridos y asignó una ambulancia permanente en los predios de la Iglesia.

Fiel al epíteto de la provincia verde, el plátano de este color es el principal alimento. “Los patacones nos encantan y esa ha sido la base de las comidas que hemos recibido”, dijo Jessenia Marín, de 22 años, quien está en el sitio con su esposo y sus dos hijos.

Ella perdió una vivienda de dos pisos. Su esposo apenas puede moverse porque le cayeron restos de una columna.

Él es quien mantiene a la familia con su trabajo ocasional como chofer de un taxi.

Gustavo Samaniego, alcalde de la ciudad, precisó que hay 37 casas totalmente afectadas. Anunció que existe un terreno de 20 hectáreas habilitado para reubicar a las familias, dentro del programa ‘Casa para todos’. “Las viviendas que no están destruidas tendrán readecuaciones de acuerdo con estudios del Ministerio de Vivienda”, añadió.

Realidades diversas
En el sector de los Laureles, al costado este del Comando, la situación es diferente.

Las viviendas no están destruidas, pero registran afectaciones. Según los moradores no tienen agua ni luz eléctrica, por lo que no han podido alimentarse los últimos dos días. La detonación rompió las cañerías y destruyó los cables de energía que, hasta el cierre de esta edición, no eran reparados. “Aquí nadie nos visita y también estamos impactados psicológicamente”.

Apoyo internacional
Carlos Baca, fiscal General del Estado, estuvo ayer en la zona del atentado y  reconoció que para las investigaciones contará con la colaboración de peritos extranjeros de Colombia y Estados Unidos.

“Tenemos que manejar con responsabilidad la información en esta investigación. Es un tema muy delicado. Como Fiscalía contamos con equipo especializado en peritaje y tenemos el apoyo de expertos internacionales en explosivos”.

Muestras de solidaridad
Los gobiernos de Bolivia, Venezuela, Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos, México, el Parlamento Andino y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresaron su solidaridad tras el ataque y rechazaron todo acto de violencia. (I)

Dos policías más mueren en Colombia en otro ataque
Un nuevo ataque terrorista contra una subestación de Policía dejó dos agentes fallecidos y uno herido. Este ocurrió a las 23:00 del sábado en el cuartel de Buenavista, en Santa Rosa del Sur (estado de Bolívar).

De acuerdo con información de diario El País de Colombia, el reporte policial revela que la agresión habría sido perpetrada por miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Los autores instalaron un artefacto explosivo en una casa que colinda con el destacamento. Las víctimas fatales fueron el sargento Manuel Guillermo Galvis y el patrullero Ferney Alexander Posada. El uniformado que quedó herido por la caída de los muros fue identificado como el patrullero José Rosenver Rivas Mosquera.

El mismo medio publicó aseveró que según las investigaciones en el lugar delinque el Frente Guillermo Ariza y el Frente Héroes y Mártires del ELN.

Este ataque se suma al de la mañana del mismo sábado en Barranquilla donde perdieron la vida cinco uniformados.

Además hubo otro atentado la mañana de ayer en el  Centro de Atención Inmediata (CAI) del barrio Soledad 2000, en el vecino municipio de Soledad. 

Siete personas quedaron heridas: cinco  policías y dos civiles. (I) 

1.000 agentes resguardan la zona del atentado
Durante 60 días que cuentan a partir del 27 de enero, día del atentado contra un destacamento policial, rige el estado de excepción en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, fronterizos con Colombia, en Esmeraldas.

El decreto 296, emitido por el presidente Lenín Moreno, instaura zonas de seguridad en ambas jurisdicciones y la suspensión de los derechos a la inviolabilidad de domicilio, tránsito, asociación y reunión, de conformidad con la normativa constitucional citada en el documento.  “El Ministerio del lnterior articulará con los otros ministerios, en sus ámbitos, la forma de aplicar esta medida para conseguir la finalidad señalada”.

Consta también la disposición de la movilización en todo el territorio nacional hacia los citados cantones de todas las entidades de la Administración Pública Central e Institucional, en especial las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los gobiernos autónomos descentralizados de la provincia para coordinar esfuerzos y ejecutar acciones para restablecer el orden y la seguridad ciudadana.

El Jefe de Estado dispuso que los equipos de los ministerios de Vivienda, Inclusión Económica y Social, Salud y Riesgos atiendan integralmente a las víctimas en sus necesidades emocionales y materiales. César Navas, ministro del Interior, informó que 1.000 efectivos de las unidades de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas están desplegados en el territorio. El funcionario puntualizó que los distintos estamentos estatales trabajan en colaboración con sus similares de Colombia  para determinar los causantes de este acto de terror.

Recordó que el vecino país se encuentra en un proceso de pacificación interna y por esto hay grupos “residuales que han optado por no tomar los procesos o la desmovilización total y serían estos los que están formando bandas criminales de narcotráfico”. Destacó que la presencia del Estado ecuatoriano en la zona limítrofe, ahora afectada, habría generado represalias o intentos de amedrentamiento por parte de estas agrupaciones.  (I)

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