El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) emitió este jueves la sentencia en contra de los imputados por el asesinato de 8 personas en el caso que hasta hoy se conoció como Las Dolores.

Los magistrados sentenciaron a 16 años de reclusión como autores de ejecuciones extrajudiciales en la modalidad de asesinato tipificado en el artículo 450 del Código Penal anterior a: Erick S. (expolicía), Douglas Y. (agente del GIR), Ricardo Ll. (agente del GIR), Héctor F. (agente del GIR), y Luis S. (agente del GIR).

El Tribunal ratificó la inocencia del excomandante de Policía Jorge P., que había sido implicado como cómplice y a quien la Fiscalía se abstuvo de acusar. 

El exfiscal Carlos P. fue declarado culpable en calidad de encubridor y fue sentenciado a 2 años de prisión, pero no cumplirá la pena, debido a que los jueces consideraron la vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y varios instrumentos internacionales, por lo que se aplicó el principio de favorabilidad.

Lo mismo se aplica para Darwin C., Marcos V., Luis C. y Darwin S., quienes eran señalados como cómplices por la Fiscalía. Bajo esa norma, el magistrado ordenó la inmediata excarcelación para los procesados.

Además, el tribunal ordenó la indemnización solidaria (pago que deberán cubrir todos los condenados) a las familias de las víctimas. A Dolores Briones se le indemnizará con $ 224.600 y a Dolores Vélez se le entregará $ 210.334, considerando la proyección de vida de sus esposos, víctimas en este caso. A Olga Reyes, por la muerte y desaparición de sus hijos José y Vicente, se le pagará $ 196.064.

En tanto que, a Iris Vergara, por la muerte de su esposo, se le cancelará $ 186.500.

El Tribunal también resolvió que el Estado ofrezca disculpas públicas a los familiares de las víctimas. Los jueces señalaron que la resolución de la sentencia también debe ser vista como disculpa pública.

Además, se determinó que de ahora en adelante este caso no se conocerá más como Las Dolores, sino como el caso González y otros, con relación al mayor de Policía Eduardo G., quien lideró el operativo y se encuentra en calidad de prófugo.

La resolución de los magistrados se conoce tras 11 días de juicio. Pero Dolores Vélez y Dolores Briones han tenido que esperar 4.002 días para obtener justicia. Ellas perdieron a sus esposos durante el operativo policial del 19 de noviembre de 2003 en el interior de la farmacia Fybeca de La Alborada, norte de Guayaquil.

En la lectura de la sentencia, el juez Wilson Merino emitió el fallo con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía, puesto que cumplen con las normas técnicas. Entre ellos, los informes presentados por los peritos Víctor Bernía, Víctor Rivero, Blanca Sánchez y Tania Colmenares, pertenecientes a la Unidad de Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales del Área Metropolitana de Caracas (Venezuela).

El juez detalló que una de las evidencias más contundentes es que solo hubo 2 armas incriminadas a los ciudadanos fallecidos, las cuales no dispararon proyectiles en el lugar. En cambio las armas orgánicas (de la Policía Nacional) son las que percutieron (dispararon) todos los proyectiles en la escena.

Por otro lado, Merino detalló que en la acción policial no se aplicó el uso progresivo de la fuerza, ya que no hubo enfrentamiento ni intercambio de balas.

La posición del Ministerio Fiscal mencionaba que el operativo se planificó en la farmacia y se mató a las personas en el piso, mientras que la defensa de los procesados planteaba que se trataba de un operativo contra un delito flagrante. 

Al leer la resolución, el juez Wilson Merino argumentó que este caso fue calificado indebidamente como delito en función, pero que se adecúa en la descripción de un delito común en el entorno de graves violaciones a los derechos humanos, es decir, que se incumplieron los estándares internacionales dando paso a la impunidad.

Día de júbilo para la justicia ecuatoriana

A través de videoconferencia, desde Uruguay, el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, expresó su satisfacción por la sentencia emitida y dijo que es un "día de júbilo" para la justicia ecuatoriana. "Es un asunto que durante 11 años estuvo bajo un manto de impunidad", subrayó. Agradeció a los peritos venezolanos por su "aporte fundamental".

Añadió que respeta la decisión de los jueces que sentenciaron como encubridores a quienes la Fiscalía acusó como cómplices.

Juan Pablo Albán, abogado de las demandantes particulares Dolores Briones y Dolores Vélez, detalló que sus defendidas están contentas con el resultado, pero primero desea leer la fundamentación detallada de la sentencia con relación a las personas que fueron acusadas en calidad de cómplices, pero que fueron condenadas en calidad de encubridores ante la vigencia del COIP.

"Se ha empezado a hacer justicia, a contar a la sociedad ecuatoriana lo que realmente ha ocurrido en el país; empezamos a reconciliarnos con el pasado", dijo.

El abogado señaló que se respeta el criterio de la Fiscalía que no acusó a otros posibles involucrados, entre ellos el personal que trabajaba directamente con el mayor Eduardo G.

En cambio, el excoronel Jorge P., señaló que la Corte reivindicó su honor. "Soy un hombre de principios, libre y de buenas costumbres. Lo importante es que ahora el país sabe quién soy y siempre vestí con dignidad el glorioso uniforme de la Policía Nacional".

Por su parte, la defensa de los procesados advirtió que irá a cortes internacionales.