El fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, emitió dictamen acusatorio contra 12 ciudadanos por la detención ilegal, tortura y ejecución extrajudicial, en el contexto de un crimen de lesa humanidad, del exdirigente de Alfaro Vive Carajo (AVC), Arturo Jarrín.

Entre los procesados constan ocho policías y un militar en servicio pasivo, dos civiles y el exdictador de Panamá, Manuel Antonio Noriega. A nueve de los imputados se los acusó en el grado de autores, uno como cómplice y tres como encubridores.

Chiriboga presentó ante el tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) 56 elementos de convicción.

Durante su exposición, Chiriboga indicó que en la época de los 80, el gobierno planificó ataques sistemáticos contra la población civil y para ello se conformaron grupos especiales en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Torturas, desapariciones forzadas, detenciones ilegales, violencia sexual y ejecuciones extrajudiciales fueron parte del sistema opresivo que instauraron esas instituciones.

Toda esta información -explicó el Fiscal General- consta en los archivos de 1980, que fueron desclasificados por mandato de Rafael Correa, presidente de la República e incautados por la Fiscalía entre 2013 y 2015.

La persecución contra Arturo Jarrín y los líderes de AVC empezó desde 1983 por parte de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES). Tres años después, Jarrín permanecía en la clandestinidad y pretendía viajar a Europa. El 24 de octubre llegó a Panamá, donde fue detenido por órdenes del expresidente Manuel Antonio Noriega, a pedido del presidente León Febres -Cordero.

Jarrín fue trasladado al aeropuerto de Panamá y puesto a disposición de las autoridades ecuatorianas. Al llegar a Quito fue llevado a Tambillo. En el sitio fue entregado a la Policía y según las investigaciones de la Fiscalía, Arturo Jarrín  fue ejecutado extrajudicialmente en Carcelén (norte) la noche del 26 de octubre de 1986, durante un montado enfrentamiento. (I)