Casi dos años transcurrieron desde que 1.356 personas, la mayoría de la tercera edad, fueron estafadas, algunas incluso fallecieron, mientras que el resto hasta ahora no tiene una respuesta para la devolución del dinero: los montos iban desde $ 1.000 hasta $ 1 millón. El perjuicio total bordea los $ 100 millones.

Tras quedar al descubierto e iniciarse el proceso judicial, las empresas captadoras de dinero Mingacorp S.A., Encaisser S.A. y Maktradecorp S.A., vinculadas a la Sociedad Financiera Proinco, entraron en proceso de liquidación.

Actualmente, Santiago Ribadeneira, titular de las tres compañías, y otros ejecutivos cumplen sentencia condenatoria de 13 años de prisión por el delito de estafa masiva, de los cuales han cumplido alrededor de un año.

¿Cómo funcionaba la captación?
Mario Muñoz, presidente del Comité de Víctimas de Proinco que invirtió $30.000, los cuales aún no recupera, contó a los Medios Públicos que se trataba de una red especializada de estafadores.

Explicó que los captadores tenían información privilegiada de los posibles inversionistas. “En mi caso, él era oficial de crédito en otra institución financiera donde tenía una inversión. Me llamó insistentemente a decir que Proinco estaba ofreciendo un negocio más lucrativo”.

Este consistía en vender derechos fiduciarios, pagarés a cambio del dinero invertido, fideicomisos, promesas de compra venta, etc., para en un plazo determinado reconocerles intereses del 10% al 12%, para posteriormente firmar un compromiso de venderle nuevamente a la empresa.

Un equipo de captadores se encargaba de buscar clientes para que invirtieran en la Financiera Proinco, a cuyas  víctimas incluso las visitaron en sus propias casas.

El problema empezó  con el proceso de migración hacia las empresas vinculadas, como Encaisser, Mingacorp y Maktradecorp. Allí se dieron cuenta de que “el enganche era Proinco y el dinero circulaba a través de Proinco”, explicó Muñoz.

Mariana Valverde, quien laboró durante dos años y medio en el Área de Procesos de Operaciones de Crédito de Proinco, mas no como captadora, dijo que también se vio atraída por los altos intereses que la financiera cancelaba a sus clientes.

Por ello, tras la venta de un bien, incitó a sus padres a que también invirtieran en la financiera. “El enganche fue de un año, yo tenía confianza porque trabaja allí. Era una tasa atractiva para mis padres, para que ellos puedan generar un poco de interés para comprar sus medicinas, porque ambos sufren de enfermedades catastróficas”.

En el primer año la pareja, de 78 y 76 años, firmó un pagaré a una de las empresas vinculadas. Los desembolsos mensuales de los intereses que correspondían al dinero invertido los entregaban a tiempo, hasta que un mes antes de vencer la operación todo cambió.

“Fui y hablé con una de mis compañeras porque necesitaba ese dinero para un chequeo médico de mi madre y me decían espérate, dame un tiempito más, que mejor pasemos a un fideicomiso”, recordó Valverde.

El problema afectó también a los empleados de otras áreas que laboraban en esas empresas. Unas 200 personas quedaron sin trabajo: solo en el área de procesos donde trabajaba Mariana había 15 personas, pero “cuatro meses permanecí sin cobrar mi sueldo, esperando que me dieran mi carta de despido intempestivo”.

De la estafa a los ofrecimientos
Santiago Lucero, otro perjudicado, indicó que en abril de 2015 invirtió $ 12.000 en Proinco por pedido de un familiar, para luego vincularlo a otra empresa: “Al mes mi primo se me acercó y me dijo que en vez de ganar el 9% de interés, iba a ganar el 12%, ya que aparte de Proinco había otras empresas como Minga”.

Un mes antes de cumplirse el plazo de la póliza saltó el rumor de que Proinco tenía problemas financieros.

A mediados de 2016 es cuando finalmente estalla el problema. Entonces, cientos de personas se concentraron en los exteriores del edificio de Proinco, en Quito, tras enterarse de que la financiera entraba en liquidación.

“Nosotros nos reunimos, era un caos absoluto, había gente que gritaba, lloraba y no podías hablar ni nada”, recordaron los afectados al ser consultados por los Medios Públicos.

De igual forma lo hizo Lucero. “Cuando me enteré fuimos al edificio que era de Proinco, en donde funcionaba la compañía, y encontramos las oficinas cerradas. La mayor parte de los perjudicados era de personas de la tercera edad, jubilados”, señaló indignado.

Pese a que transcurrieron casi dos años, la pesadilla para él y otras personas no ha terminado porque no logran recuperar sus dineros.

Los afectados por las tres empresas vinculadas a Proinco no saben cuándo les devolverán el dinero, pues denunciaron que en varias ocasiones fueron víctimas de engaños para obligarlos a llegar a acuerdos extrajudiciales, especialmente cuando se aproxima alguna audiencia.

Acuerdos como pagos en cuatro años, venta de acciones de las empresas involucradas, compra de activos y pasivos por parte de instituciones financieras externas, son algunos ofrecimientos que les formularon a los afectados los administradores de las compañías implicadas.

Según Lucero, incluso existe una página de Facebook denominada ‘Solución Proinco’, creada por supuestos acreedores, pero que al parecer lo que buscan es desestimar la demanda.

El 18 de febrero de 2018 venció la fecha para ser parte de un nuevo acuerdo extrajudicial. Los requisitos eran entregar $ 60 por el costo del proceso y documentación para beneficiarse de un supuesto pago de acreencias en derechos fiduciarios de un terreno ubicado en el cantón Mejía, en el sur de la provincia de Pichincha.

Sin embargo, según los afectados, estos bienes estarían sobrevaluados: se tratarían de terrenos agrícolas que tendrían un valor máximo de $ 700.000, no de $ 22 millones como les argumentaron.

Rafael Molina es quien lidera este acuerdo extrajudicial. Al consultarle sobre la propuesta, mediante correo electrónico contestó que se trata de una dación de pago, la cual ya se encuentra ejecutada. “Esto es gestionado por un grupo de acreedores/perjudicados de las empresas, de manera voluntaria nos unimos a este proceso”.

Frente a los hechos, Camilo Valdivieso, intendente de Compañías de Quito, pidió  a los acreedores tomar las debidas seguridades y verificar que se traten de bienes de libre disposición de la empresa.

Fue claro en alertar que “si se tratan de bienes aportados a fideicomisos, los administradores no pueden disponer de estos, y aún en el evento de que se trataran de bienes de la compañía, estoy seguro de que no lo son, pues hay que advertir que son compañías intervenidas. Esas negociaciones no podrían darse sin el visto bueno del interventor”.

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Inicia proceso de liquidación
De acuerdo al intendente de Compañías, Camilo Valdivieso, las tres empresas (Maktrade, Encaisser y Mingacorp), vinculadas con la Sociedad Financiera Proinco,  entraron ya en un proceso de disolución y liquidación.

Para la autoridad competente, la disolución es el paso anterior a la liquidación: “Se disponen esas dos acciones en una resolución, ahí también se designa un liquidador, quien una vez posesionado se convierte en el representante legal de esas compañías”, puntualizó.

Aclaró que el proceso liquidatario recién iniciará, debido a que la mayoría de los estafados habría pedido posponer la resolución de disolución, para en ese tiempo llegar a posibles acuerdos entre los acreedores y administradores de las compañías.

Según Valdivieso, Maktrade, Encaisser y Mingacorp estaban dedicadas a  captar recursos del público con mecanismos engañosos. Además, realizaban operaciones no autorizadas para este tipo de compañías, que son solo de competencia de las instituciones del sistema financiero.

“Se puso en conocimiento de la Superintendencia de Bancos, y como resultado se estableció la necesidad de que se pusiera también en conocimiento al Ministerio Fiscal los hechos presumiblemente punibles que luego fueron tramitados por la Fiscalía”, resaltó.

Por su parte, la Superintendencia de Compañías también remitió a la Fiscalía información sobre las irregularidades de esas empresas, las que desde junio de 2017 están  inactivas por no cumplir el principio de negocio.

Situación de Proinco
El 13 de junio de 2016 Proinco entró en liquidación forzosa y de acuerdo a información de la Superintendencia de Bancos, se han cumplido con los siguientes pagos: un monto de $ 200.148 se canceló a los depositantes de la financiera, amparados por la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados.

Otros valores cubiertos corresponden a las deudas que se tenía con trabajadores por concepto de remuneraciones, indemnizaciones, utilidades, fondos de reserva, pensiones jubilares y obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Afectados piden imparcialidad
Para Stalyn López, abogado defensor de un grupo de afectados por la estafa masiva, el antecedente que motiva el enjuiciamiento a Santiago Ribadeneira es por la afectación a 1.356 personas, con un perjuicio económico que alcanza más de $ 100 millones.

De allí que destacó: “Se trata de un caso donde se aprovecha de la ingenuidad de las personas, es evidente la intención de perjudicar”.

Contó que durante el proceso hubo una serie de ofertas sin concretar ninguna devolución de lo invertido.

“Entre ofrecimientos y ofrecimientos no han hecho nada por mejorar la situación de los afectados. Como abogado considero que esto fue una especie de estrategia a fin de distraer la atención de la justicia y buscar algún tipo de impunidad”, manifestó.

Para la defensa, la sentencia estuvo contemplada bajo el artículo 186 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), agravado por el numeral 5 que hace referencia a la existencia de instituciones financieras a través de las cuales se canalizó la estafa.

Explicó que las agravantes contempladas en el artículo  47, numeral 11, que se refiere a perjudicados de la tercera edad, así como el numeral 14  sobre afectar a varias víctimas por causa de la infracción, hicieron que la sanción aumentara.

Según López, es necesario que las autoridades y jueces actúen con objetividad e imparcialidad, especialmente en casos en los que cientos de personas son perjudicadas. “Esperamos que se ratifique la sentencia”, dijo. (I)

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Acreedores tendrán 20 días para calificarse

Inició el proceso de liquidación de las empresas Mingacorp, Maktradecorp y Encaisser, y el economista Víctor Hugo Albán fue posesionado como liquidador.

En entrevista con los Medios Públicos, Albán aclaró que su nombramiento fue solicitado por los afectados y lo avaló la Superintendencia de Compañías.

Dijo que el primer paso es llamar a calificación de acreedores mediante la publicación en un periódico de circulación nacional. Los perjudicados tienen plazo de 20 días para acercarse hasta la oficina del liquidador.

“Para calificar necesito originales, verifico y acepto copias, y cuando se les paga devuelven originales que a la final se entrega a la Superintendencia de Compañías,  para después de 5 o 7 años incinerarlos”, explicó.

A la par, se debe realizar un balance inicial de liquidación, hacer un análisis de los activos y pasivos de cada compañía, fideicomisos, etc. El objetivo es conocer la situación actual de las empresas en función de los bienes que disponen frente a las obligaciones que tienen.

Según Albán, es importante hacer un poco de historia: “Yo tengo que ver dónde puede estar el dinero, porque en alguna parte está (tal vez) en un banco suizo, de Panamá o aquí”, indicó.

El proceso de liquidación no tiene plazos determinados en la ley, ni estimativos, dependen de los activos que se puedan vender para pagar a los acreedores respetando el orden de prelación previsto en la normativa.

“No se puede poner plazo porque hay gente que no está aquí en el país. La Superintendencia de Compañías es muy estricta en cuanto a procesos; por ejemplo, yo tengo que inmediatamente presentar el balance inicial, lo que determina qué porcentaje puedo devolver”, señaló Albán.

Durante el proceso de devolución  no se maneja dinero en efectivo, se lo hace vía cheque certificado y con un acta de entrega-recepción, con el fin de brindar seguridad a los efectados, quienes están  respaldados por la Ley de Compañías.

“El liquidador es responsable de cualquier perjuicio que, por fraude o negligencia en el desempeño de sus funciones o por abuso de los bienes o efectos de la compañía, resultare para el haber social, los socios accionistas o terceros”, estipula el artículo  388 de la citada norma.

Para Albán, todo está legislado debidamente. De allí que dice: “Uno no puede desviarse, debe tratar lo más pronto de devolver el dinero, porque la gente está desesperada”.

Finalmente, hizo un llamado a los acreedores a no dejarse engañar: “La gente está cayendo en una trampa, porque primero está liquidando un papel que ya no va a poder recuperar, por el momento la responsabilidad del liquidador es tomar las  precauciones del caso para evitar  otro tipo de estafa”, alertó. (I)

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La defensa de Ribadeneira habla de dos acuerdos

Tras la sentencia de 13 años y 4 meses de prisión contra Santiago Ribadeneira, titular de las compañías implicadas en la estafa, su abogado Esteban Ortiz señaló que están en proceso de apelación porque detectaron una serie de falencias y nulidades procesales.

Por ejemplo, manifestó que la vinculación a otras personas se dio fuera de los 90 días, pese a que existe un mandamiento legal que señala que al margen de ese plazo no tendrá valor jurídico alguno.

Indicó que se han violado los derechos constitucionales de su defendido. “La Superintendencia de Bancos denuncia una supuesta captación ilegal, la Fiscalía formuló cargos por una estafa masiva, pero en la sentencia le dan una calificación jurídica por usar documentos falsos, es decir, por algo que no me he defendido”.

Por ello pide la nulidad del proceso, pues resaltó que se debe pagar $ 98 millones de reparación integral, pero en la sentencia no consta una lista de personas con un valor exacto, “no dice a quién, cómo y cuándo debo pagar”.

Al ser consultado sobre posibles negociaciones extrajudiciales, Ortiz confirmó que se dieron acuerdos de pago que benefician  a unos 200 acreedores (de 1.356). Les entregaron terrenos de las compañías y con ello se habría cubierto el valor de $ 31 millones.

“Hasta el día de hoy se han  suscrito dos acuerdos mediante escritura pública, firmados e inscritos en el Registro de la Propiedad… Estábamos en el proceso de un tercer acuerdo pero de manera inoportuna nos enteramos hace pocos días de la liquidación de las compañías”, lamentó Ortiz.

Los terrenos que se habrían entregado no tendrían ningún problema judicial, sin embargo, tras el inicio del proceso de liquidación, el tercer acuerdo no podría efectuarse: “Mal haríamos en intentar entregar un terreno que esté en problemas, los que se están entregando son los que no han sufrido ningún inconveniente legal”, aclaró.

Es por este motivo que la defensa de Ribadeneira interpuso una acción de protección, pues señaló que la Superintendencia de Compañías no notificó al acusado sobre la liquidación de las empresas, para de alguna forma impedir o solicitar que no se lleve a cabo dicha resolución.

Hasta el momento esperan una respuesta favorable para continuar con el tercer acuerdo por la suma de $ 30 millones que cubren las acreencias, y de esta manera entregar un terreno al sur de Quito, el cual tiene un área de 56 hectáreas destinadas para supuesto uso agrícola.

La audiencia de apelación se reinstalará hoy martes, sin embargo, un nuevo juicio denominado ‘Proinco 2’ llevan adelante los afectados.

El segundo juicio va encaminado a las personas que aparecen como captadores, quienes se encargaban de enganchar a los clientes valiéndose de información privilegiada, para que invirtieran en las empresas que hoy están en proceso de liquidación. (I)