El niño ya no es el mismo. Desde que fue afectado por un delito sexual dentro del colegio réplica Aguirre Abad es rebelde con sus padres y no quiere estudiar. Carlos, su padre, espera que ahora que empieza terapias en el Servicio Especial de Protección Especializada (SEPE), su hijo mejore y él consiga las herramientas para saber cómo actuar para no hacerle más daño, pues le aconsejaron que no sea muy ‘mano dura’.

La situación para él se agrava porque ni su esposa ni él cuentan con un trabajo. Él pasa afuera buscando una oportunidad laboral y aportando con la investigación del caso y ella ayuda a su suegro para conseguir algo de dinero. “Quiero trabajar en lo que sea y que mi esposa se quede. No hay nada mejor que la mamá ayude al bebé a salir de esto”.

Gina Godoy, coordinadora de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, explicó que hay tres SEPE en su jurisdicción. Son “equipos de trabajadores sociales y psicólogas que brindan tratamientos a víctimas de violencia para restablecer su salud emocional, su entorno en la comunidad, entre otros”.

En Ecuador, hay 44 oficinas de atención. En Guayaquil hay dos: uno en el km 4,5 de la vía a la Costa y otro en las calles Illigworth y Pichincha. En Durán se encuentra en la ciudadela Primavera II.

A nivel nacional, la mayoría de casos llegan por derivaciones judiciales, pero las víctimas también pueden acercarse a solicitar atención. Solo en septiembre, 4.303 ciudadanos fueron atendidos.

Rosa Rosales Ortega, trabajadora social del equipo en Durán, explicó que el servicio es para la víctima directa y su familia. “Si el juez dispone  una intervención psicosocial se realiza el levantamiento de información socioeconómica y un control psicológico”.

Restitución de derechos

Indicó que la visión es integral y por eso en ocasiones se articula acciones con otras instituciones; por ejemplo, con el Ministerio de Educación cuando la víctima no estudia. “Hay que restituir los derechos vulnerados. No soltamos el caso hasta que no haya una solución y después hacemos un seguimiento”.

Alexandra Avelino, psicóloga clínica, sostuvo que las sesiones dependen de la vulneración del derecho, la colaboración de la familia y la personalidad del afectado. “Mínimo son 3 meses. Cuando hablamos de abusos a menores la prioridad es no revictimizarlo.

Trabajamos la parte lúdica para que desarrollen habilidades que les permita enfrentar los traumas. El soporte primordial es la familia”.

Jennifer Jumbo, coordinadora de SEPE, en Zona 8, dijo que si las víctimas requieren asesoramiento legal se lo hace con la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) con base en la Puntilla-Samborondón. “Se coordinan acciones con instituciones como el Centro Ecuatoriano para la Promoción de la Mujer (Cepam) y María Guare. Y tenemos convenio con la Defensoría Pública”. (I)

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