El exceso de internos en las cárceles llega hasta el 356%

- 27 de noviembre de 2017 - 00:00

→En al menos 10 centros carcelarios del Ecuador se registra un hacinamiento de más del 100%. Según expertos, dos factores explican ese fenómeno: las condenas más fuertes desde la vigencia del nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP) y el exceso de jueces en la aplicación de la prisión preventiva.

En 33 de los 55 Centros de Rehabilitación Social (CRS),  centros de Detención Provisional (CDP) y Centros de Detención de Contraventores (CDC) que existen en Ecuador se reporta hacinamiento. La capacidad es para un total de 25.000 presos, pero actualmente hay 36.673.

Eso se desprende de un documento al que tuvieron acceso los Medios Públicos.

Allí se detalla en cifras la real capacidad para la que fue creado cada centro versus el número de personas privadas de la libertad (ppl) que hay allí actualmente (ver gráfico).

De esas cifras, de la Dirección de Estadísticas y Análisis Económico del Ministerio de Justicia, se evidencia por ejemplo que la sobrepoblación carcelaria va desde el 10%, como el caso del CRS Femenino de Portoviejo, -creado en 1952-, hasta el 356%, en el CRS Masculino de Archidona (Napo).

Mientras, el CRS Masculino de Jipijapa (Manabí) con cupo para albergar a 116 ppl, actualmente tiene a 367 personas, lo que equivale a un hacinamiento de 216%.

La capacidad del CRS Mixto de Quevedo (Los Ríos) es para 284, pero allí están recluidas 880 ppl, con un exceso del 210%. El CRS Masculino de Bahía de Caráquez (Manabí) es para 223 ppl, pero están 689, lo que implica un exceso del 209%.

Esa problemática también se vive en el CRS Masculino de Ibarra (Imbabura): es para 273 ppl y acoge a 673, lo que refleja un exceso del 147%.

En al menos 10 centros carcelarios del país se registra un hacinamiento de más del 100% (ver gráfico).

 La situación es igual o peor en los centros grandes. Tal es el caso del CRS Masculino de Guayaquil. Allí, la capacidad es para 4.836 ppl, pero actualmente acoge a 8.729, lo que implica una acumulación del 81%.

Otro de los edificios carcelarios grandes del país es el CRS Masculino de El Inca, en Quito, con capacidad para 1.048 personas, pero hay 2.211, con un exceso del 111%.

¿A quiénes afecta el fenómeno?

El hacinamiento no solo afecta a las personas que con o sin sentencia abarrotan las cárceles, sino a sus familiares, quienes ven con impotencia e indignación el tema.

María Cevallos, de 82 años, pese a su avanzada edad permaneció toda la mañana en las afueras de la Unidad de Flagrancia de Quito, ubicada en la avenida Patria y 9 de Octubre. Uno de sus nietos cumple sentencia de 18 meses de prisión.

Contó que su familiar está recluido en Latacunga (Cotopaxi), en donde “hay muchos presos, y el espacio, pese a ser una cárcel nueva, está cada vez más abarrotado”.

En el caso de Latacunga, la nueva infraestructura carcelaria es para 4.233 internos, pero actualmente alberga a 4.763 personas con y sin sentencia, lo que significa un hacinamiento del 13%. Así lo informan las mismas cifras de la Dirección de Estadísticas y Análisis Económico del Ministerio de Justicia.

 A diario, cientos de personas acuden a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía, en Quito. En su mayoría son familiares de implicados en algún delito que tras la audiencia son conducidos a la cárcel de Latacunga. Se ven lágrimas y angustia tras conocer la decisión del juez de darles, por ejemplo, la prisión preventiva por 90 días, mientras duran las investigaciones.

¿Qué factores lo generan?

En Ecuador hay 55 centros de detención o cárceles. De este número, 29 son Centros de Rehabilitación Social (CRS) y 26 Centros de Detención Provisional (CDP).

Los 29 CRS cuentan con  capacidad para albergar a casi 26.593 personas. Sin embargo, según las estadísticas del Ministerio de Justicia, hay  32.702. De esa cifra, el 70% tiene sentencia y el 30% restante no.

A esos 32.702 hay que añadir los detenidos de los 26 Centros de Contravenciones: hasta noviembre de 2017 se contabilizan 3.971.

Todos esto da un total de 36.673 personas privadas de la libertad a nivel nacional.

Pese al hacinamiento en la mayoría de cárceles del país, el Ministerio de Justicia dijo que, al menos por ahora, no piensa declarar en emergencia al sistema penitenciario.

La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, en una entrevista publicada por EL TELÉGRAFO el 5 de noviembre pasado, admitió  que hay sobrepoblación carcelaria.

“La seguridad y el hacinamiento siempre son los problemas frecuentes en los que hay que trabajar”, indicó.

Según coinciden en señalar juristas consultados, dos factores explicarían la causa de la actual sobrepoblación de internos: condenas más fuertes desde la vigencia del nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP) y el  exceso  por parte de los jueces en la aplicación de la prisión preventiva.

Alvarado también cree  que hay un abuso en esta aplicación. “Lamentablemente los jueces aún se inclinan por la prisión preventiva como medida cautelar”.

¿Qué recomiendan los expertos?

Para el penalista Gonzalo Silva, el problema del hacinamiento que se vive en las cárceles del país es muy grave. Aduce que el mismo requiere de planificación para acabar con esta situación que se ha vuelto incómoda.

“Es grave porque el problema del hacinamiento no solo es de espacio físico sino económico, pues significa un gasto operativo mayúsculo (para el Estado), sin ningún tipo de provecho”, indicó.

Manifestó que el problema cuando una persona cae en prisión no solo es para él,  sino que se traslada también a sus respectivos familiares.

En cuanto a la discrecionalidad de los fiscales y jueces con respecto a la aplicación de la prisión preventiva, indicó que debe ser sustituida por otras medidas cautelares.

Estimó que el uso de la prisión preventiva en contra de algún implicado en un delito menor debe ser de última instancia, considerando que no hay el riesgo de fuga del presunto responsable, no así de involucrados en delitos mayores como violación, muerte y tráfico de drogas.

Silva resaltó que actualmente se dan penas exageradas y puso como ejemplo el caso de personas que por el robo de un bien valorado en     $ 400 han sido condenadas a más de un año de prisión.

“La persona privada de la libertad le cuesta al Estado entre $ 30 y $ 40 diarios. Si le condenan a un año o más, la cifra es alta”, explicó. Esto, tomando en cuenta la manutención, seguridad, alimentación y rehabilitación que el Estado debe otorgarles.

Hay que tomar también en cuenta que otro gasto mayor representa el pago de sueldos a policías que son asignados para custodiar un arresto domiciliario: cada uno de ellos le cuesta al erario público entre $ 900 y $ 2.000.

Según Silva, es necesario analizar el problema técnico- administrativo que existe hoy en todas las cárceles del país. Dijo que no se da una verdadera clasificación de presos y ello es causa para que existan problemas al interior de las mismas, como la operación de bandas de extorsionadores. Clayton Carrasco, coordinador de la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía de Pichincha, adujo que no hay abuso de los fiscales en el pedido de prisión preventiva contra implicados en delitos.

“La prisión preventiva solo se está dando en delitos mayores como violación, asesinato y narcotráfico. También cuando al ciudadano que ha caído preso no le podemos localizar, debido a que no tiene un domicilio fijo”, aseguró.

Dijo que solo se aplica la ley y que los jueces hacen uso de otras medidas cautelares, entre ellas, que el inculpado en un delito se presente cada 15 días ante la autoridad judicial, así como el uso del dispositivo electrónico (brazalete) y la prohibición de salida del país.

Desde abril pasado, Ecuador tiene 4.000 aparatos para la ‘implementación de dispositivo de geoposicionamiento electrónico en el sistema de ejecución de penas que dispone el Código Orgánico Integral Penal’.

Se coloca el aparato a los implicados en delitos menores o que cumplen prisión preventiva; quienes han cumplido el 80% de la sentencia; a beneficiarios del programa de Atención a Víctimas y Testigos; y reclusos con enfermedades crónicas. (I)

Los motines, riñas y fugas  encienden las alertas  

→Carlos Aguirre, quien en 1996 fue director del Penal García Moreno de Quito, considera que se debe abrir el debate con los operadores de justicia para una mejor aplicación de la prisión preventiva, como una de las alternativas para tratar de bajar el hacinamiento.

Cree que también es necesario  políticas de rehabilitación para que las personas privadas de la libertad (ppl) logren reinsertarse en la sociedad, de tal forma que cuando salgan tengan una profesión y ser entes productivos.

En 2016, un total de 8.124 ppl formaron parte del Sistema Educativo formal, que consiste en alfabetización, postalfabetización, educación básica, bachillerato y educación superior.

De acuerdo con estadísticas del Ministerio de Justicia, el promedio de detenidos en Ecuador por cualquier tipo de delito es de 400 personas por mes.

Según la capacidad de centros de rehabilitación del país, existen tres internos en espacios que están destinados para dos.

Aguirre, voceros del Ministerio de Justicia y expertos consultados coinciden en que el hacinamiento acarrea otros problemas que se evidencian en amotinamiento, riñas, conflictos y fugas, como los registrados en las últimas semanas en cárceles de Manabí y de Esmeraldas.

Una de las últimas fugas ocurrió con dos reos de la cárcel de Bahía de Caráquez (Manabí), quienes ya fueron recapturados en operativos efectuados en Manta y Quito.

Estos hechos motivaron a las autoridades a adoptar medidas como trasladar a 50 reclusos que tienen sentencias altas hacia la cárcel  de El Rodeo, en Portoviejo.

Sin embargo, esto acarreó un mayor problema: a las 16:00 del pasado sábado 18 de noviembre, esos reclusos junto a otros 200 internos protagonizaron un motín en demanda de más tiempo para acceder a espacios abiertos de ese sobrepoblado centro.

Destruyeron 17 cámaras de video, puertas, rejas y colchones, y tomaron como rehén a un guía. El gobernador de Manabí, Fabricio Díaz, y miembros de élite de la Policía tuvieron que intervenir para controlar la situación. (I)  

Datos 

Penalista Gonzalo Silva 

→Dice que es grave porque el problema del hacinamiento no solo es de espacio físico sino económico, pues significa un gasto operativo mayúsculo para el Estado: la persona privada de la libertad le cuesta al Estado entre $ 30 y  $ 40 diarios. 

55 centros de rehabilitación social y centros de  detención provisional existen  en el Ecuador.

CRS Masculino de Guayaquil

→La situación es grave en los centros carcelarios grandes. Tal es el caso del CRS Masculino de Guayaquil. Allí, la capacidad es para 4.836 ppl, pero hay  8.729, lo que implica un hacinamiento del 81%.

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