Umajinga no dejará la Prefectura y apelará la sanción de Contraloría

18 de mayo de 2012 - 00:00

Un examen de la Contraloría General del Estado (CGE) indicó que César Umajinga, prefecto de Cotopaxi, tomó decisiones al margen de la ley, lo cual ocasionó indebidos desembolsos por concepto de aportes patronales y fondos de reserva, la expedición de nombramientos ilegítimos y casos de nepotismo, por lo que se resolvió su destitución. 

El funcionario provincial señaló que apelará esta sanción ante el Tribunal Contencioso Administrativo. “Umajinga Guamán expidió nombramientos sin cumplir con los procesos de concursos de merecimiento y oposición y suscribió contratos de trabajo con parientes de los consejeros, de la viceprefecta y de la propia autoridad nominadora, incurriendo en las causales establecidas en el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Contraloría del Estado”, explica el examen especial practicado por la Dirección Regional 9 de la CGE.

Con la notificación, remitida el pasado miércoles a las 10:00, Umajinga, miembro de Pachakutik, fue informado de su  destitución en la Prefectura de Cotopaxi y una sanción administrativa equivalente a $ 5.280. La acción de control de la CGE correspondió al período comprendido entre el 1 de junio de 2007 y el 31 de diciembre de 2009.

Sin embargo, Umajinga aseguró que no renunciará a su cargo y comunicó que apelará la decisión del organismo de control ante el Tribunal Contencioso Administrativo, aunque no definió aún la fecha.

Ante esto, Pachakutik reaccionó. Mediante rueda de prensa el bloque legislativo manifestó que esto se trata de una persecución política contra los dirigentes indígenas que están en contra del presidente Rafael Correa.

No obstante, el informe de la CGE indicó que Umajinga nunca presentó documentos o argumentos en su defensa que lo deslinden de la responsabilidad administrativa ($ 5.280).  

Humberto Cholango, presidente de la Conaie, convocó para ayer en la tarde a una reunión del movimiento en Latacunga, para solidarizarse con el prefecto. Por su parte, Lourdes Tibán afirmó que su coideario sí deberá justificar el dinero de la multa administrativa impuesta por la CGE, pero acotó que no puede existir una sanción de destitución.

“La narcovalija debió sacar al canciller Ricardo Patiño del puesto por el escándalo que socavó nuestra imagen de país, pero no ha pasado nada”, se quejó.

Según Umajinga, aún quedan 30 días para que pueda presentar una apelación. De persistir la destitución, la Prefectura sería asumida por Blanca Guamangate, de Pachakutik.

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