Tres medios participaron en negocio que perjudicó al Estado en $4.000 millones

23 de noviembre de 2011 - 00:00

En noviembre de 1993, cuando Ecuador era gobernado por Sixto Durán Ballén, mediante concurso público internacional las compañías Otecel y Conecel introdujeron al país la telefonía móvil,  un servicio poco conocido en aquella época, pero que  ofrecía índices de rentabilidad aceptables para el Estado,  sin imaginar todo el desarrollo y expansión que alcanzaría dicho negocio en un plazo muy corto.

A la fecha de la firma de la concesión, ya hubo voces, sobre todo desde el extranjero, que cuestionaban el servicio, pues consideraban que resultaría muy caro y no habría clientes para adquirirlo. Decían, por ejemplo, que Ecuador no era un mercado apropiado para la telefonía celular.

Esos rumores implicaron que las empresas ofertantes del servicio plantearan condiciones favorables para ellas, en función de las críticas y comentarios, que a la larga demostraron ser  interesadas, a la luz de los hechos y de la realidad.

Cuando se suscribió el contrato, Otecel tenía entre sus accionistas a empresas privadas y medios de comunicación:  El Comercio, El Universo,  Ecuavisa, Metro Guayaquil,  McCaw Cellular Communication e  Internacional de Negocios (de   origen desconocido), entre otros.

Lo mismo ocurría con Conecel, que entre sus socios tenía a Univempro S.A. (cuyo accionista mayoritario era el Banco Amazonas, de propiedad de Simón Parra),  el Grupo Iusacell con sede en México, Telecel S.A., Diners Club, del banquero Fidel Egas. 

Para conseguir la concesión del servicio por 15 años, Otecel y Conecel, conocidos, en ese entonces, en el mercado ecuatoriano como Bellsouth y Porta, aceptaron  la propuesta planteada por el Gobierno de Sixto Durán Ballén.

La propuesta consistía en pagar los mayores valores según dos posibilidades:  el Mínimo  Anual Garantizable (MAG), que radicaba en fijar un monto para cada año de acuerdo al número de abonados; o pagar  un   porcentaje de  los Ingresos Brutos Anuales (IBA), el cual  crecería cada año (en 1995 sería del 4% y en el 2008 del 70%).

Si se aplicaba el modelo MAG, el Estado habría recibido el primer año del contrato 900 mil dólares y para el 2008 el ingreso habría sido de  64,1 millones de dólares. Y en total por los 15 años de concesión habrían tenido que pagar 399 millones. Ahora, sólo el contrato firmado en el año 2008 con Porta fue por 493 millones. Esa es la gran diferencia.

Las condiciones del  contrato  establecían que las  operadoras tendrían un año de gracia y que para el  segundo pagarían por la concesión de acuerdo con el método que generara más réditos para el Estado.

En 1994 los ingresos de Otecel, con 4.048 abonados,  alcanzaron los 2,3 millones de dólares y Conecel, con 6.022 clientes,  superó los 13 millones. 

Las proyecciones del negocio eran modestas. Por ejemplo, se calculaba que hasta el año 2008, Conecel tendría 20 mil abonados y Otecel llegaría a los 45 mil. Pero, apenas dos años después, en 1996 la primera tuvo ya 36.484 y la segunda 23.295. Es decir, entre las dos superaron considerablemente las previsiones con las que negociaron con el Estado.

Lo que llama la atención de este negocio es que la participación de los medios de comunicación, accionistas iniciales de las telefónicas, vendieron su participación a empresas en paraísos fiscales, apenas un año después de obtenida la concesión.

Y en 1996, las empresas Otecel y Conecel tenían nuevos accionistas. La primera    estaba integrada por  Handal Safie Richard, el Grupo Futuro S.A. (Grufusa), Planer Overseas Corporation (empresa con sede en Panamá), el Banco Popular y las compañías extranjeras   Discovery Fundation Inc.,  Utilivest   y Telia Internacional con sede en Bahamas, un paraíso fiscal.

El paquete accionario de Conecel, en cambio, estaba integrado por Grupo Iusacell S.A. (con sede en México), el Centro Empresarial (Cempresa C.A.), Denovo Company Limitada  con sede en las Islas Vírgenes (paraíso fiscal), Telecel S.A. con sede en Colombia y   ADM. Y CONT. DE IND. S.A. DE C.V., asentada en México.

La modificación de un contrato que constituye el mejor negocio para las telefónicas  

En ese mismo año (1996)  las empresas telefónicas plantean una modificación al  contrato para que  el pago por la concesión se hiciera de acuerdo al MAG. Por resolución número 108-23 del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), el 20 de septiembre de 1996 se autoriza a la Senatel renegociar los contratos, cuya vigencia inicial era hasta el año 2008.

El texto de la resolución señala: “Por ser conveniente a los intereses del Estado y, además con el fin de garantizarle a éste el ingreso real de los valores que mediante contrato se obligaron a pagar a futuro en el plazo de quince años las operadoras del sistema de telefonía móvil celular, es imprescindible que se negocie con éstas el pago anticipado de los mismos, a su valor real”.

Con ello, en la práctica, se congeló el monto a pagar según los abonados que las empresas registraban en ese instante. Hay que considerar también la cotización del dólar, que  en esos momentos era de 3.178 sucres por dólar.

Bajo las nuevas condiciones Otecel firma el contrato de renegociación el 12 diciembre de 1996, cuando todavía estaba en el poder Abdalá Bucaram Ortiz. En febrero del siguiente año sería derrocado tras una decisión del Congreso Nacional al declararlo incapacitado para ejercer el cargo. Mientras que Conecel lo hizo el 30 de abril de 1997, ya en el gobierno interino de Fabián Alarcón Rivera.

En esa renegociación se aprueba que las dos empresas, por separado, paguen 53 millones de dólares cada una por la concesión hasta el año 2008. Es decir, que entre las dos pagaron 106 millones, mientras los ingresos de cada una superaron los dos mil millones hasta el último año de la concesión.

El cambio se hizo a pesar de que    la cláusula 21.1 del  contrato original  establecía que “cualquier cambio futuro en la legislación, que modifique el régimen jurídico, técnico y económico del Ecuador vigente a la fecha de celebración de este contrato y que afecten  sus términos o condiciones se adapten a la nueva legislación, conservando en lo fundamental los derechos y deberes de las partes contratantes”.

El Estado no conservó en lo fundamental su derecho a recibir lo que él mismo evaluó para la adjudicación. Es decir, el porcentaje del ingreso bruto anual.

La diferencia económica fue evidente.  En 1999, cuando en el   Ecuador  los ingresos de Conecel alcanzaron los 44,8 millones de dólares, de los cuales el Estado debía   recibir apenas 8,9 millones, se aplicaba el método MAG. Si se hubiese aplicado   el método del porcentaje, que en ese año correspondía al 19% de los Ingresos Brutos, la empresa habría cancelado 9,8 millones de dólares (ver gráfico).

Por ejemplo, desde 1996 hasta el año 2008, Conecel tuvo ingresos  que superaron los  4.453 millones de dólares. Y si el Estado hubiese mantenido las condiciones del contrato firmado en 1993, a las arcas fiscales habría ingresado la suma de 2.806.949.474 dólares.

Con Otecel, en cambio, pasó lo siguiente: durante 15 años sus ingresos superaron los 2.755 millones de dólares. Por eso habría tenido que darle al Estado 1.671 millones de dólares.

En resumen, frente a los 53 millones de dólares que pagaron las telefónicas, sus ingresos significaron una excesiva y extraordinaria ganancia, que nunca contó con el cuestionamiento de los medios de comunicación y menos de los actores políticos de la época. El valor inicial que debían pagar, cada una, era de 51 millones, pero por costos operativos y financieros, al final pagaron esa “módica” suma de 53 millones.

¿Por qué los medios callaron semejante atraco? ¿Por qué sólo uno de ellos, el que no participó del negocio, hizo dos notas sobre el asunto y después calló?

De una larga revisión hecha por esta Unidad de Investigación, a todas las ediciones de los periódicos de la época se revela que ninguno puso en alerta al país sobre las condiciones de esos dos contratos ni los posibles perjuicios para el Estado ecuatoriano.

A la vez, visto a la distancia el hecho, se confirma que las telefónicas, beneficiarias de este negocio, colocaron en los medios de comunicación suficiente publicidad como para sostenerlos en los momentos de mayor crisis económica y caída de la publicidad en los periódicos y canales.

Modelo del negocio cambió sustancialmente en el  2008

Meses antes de la posesión del presidente Rafael Correa, en enero de 2007, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones ya tuvo listo el modelo para la concesión de las telefónicas para los próximos 15 años. En vista de que se avecinaba el cambio de gobierno, varias fuentes consultadas confirman que se quiso firmar el contrato y los delegados del futuro mandatario de ese entonces, frenaron la negociación, pues en ella se repetía el modelo en perjuicio del Estado ecuatoriano.

El monto por el cual se quería concesionar el servicio para los próximos 15 años fue de 65 millones de dólares, en el año 2006. Apenas 12 millones más que lo acordado y pagado en 1996, cuando los usuarios y la expansión del mercado celular se había disparado hasta contar con más  de ocho millones de usuarios, entre las dos operadoras.

Esto quiere decir que para el año 2006, antes de la posesión de Rafael Correa, se quiso mantener el mismo modelo, con las mismas ventajas para las operadoras y con un enorme  perjuicio para el Estado.

Eso  permitió que la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (Senatel) plantee la renegociación del contrato de concesión para los próximos 15 años. Y en mayo de 2008, el presidente de la República, Rafael Correa, y el propietario de América Móvil, Carlos Slim, acordaron la suma de 493 millones de dólares, pese a las críticas de ciertos sectores económicos que denunciaban una supuesta falta de garantías para atraer la inversión extranjera.

Para ese momento, las acciones de Conecel pertenecían a las empresas mexicanas   Amx Ecuador Luc y  Amoviv S.A. de C.V., cuyo nombre comercial ahora es Claro. Otecel, conocida  ya en el Ecuador como Movistar, pasó a ser  propiedad de Ecuador Cellular Holdings B.V. y Donoso Echanique Andrés Francisco.

Después de tres años de la renovación, la Secretaría de Transparencia de Gestión detectó un posible perjuicio al Estado superior a los dos millones de dólares como resultado de la  modificación del contrato en 1996.   

La consultora  Gurovich & Asociados presentó un informe minucioso sobre los montos  que las telefónicas debían cancelar en base a los ingresos reportados. Para ello tomó en cuenta tres parámetros: la cantidad total de abonados al servicio concesionado por año, el costo promedio de capital  y el ingreso promedio por suscriptor.  

De acuerdo con el estudio, en el 2009, la compañía  América Móvil (Claro en Ecuador)  reportó  a la Bolsa de Valores de México   una utilidad neta de 450 millones de dólares sólo de su filial ecuatoriana y para el año siguiente sus ingresos alcanzaron los   441 millones de dólares, es decir, el equivalente a lo que la empresa pagó al Estado por la  concesión de 15 años (2008 - 2023).

Es que en el 2009  Otecel tenía más de 9,9 millones de abonados y sus ingresos  alcanzaron los 1.154 millones de dólares. Al siguiente año los clientes reportados eran 10,6 millones y los ingresos superaban los 1.200 millones de dólares.

Según los datos reportados por la misma  compañía, cada cliente aportaba, en promedio, 9 dólares mensuales, lo que generaba una  ganancia millonaria. En especial porque el costo de la llamada es uno de los más caros de la región, pues alcanza en promedio los 22 centavos por minuto.  

Ese mismo estudio permitió  determinar  que el Estado dejó de percibir 4.477 millones de dólares entre 1996 y el 2008, como resultado de la modificación de los contratos de concesión.

Solo en el último año, el Ecuador habría recibido de Otecel 331,5 millones de dólares y de Conecel 750,4 millones de dólares porque, de acuerdo al contrato suscrito en 1993,  el aporte debía ser del 70% del   Ingreso Bruto Anual.

Los  resultados del estudio realizado por Gurovich & Asociados evidenciaron una distorsión en contra del Estado y por lo tanto recomendaron la revisión  urgente del último contrato de  concesión, pues de los valores aplicados por la empresa consultora se deduce que existirían  graves errores en el método de cálculo  que estarían afectando directamente al valor que las compañías de telefonía celular cancelaron en la renegociación efectuada a mediados del 2008.

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