Militares se sumarán a seguridad ciudadana

13 de abril de 2011 - 00:00

Cerca de 40 mil militares atenderán el llamado del Gobierno en el caso de ser requeridos para controlar el orden público y la seguridad ciudadana.   

Fue el asambleísta Fernando Bustamante, como presidente de la Comisión de Soberanía de la Asamblea, quien propuso reformar la Ley de Seguridad Pública y del Estado para insertar este tema. El pleno de la Legislatura analizó ayer -en segunda instancia- el proyecto de ley que tiene como fin que las Fuerzas Armadas (FF.AA.), sin descuidar su misión de defensa externa, intervengan por disposición del Presidente de la República, en la protección interna, cuando  considerase  indispensable su presencia. 

Linda Machuca, vicepresidenta de la comisión, indicó que la presencia de  las FF.AA. ayuda a “palear las acciones delictivas en el país”.

Advirtió que los militares actuarán luego de que se decrete un estado de excepción o cuando lo crea conveniente el Jefe de Estado, previa una consulta y respuesta favorable del Consejo de Seguridad. 

Explicó que esta nueva función de las FF.AA. es complementaria con la protección de derechos, libertades y garantías de los ciudadanos que establece la Constitución.   

Al ser consultada sobre si esta reforma obedece a la sublevación policial del 30-S, manifestó que el nuevo papel de los militares complementará el trabajo de la Policía Nacional.

Gabriel Rivera sostuvo que en el proyecto inicial de la Ley de Seguridad  ya se hablaba de que las FF.AA. coadyuvarán en la seguridad interna. “Narcotráfico, terrorismo, trata de personas son campos en los que podrían  actuar”.

Paco Moncayo  estuvo en contra de esta reforma, pues considera que el tema debe ser bien definido. “No se debe utilizar a las FF.AA. en misiones de orden público ni confundir este término con el de seguridad interna”, dijo.

Mientras tanto, militares que resguardan el palacio Legislativo comentaron que a ellos solo les queda acatar órdenes. Incluso ayer el Ejecutivo extendió hasta el 8 de mayo el estado de excepción para precautelar la seguridad de la Asamblea.

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