Salgado considera que asambleístas sí pueden pedir información

11 de octubre de 2012 - 00:00

La legisladora Silvia Salgado, presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, mostró desacuerdo con la carta del presidente Rafael Correa sobre supuestos abusos en el Legislativo. “No se acaba de aprender o aceptar que la fiscalización la podemos hacer los 124 asambleístas, pero siguiendo un procedimiento”, comentó la legisladora que milita en el Partido Socialista, aliado del movimiento Alianza PAIS.

Para Salgado la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) no estipula en ninguna parte que el Presidente de la Asamblea actúe como filtro en los pedidos de información.

En su misiva Correa se queja de abusos en las fiscalizaciones e informa que ordenó a sus ministros que solo respondan a pedidos de información emitidos por el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, y no de los legisladores.

Ante esto, Salgado destacó la diferencia entre requerimiento de fiscalización de control político y  fiscalización  como procedimiento de juicio político. “No podría acusar de falta de comprensión de algunos legisladores, creo que también hay una intensión de hacer política, politiquería u oposición”, reconoció.

En la carta Correa cita varios artículos. La norma que rige el desempeño de la Asamblea es la LOFL. El artículo 75 de ese cuerpo legal estipula que “las y los asambleístas tienen la facultad de requerir información a los funcionarios”.

Pero en ese mismo apartado se cita a la Constitución. Concretamente al artículo 120, numeral 9, de la Carta Magna, que establece que la Asamblea tiene la atribución de “fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social (...) y requerir a los servidores públicos las informaciones que considere necesarias”.

Correa se centra precisamente en este punto. El Mandatario asegura que la Constitución usa la palabra Asamblea, no asambleístas, término que aparece en la LOFL. El Jefe de Estado considera que ahí hay una contradicción y que la Carta Magna está por encima de todas las leyes. Como Cordero ostenta la representación legal de la Asamblea, es él quien debe canalizar los pedidos de información.

En los últimos días, sin embargo, la oposición  acusa a Correa de querer coartar la atribución fiscalizadora de los asambleístas. Por ejemplo, Vicente Taiano enfatizó que Cordero debe dejar en claro la independencia de los legisladores. “La carta evidencia una especie de interferencia del Ejecutivo en la Asamblea. Como legisladores podemos fiscalizar y no dependemos del Presidente de la Asamblea ni de la República para ejercer nuestro trabajo”, añade.

Gastón Gagliardo, asambleísta de Alianza PAIS, justifica la carta. Señala que no se debe polemizar, ni satanizar el llamado de atención del Jefe de Estado y recomienda a sus compañeros asambleístas  mayor  mesura a la hora de pedir la información requerida.

Cordero, coideario de Correa, no se ha pronunciado sobre el tema. Él deberá decidir si apoya la tesis del Mandatario y tramita todos los pedidos o si mantiene las cosas como están. Hace pocos días Cordero envió una carta a los legisladores en la que pide un reporte de sus fiscalizaciones y los resultados.

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