Hace pocos días  el director ejecutivo de la AEDEP, Diego Cornejo Menacho, preguntó: “¿Quién le teme a Catalina Botero?” (Relatora Especial de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos). El mensaje era claro: su llegada asustaría al Gobierno, pues su presencia (parecería) está precedida de un aura redentora y hasta casi beática para quienes “osan atentar con el sagrado derecho a la libertad de expresión”.

La pregunta que no hace Cornejo ni los representantes del corporativismo mediático de nuestro país es: ¿Quién le teme a la libertad de expresión en Ecuador? Y para responder a esa pregunta hay que empezar por fijar algunas pautas para que no sea una retórica prevalida de supuestos y paradigmas, aparentemente, consensuados y asumidos por todos sin discusión y menos sin la criticidad respectiva.

De entrada: la libertad es entre iguales. No puede haber demandas de libertad desde posiciones de poder (de esos poderes sustentados en la lógica empresarial y del capital). No es lo mismo demandar libertad desde la AEDEP que desde un diario local de una ciudad pequeña o de un ciudadano común afectado por una información falsa o una acusación.

En otras palabras: la libertad de expresión se sostiene y afirma en la misma proporción que los ciudadanos y los actores sociales y políticos juegan con las mismas reglas y en igualdad de condiciones y de oportunidades.

Lastimosamente se ha construido la falsa idea de que hay unos defensores de la libertad de expresión que hablan por el resto, pero ¿qué ocurre cuando otros ejercen esa libertad? ¿No es válida ni tampoco cabe en sus espacios mediáticos donde solamente ingresan los que ellos deciden?

Y a eso se añade la segunda pauta para la reflexión: ¿Quién determina el nivel de libertad de expresión en el Ecuador? ¿Nos va a medir Catalina Botero? ¿Fundamedios y César Ricaurte nos explicarán desde su lógica y militancia? ¿Vendrán las fuerzas de ocupación de la ONU en Irak o Afganistán a decir cómo ejercemos y otorgamos libertades a los ciudadanos ecuatorianos? ¿Son los sectores privados los únicos autorizados a conceder valor y legitimidad a la libertad de expresión y a la de opinar?

En Ecuador hay instituciones, leyes y espacios para definir esos asuntos desde una plena soberanía. Y sólo en el caso de que en ese escenario no se resuelvan las contradicciones (e injusticias, de existir) se puede y se debe ir a una instancia internacional, como ya ha ocurrido en otros casos.

Por supuesto, quienes demandan respeto a la libre opinión se olvidan que ella no es patrimonio privado sino un valor democrático colectivo, donde también cabe la opinión de los funcionarios, autoridades y medios y periodistas públicos que ejercen un servicio público por delegación y mandato popular. Claro, su opinión (la de los privados) vale y debe ser respetada, valorada, considerada y auspiciada para que se profundice la democracia. Pero también es cierto que esa opinión no puede ser la única ni la hegemónica, como hasta ahora ha sido y parece que debió ser para siempre.

Y entonces abordemos la tercera pauta de este complejo tema: ¿Quién regula y garantiza esa libertad de expresión como derecho ciudadano? En ciencia política, desde hace siglos y como lo recoge la Constitución actual del Ecuador, por más que resulte redundante, el Estado es el único garante de derechos de todas y todos los ciudadanos. Bastaría leer los artículos 1 y 3 de la Carta Política. Y para que ello ocurra se procede a través de leyes e instituciones bajo ese ordenamiento y doctrina constitucional. Aunque parezca una verdad de Perogrullo. 

Por tanto, el temor a la libertad de expresión no está del lado de la sociedad. Al contrario: la posibilidad de expresarse y decirles a las corporaciones mediáticas unas verdades ha generado una reacción sin precedentes. Y ella empieza por colocar el debate por fuera de la ciudadanía y asumir ilegítimamente de ella su representación y vocería. No se entiende de otro modo que sean muchos los que hablan en pocos medios, pero por ser tanto lo que hablan parecería que es la voz de todos. Mientras los pocos espacios que tiene la ciudadanía (que están en los medios públicos, por ejemplo) constituyen para ellos sólo la “voz de los oficialistas”.

Que muchos ciudadanos y actores sociales, sin espacios en las corporaciones mediáticas, coincidan con las tesis de Gobierno, con propuestas de cambio y reivindicaciones concretas, ¿no cuenta?

Los procesos democráticos se desarrollan en la misma proporción que la ciudadanía imprime su sello. Y éste ha sido, desde hace cinco años ya, el de la apuesta por un proyecto político, legitimado en nueve actos electorales y en respaldo a la gestión gubernamental. Cierto que hay errores en el Gobierno, algunos de los cuales se han corregido y otros están en ese camino. También es cierto que esos errores no son fatales y tampoco afectan la calidad de vida de la gente y menos la institucionalidad que se está construyendo con base en la Constitución.

Por lo mismo, parte de ese proceso democrático es contar con una verdadera y plena Ley de Comunicación. No es sólo una obligación constitucional o un mandato popular. Desde hace lustros muchos periodistas que están en los medios privados, los de ahora en los públicos, las organizaciones sociales y los gremios han demandado desechar la ley elaborada por la dictadura y reformada por Sixto Durán Ballén. Eso ya es una realidad, registrada y testimoniada por las propias corporaciones mediáticas.

Y esa Ley debe garantizar la libertad de expresión y de opinión, pero ante todo debe promover los derechos a la comunicación. Ahí está el quid de la cuestión: garantizando para todos esos derechos ya no hay “propiedad privada” de la libertad.

En realidad quienes temen a la libertad de expresión son aquellos que la usaron como patrimonio privado y exclusivo, también algunos como pantalla para sus negocios. Y ese temor ahora se revela y se hace evidente con la reacción inusitada y hasta exagerada de la existencia de la Ley, que debe aprobar la Asamblea.

Desde los medios públicos lo hemos dicho: estamos también para crear las condiciones materiales y sociales para que la libertad de todos se convierta en derecho. Sí, en la misma medida que la ciudadanía tenga libertad para expresarse sobre quienes han acaparado los espacios de información y opinión, la pluralidad, diversidad, democratización y tolerancia serán marcas de la nueva era.

Por eso hay que eliminar el desacato como delito penal y abrir más espacios para la expresión pública de la mayor cantidad de opiniones. Y también garantizar pública y legalmente el respeto a la honra y dignidad ajenas sin distinción de ninguna clase.