Ley no estipula cierre de medios

19 de junio de 2013 - 00:00

La creación de la Superintendencia de la Información y Comunicación genera recelo en los medios privados y organizaciones afines, pese a que la recién aprobada Ley Orgánica de Comunicación es clara al definir su estructura, atribuciones, competencias y cómo se nombrará a la máxima autoridad (ver gráfico).

La Ley de Comunicación, en su artículo 55, estipula que la Superintendencia será el organismo técnico de vigilancia, auditoría, intervención y control con capacidad sancionadora, de administración desconcentrada, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, presupuestaria y organizativa; con atribuciones para hacer cumplir la normativa.

Mauro Andino, asambleísta de PAIS y ponente del proyecto de Ley, dijo ayer que con la creación de la Superintendencia y de la normativa en general se busca un periodismo serio y responsable, que brinde información oportuna, precisa, contextualizada, contrastada, “y no una información comercializada que es lo que han hecho ciertos medios o empresarios de la comunicación para defender sus intereses”.

La designación de los  defensores de audiencias y de los   lectores se hará por concurso públicoSin embargo, la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), el domingo pasado alertó que “esta Ley crea organismos disciplinarios -Consejo de Regulación y la Superintendencia- que van a someter a los medios y periodistas independientes a un control gubernamental asfixiante”.

El presidente de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), Vicente Ordóñez, quien trabaja en diario El Universo, indicó ayer en Ecuavisa que la Ley “es perversa” y que el linchamiento mediático afectará el trabajo periodístico.

Mientras que el asambleísta opositor Fernando Torres (CREO-PSC) demandará la inconstitucionalidad de la creación de la Superintendencia y la figura del linchamiento mediático.

Érick Samson, representante de Reporteros Sin Fronteras (RSF) en Ecuador, indicó a El Universo que hay preocupación por desconocerse los criterios con los que sancionará la Superintendencia. Espera que sea un periodista quien la presida, “que haya trabajado en una redacción y escrito un titular en su vida”.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) será el que impulse los mecanismos de control social para que la ciudadanía se involucre en el ejercicio de sus derechos, e iniciará los procesos para cumplir con transparencia y celeridad las responsabilidades asignadas en la Ley como la designación del Superintendente. Además, designará a los defensores de audiencias y lectores por concurso público y garantizará la  publicación de los errores y correcciones en los medios de comunicación.

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