Latifundio mediático miente

24 de octubre de 2011 - 00:00

El Ecuador de hoy es víctima de una política económica para nada soberana, establecida e ideada por el Consenso de Washington y que desde hace casi dos décadas varios gobiernos la asumieron sin chistar. Y por eso, cualquier medida, ley o reforma planteada para desmontar esa política genera resistencia y sus portavoces, particularmente supuestos analistas mediáticos, saltan y vociferan a nombre de cierto liberalismo. Ellos son los ex funcionarios y acólitos de gobiernos sucesivos que no atinaron, a pesar “de que sabían cómo hacerlo” o que “morirían en el intento”.

Hasta antes de la llegada del Gobierno de la Revolución Ciudadana, pagar impuestos no era obligación de los ricos. La evación fiscal superaba el 80%. Sólo la clase media y popular pagaba puntualmente los tributos. Los otros hasta inventaron excenciones, vía ley, para ocultar su irresponsabilidad fiscal.

Entonces ¿qué es lo que había fallado  en la segunda parte de los 90, para sumergirnos en una de las peores crisis de desconfianza hacia los viejos  políticos vinculados con intereses financieros y corporativos?

Con seguridad: la inconciencia sobre el real significado de soberanía y la manipulación de recetas ortodoxas recomendadas por “expertos” internacionales de las finanzas y de los fraudes. Todas estas expresiones degeneraron en indisciplina presupuestaria, gasto público a favor del mercado y el sector privado especulador, liberalización financiera y comercial, privatizaciones y desregulación económica.

¿Qué hacían frente a eso los latifundios mediáticos? Cerrar las puertas a la demanda de transparencia de los grupos sociales, ausencia de organismos reguladores institucionales, rastros demasiado visibles de corrupción y desigualdad con un crecimiento exponencial.

Era evidente que la democracia por sí sola no podía conducir a la prosperidad ni a la justicia distributiva, y la desconfianza en su existencia hizo pensar a la ciudadanía que el comportamiento de sus peores gobernantes, que reclamaban decencia política desde los balcones, se convertirían en el mejor ejemplo de inmoralidad, por lo que debieron dejar el poder por la fuerza.

Haría falta un poco de tiempo para que el empresariado, acostumbrado a decidir qué produce, qué servicios ofrece, cómo lo hace, y a quienes no deben rendirles cuentas, ajuste sus prioridades frente a un gobierno fuerte, dispuesto a que todos cumplamos nuestras obligaciones, en previsión de proteger al país frente al inevitable coletazo de la crisis financiera global.

Hoy, cuando el dogma del mercado pierde legitimidad y el capitalismo brilla como la causa de  la descomposición social en EE.UU y Europa, el Estado ecuatoriano está en condiciones de garantizar reglas claras sin claudicar, ni hipotecar un centímetro de soberanía.

Para hacerlo tenía que poner orden en las formas inequitativas de distribución de bienes y servicios con leyes claras y organismos de control, porque no se trata de “iniquidad” o de maldad, como afirmaba hace pocos días uno de los locutores de un canal de televisión, sino la capacidad de impulsar reglas tributarias claras, garantía a la propiedad privada, valoración de la iniciativa empresarial para que sea más competente y entienda que competitividad es justamente lo que ha llevado a la ruina a miles de hogares en el mundo. Lo que el mencionado lector de noticias seguramente no conoce es que esta forma de nuevo liberalismo de la mentira y el fraude no tiene que ver con Adam Smith ni Max Weber.

En “La ética protestante y el espíritu del capitalismo”, este último filósofo lo definió como el conjunto de elementos éticos que deben inspirar a los empresarios en sus acciones a favor de la acumulación del capital, lo que supone una nueva relación moral de las personas con su trabajo.

El rumbo hacia una nueva agenda de desarrollo comenzó, entonces,  por el estatus alcanzado en las urnas y por reconocer la necesidad de otorgar mayor legitimidad a la organización de la sociedad civil y a las formas en las que aquella expresa su soberanía.

No de otra manera se podría entender para qué el Gobierno Nacional proyecte recaudar 9.300 millones de dólares en impuestos netos en el 2011, a través del Servicio de Rentas Internas (SRI).

La nueva reforma tributaria, que se enviará a la Asamblea en los próximos días para ser tratada con el carácter de urgente, plantea el aumento del 2% al 5% del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), para  gravar los montos de exportación que se quedan en el extranjero.

A cambio propone una compensación en la importación de materias primas y bienes de capital para la producción nacional. En cuanto a las personas que estudian en el extranjero, el pago del ISD está exonerado para envíos de hasta  mil dólares mensuales.

También está considerada la devolución del IVA a los transportistas con el propósito de evitar el incremento de los pasajes del transporte urbano, así como también para que adquieran o renueven carrocería para sus unidades.

Los impuestos verdes están orientados a mantener la responsabilidad social con el medio ambiente evitando la contaminación que producen los vehículos de gran cilindraje.

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