“La información tiene que regularse con legitimidad”

21 de noviembre de 2012 - 00:00

El presidente Rafael Correa no duda en plantear un amplio y serio debate en torno a que la información pueda ser considerada como una función del Estado. No es una decisión aún.

Tras cinco años de Gobierno, el Primer Mandatario habla de un nuevo planteamiento en torno al manejo de la información en Ecuador. Así lo señaló en una entrevista publicada por diario El País -la semana pasada-, antes de su participación en la XXII Cumbre Iberoamericana.

Aunque Correa aseguró que siempre se ha manifestado a favor de esta tesis, en un conversatorio con la prensa, el lunes pasado, reconoció que solo se hizo pública cuando fue divulgada por El País, de lo cual se hicieron eco los medios de comunicación y periodistas ecuatorianos, quienes le solicitaron que amplíe su propuesta, lo cual se realizó, el lunes pasado, en las instalaciones del Ministerio del Deporte, en Quito.

El periodista Andrés López (CNN) citó textual lo dicho por Correa: “Si la información es un derecho, la base de las libertades fundamentales y la libertad de expresión, por qué no puede ser una función del Estado, como la justicia”. Con mucha atención, el Primer Mandatario escuchó al comunicador, quien luego mencionó la reacción de Paco Moncayo (asambleísta y candidato a la reelección por Ruptura) sobre  que abrir un debate respecto a dicha propuesta “resulta pecaminoso”.

El presidente tildó de “ridícula” la postura de Moncayo. Reiteró que el país no está en la Edad Media o en la Santa Inquisición. “En nombre de la libertad de expresión es pecaminoso opinar sobre la libertad de expresión ¡Qué contradicción!”, indicó.

Dijo que es necesario debatirlo y, en esa línea, explicó, “la justicia en el país está controlada por los gobiernos porque es una función del Estado”. Entonces destacó que la libertad de expresión es una de las libertades fundamentales de la cual dependen los demás derechos. Por ello, señaló, es importante preguntarse por qué esta se encuentra en manos de negocios privados con fines de lucro. “Imagínense un derecho tan fundamental pero provisto por negocios privados con fines de lucro, cuando un derecho es algo que nadie nos puede quitar”, apuntó.

Dijo que los medios públicos podrían entender como un nuevo modelo de comunicación o al menos tener la capacidad de regular la información. “La información suministrada por negocios privados, con fines de lucro y un derecho tan fundamental como la información manejada por negocios, en realidad es una contradicción que puede ser mitigada con profesionalismo y ética”, dijo.

Instó a la ciudadanía a discutir sobre este tema y puso como ejemplo la administración de justicia. “Imagínense  ustedes, la justicia es un derecho, imaginen jueces privados administrando justicia. Hay que estar chiflado”. Entonces comparó el escenario con los medios de comunicación: “¿Cómo puede estar en manos privadas, de negocios con fines de lucro? Imagínense que contratemos una empresa privada para (administrar) este Gobierno”.

El Presidente se dio tiempo para explicar que si la información es una función del Estado  tendría que regularse con “legitimidad democrática”, con controles, para evitar que se generen negocios y organismos para representarse. Citó como ejemplo de ello a organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité de Defensa de Periodistas: “Ellos mismos se otorgan condecoraciones para mantenerse en impunidad y hacer lo que les dé la gana”.

Insistió en que si es tan fundamental esta libertad “¿por qué no podría ser parte de una función del Estado?”,  sin que ello signifique dependencia del Gobierno, sino más bien una función del Estado “bajo el escrutinio público y controles democráticos. Me parece que es más razonable a que ese derecho esté en manos de negocios privados, algunos en manos de dudoso proceder”.

En torno a esta propuesta, Guillermo Navarro, experto en temas de libertad de expresión, manifestó que es necesario especificar cuál es la información que debería ser pública. Consideró que sería correcto si el Presidente pretende que sean públicos todos los datos que sirvan de base para llegar a una información. Puso como ejemplo la difusión de datos en el rating de canales. Opinó que debería ser pública la información que emplearon para llegar a una conclusión. “En ese sentido sería pertinente porque allí podríamos juzgar si la información fue truncada o corresponde a un análisis serio”, concluyó.

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