¿La gente prefiere llenar malls a participar activamente en política?

22 de enero de 2013 - 00:00

*Amelia Ribadeneira

La participación ciudadana, vista desde una practicidad elemental, más que un derecho constitucional es una aspiración política, y no precisamente de quienes están llamados a ejercerla (los ciudadanos), sino de los actores políticos y, en particular, de quienes están en la palestra pública representando diversos intereses.

La Constitución 2008 es un monumento a la participación, estimula la intervención de los grupos humanos, de todas las edades y de todos los sectores, prácticamente en todo. Por ello, no es una novedad encontrar en las propuestas de quienes pretenden gobernar el país su aspiración a tener una ciudadanía activa, para usar sus palabras, “decidiendo sobre su futuro”, “siendo corresponsable”.

De los ocho candidatos a la Presidencia (todos hombres mestizos en un país que tiene el 50% de población femenina y el 21% es afro, montubio o indígena) solamente es posible tomar en serio las propuestas sobre participación ciudadana de cuatro grupos políticos: PAIS, MPD-Pachakutik, Ruptura y CREO.

En el plan de gobierno del PSP, liderado por Lucio Gutiérrez, se propone como participación la intervención de la banca internacional para mejorar la economía, es decir, nada. El PRE esboza el fortalecimiento de la democracia participativa, milagrosamente no relacionada con la evangelización. En la propuesta del Prian, de Álvaro Noboa, ni siquiera existe la palabra participación. En cambio, al candidato presidencial de SUMA, se le debe extender una felicitación por su interesante artículo de gobierno responsable que destaca a la participación ciudadana como un principio.

Para los grupos político-partidistas, la participación ciudadana es importante porque legitima sus acciones. En Ecuador, es vital para mantenerse en el gobierno. En general, la participación no es un interés primordial del común de la gente y hay una explicación: la gente delega la toma de decisiones a los grupos partidistas mediante el voto, que no es otra cosa que un acto de confianza; sus intereses de vida están en otros andariveles. Por ello, es muy difícil que la aspiración movilizadora que propone PAIS pueda alcanzar los niveles que espera. Prácticamente, PAIS quiere que la gente participe en las grandes áreas de gestión del Estado, como la salud, educación, economía…

Sin embargo, es importante resaltar las propuestas 22 y 26, la primera relacionada a la libertad de expresión y en particular al desarrollo de los medios públicos que busca consolidarlos “como espacios ciudadanos de comunicación, con una creciente participación social para la definición de líneas editoriales”. Que la ciudadanía participe en la definición de la línea editorial es la utopía.

La otra propuesta es la 26, sobre el poder popular para “promover y reconocer la organización social, la vida asociativa y la ciudadanía activa para la defensa y cumplimiento de la Constitución”. Los malpensados podrían creer que esta propuesta está encaminada a la presencia de la gente para sostener el proyecto político.

El plan del MPD-Pachakutik también considera a la participación ciudadana como el eje de su ejercicio de gobierno. Al igual que PAIS, la inspiración es la Constitución de Montecristi y resalta con fuerza la presencia de una participación más organizada, colectiva, de los grupos sociales y políticos, y con mayor fuerza de los indígenas. Es importante resaltar, por su alta conflictividad, el manejo de los recursos naturales, como el agua. Esta alianza de izquierdas propone crear un consejo intercultural y plurinacional del agua para fortalecer la gestión comunitaria, siempre en colectivo, lo que implica la participación de comunidades y organizaciones. La minería solo será posible mediante “la organización eficiente de los pequeños y medianos productores mineros bajo control estatal”.

Ruptura, lista 25, tiene la misma visión: participación ciudadana en todos los ámbitos que manda la Constitución de Montecristi, es decir, hasta en la sopa: salud, educación, recursos naturales, economía, migración. A diferencia de las dos propuestas anteriores, Ruptura plantea con total claridad que los ciudadanos son corresponsables de lo que ocurre en el país. En seguridad, por ejemplo, dice que “la única manera de combatir efectivamente a la delincuencia y la inseguridad es con una ciudadanía empoderada en su rol solidario de protección mutua”. Es más, plantea que “el Estado, como ciudadano pleno, debe reemplazar la rancia burocracia, que desconoce las realidades de un país desigual, por procesos con ciudadanos responsables que comprendan el rol de los funcionarios públicos y su vocación de servicio que respondan al Ecuador real y profundo, el Ecuador intercultural”.

Finalmente, sobre CREO, liderado por Guillermo Lasso, hay poco que decir. La participación ciudadana se plantea en el área social, sobre la base de una sociedad solidaria. En sus palabras “en un Estado bien estructurado y moderno, la solidaridad de la sociedad debe verse reflejada en las políticas públicas del área social, como la educación, salud y vivienda. Áreas en las que al apoyo estatal subsidiario debe sumarse la participación activa y directa de las personas y las comunidades, que son protagonistas y beneficiarias de estas políticas”. También propone la participación ciudadana en los temas de educación y transparencia de gobierno, que en comparación con las tres propuestas anteriores, es prácticamente un esbozo.

Esta ambiciosa participación no es de interés general, no en este presente ni en las dimensiones que las tres propuestas de izquierda proponen. Además, es factible decir que la gran participación ciudadana está entendida en nuestro país como la movilización en las calles. Si miramos al Ecuador desde 1979 para acá, es evidente que la gente, esa que no está ligada a una organización, se moviliza por temas muy puntuales y en momentos de crisis profunda. Hasta antes de 1990, el país no tuvo grandes movilizaciones, las que hubo estaban lideradas por los sectores sindicales hasta la llegada del movimiento indígena que hizo una irrupción profunda en la política nacional con el levantamiento de 1990; luego fue trascendental su participación en los derrocamientos de los gobiernos de Mahuad y Bucaram.

La caída de Lucio Gutiérrez, en 2005, puede ser entendida como el resultado de la participación ciudadana sin el empuje (liderazgo es demasiado) de un partido, movimiento o grupo organizado para la defensa de la democracia, aunque hoy Gutiérrez diga que fueron los militares golpistas; ese solo fue el desenlace.

Después de 2005 a la fecha, la gran movilización también ha sido puntual y ha estado motivada por el gobierno del presidente Rafael Correa que ha promovido la participación de la gente como respuesta política a otras movilizaciones, la del agua, liderada por el movimiento indígena por ejemplo, o como apoyo durante y después de la crisis del 30-S. Es decir, en temas puntuales.

Los grandes medios de comunicación privados y otros sectores empresariales también han pedido a la gente que se movilice para “defender las libertades”, no obstante, no ha sido un pedido con eco.

De hecho, hay que entender que la gente no puede ejercer esa participación constante porque tiene que trabajar para vivir. ¿A qué tiempo? ¿En qué momento ese sueño de ciudadanía participativa? Probablemente es muy ingenuo negarse a creer que un gobierno o que un grupo económico tiene capacidad para asalariar la constante movilización de la gente en las calles. ¿Es posible resistirlo? Lo cierto es que no hay dinero que dure toda la vida ni sociedad que aguante.

Además, si hay un tiempo que a la gente le queda está destinado para sus actividades de ocio: deportes, viajes, leer, ir al cine, vida en familia o simplemente descansar. Los grupos humanos se encierran cada vez más en los centros comerciales o emprenden la huida de sus ciudades cada vez que pueden. Nuestra sociedad puede hablar mucho de política, sobre todo en la capital, pero de ahí a ejercer una participación activa como pretenden los presidenciables es muy poco probable. Los gobernantes fueron elegidos expresamente para tomar decisiones en representación de sus ciudadanos, es un acto de confianza que, además, es remunerado.

Ver infografía ampliada

*Periodista, profesora universitaria, investigadora de temas de comunicación y género.

Lectura estimada:
Contiene: palabras
Visitas:
Enlace corto:
Medios Públicos EP