El estado de excepción se extiende a 30 días

26 de noviembre de 2013 - 00:00

Los favorables resultados obtenidos en el control de la tala ilegal de árboles, en el bosque primario de Esmeraldas, motivaron al Ministerio del Ambiente (MAE) a prorrogar el estado de excepción.

La medida que rige desde el pasado 26 de septiembre y culminaba el 26 de noviembre se extiende hasta la misma fecha de diciembre.

Más de un millar de metros cúbicos de tablas decomisadas en diversos operativos, y una veintena de vehículos detenidos, son el resultado de las acciones conjuntas entre personal de la cartera de Estado y  elementos de las Fuerzas Armadas.

El estado de excepción también tiene como objetivo fomentar el aprovechamiento forestal sostenible en la provincia con la tasa de deforestación más alta del país.

1.000 elementos de las Fuerzas Armadas dan su apoyo al personal del ministerio en los operativos.Paralelamente, se mantiene la prohibición de emitir permisos de tala en bosque nativo y la renovación de los que existen.

Hasta el momento se desarrolla una auditoría a las autorizaciones otorgadas por la cartera de Estado a través de una empresa especializada en estos procesos.

La ministra Lorena Tapia, que en los próximos días dará más detalles de la ampliación de la medida, afirmó que se ha fortalecido el control de la movilización de madera con puestos fijos y móviles estratégicamente ubicados. Además del decomiso de madera ilegal, ubicación y georreferenciación de zonas de tala ilegal.

Tapia ponderó que se pudo focalizar incentivos para un aprovechamiento forestal sostenible por medio del programa Socio Bosque.

Protocolos fijados

Las acciones aplicadas por el MAE establecieron protocolos de trazabilidad de la madera desde el origen hasta el consumidor final. Es decir, la verificación de las tablas que hay en las carpinterías, en los aserraderos y empresas.

Los resultados del proceso permiten a la autoridad iniciar acciones administrativas amparadas en el marco normativo vigente. “El Ministerio ha incidido en todos y cada uno de los eslabones de la cadena de valor de la madera con sus respectivos actores, evidenciándose la parte integral  de esta medida”.

La moratoria del aprovechamiento forestal en bosque nativo y de regeneración natural adoptada por el Gobierno, sostuvo, consolida a la autoridad  sobre un sector estratégico en la matriz productiva del país.
Favorecer a comuneros

Según Tapia, la prioridad de su despacho no solo es garantizar el aprovechamiento legal de la madera, sino también fomentar el manejo forestal sostenible, así como beneficiar de manera directa de esta actividad productiva a los propietarios de los bosques, estableciendo relaciones equitativas entre ejecutores de programas y los dueños de la selva.

Otro de los objetivos, aseguró, fue asesorar, capacitar  y concienciar el manejo forestal responsable, a través de entendimientos comunitarios.

El Ministerio cuenta con un sistema tecnificado de control con cinco nuevos puestos de control fijo en Alto Tambo (San Lorenzo), Golondrinas (Quinindé), El Mango (Muisne), Camarones (Esmeraldas) y La Marujita (Quinindé).

Del mismo modo, la cartera de Estado detectó las rutas posibles para  trasladar la madera de forma ilegal por lo cual se aplicaron protocolos de control y vigilancia en las rutas de la provincia.

VIGILANCIA EN LAS ZONAS PROTEGIDAS

El Ministerio del Ambiente (MAE) aplicó un sistema de control de la deforestación en el país. Este proceso arrancó con la delimitación de las áreas protegidas y su respectiva zonificación.

Hasta el momento se han tomado imágenes satelitales para análisis multitemporales y cartográficos.

Además, cuenta con instrumentos que complementan la vigilancia en función de la zonificación y de las imágenes.

Con esto, de acuerdo al Ministerio, se espera reducir significativamente la deforestación en las  áreas protegidas.

En tanto, hasta el 22 de noviembre se han iniciado 206 causas a los diferentes actores que han incumplido varios aspectos establecidos en la normativa ambiental vigente.

Del total de los procesos iniciados, 67 corresponden a ejecutores, 58 a propietarios, 41 a regentes y 36 por movilización de madera ilegal  y 4 por tenencia de madera ilegal en centros de acopio.

Desde que  inició el estado de excepción se han desarrollado 7 operativos en los centros de acopio. En estos sitios se retiraron tablones cuyo origen no estaba sustentado.

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