EE.UU. sabía de la trama golpista desde 2009

26 de junio de 2012 - 00:00

La diplomacia latinoamericana se movilizó intensamente ayer para hacer frente al golpe de Estado perpetrado en Paraguay.

La Organización de Estados Americanos (OEA) adelantó para hoy la reunión extraordinaria del Consejo Permanente para tratar la crisis política en Paraguay.

Según el orden del día de la reunión, los embajadores ante ese organismo  realizarán una “apreciación colectiva” de la situación en Paraguay y, “en caso necesario”, tomarán “las decisiones que el Consejo Permanente acuerde”.

Además anunció que la situación en Paraguay ha provocado que el secretario general del organismo, José Miguel Insulza, cancele su viaje previsto a Lima (Perú) para asistir a la Conferencia Internacional Frente al Problema Mundial de las Drogas.

El objetivo es asistir a la sesión del martes, la segunda del Consejo sobre el país sudamericano, pues el viernes se reunió también con carácter extraordinario para “tomar conocimiento de los últimos acontecimientos en la República del Paraguay”.

La reunión del pasado viernes se cerró sin una resolución, pero con la petición consensuada de “respeto del debido proceso”. En ese momento se realizaba el juicio político en el senado paraguayo.

La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), según lo planeado, se reunirá este viernes en Mendoza (Argentina) para coordinar acciones que permitan el regreso al poder del presidente paraguayo, Fernando Lugo, defenestrado la semana pasada en un fugaz juicio político.

Originalmente la cita presidencial de emergencia se iba a realizar el miércoles,  en Lima, pero problemas de agenda de los mandatarios pospusieron el encuentro.

El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, dijo que el presidente Rafael Correa no podría asistir a la cumbre debido a que esos días recibirá la visita de su homólogo de Bielorrusia, Alexander Lushenko.

La Unasur tiene como misión despojar de la presidencia pro témpore del bloque a Paraguay y traspasarla, de manera anticipada, a Perú. Asimismo se prevé la imposición de sanciones al gobierno de Federico Franco, que no ha sido reconocido por ningún país de la región. El Vaticano fue el primer Estado en validar el régimen del que fuera vicepresidente de Lugo.

Paralelo a la cita de la Unasur se realizará el encuentro del Mercosur, que se enfrenta al reto de emitir sanciones por primera vez contra uno de sus miembros. Y si lo hace, lo haría contra el país más pobre del bloque.

En una declaración conjunta, el organismo argumentó el domingo que la suspensión de Paraguay de la cumbre se adoptó en consideración al Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur, suscrito en 1998, y que marca “la plena vigencia de las instituciones democráticas" como "condición esencial para el desarrollo del proceso de integración”.

Lucía Dammer, catedrática de Estudios Internacionales de la Universidad Santiago de Chile, destacó que se han utilizado todos los mecanismos legales, que han sido  muy cuestionados, pero que políticamente son viables en Paraguay.

“Esto deja una enseñanza a América Latina de cómo se utilizan los mecanismos democráticos para remover a un presidente”, lamentó. Lo que a su parecer se produjo porque Lugo no contaba con un apoyo. “Esto demuestra que las coaliciones políticas requieren de partidos políticos y es un llamado de atención para quienes acceden al poder”.

En cuanto a la situación repetitiva de intentos de golpes de Estado que se han registrado en el continente, detalló que lo que se necesita es fortalecer los movimientos políticos, para evitar que este tipo de hechos se poduzcan.

“Tiene que haber un fortalecimiento de la actividad política en la región, porque mientras tengamos presidentes con minorías relativas y con coaliciones políticas endebles la situación será poco sólida y ahora la preocupación no es solo Paraguay, sino para que en general en la región todo se fortalezca”, manifestó.

Situación en Asunción

El nuevo presidente de Paraguay, Federico Franco, formó hoy un gobierno que sumó el apoyo del Poder Judicial al del Legislativo, pese a la llamada a la resistencia del destituido Fernando Lugo.

Nueve ministros juraron su cargo ante Franco, cinco de ellos de su Partido Liberal, en una ceremonia en el Palacio de Gobierno poco después de una reunión del presidente con los responsables de las principales compañías petroleras en el país, al que Venezuela ha cortado los suministros.

La ceremonia empezó con ligero retraso, justo cuando concluía una rueda de prensa ofrecida por Lugo a unas manzanas de distancia, en la modesta sede del Partido País Solidario, del izquierdista Frente Guazú, único frente político que mantiene su apoyo al ex obispo.

Lugo se reunió con una decena de ministros y colaboradores, fundamentalmente del Frente Guazú, en lo que llamó  “gabinete por la restauración democrática”, en el que caben “todas las fuerzas que quieren resistir” a la toma de poder por parte de Franco, dijo Lugo.

“Queremos convertirnos en los fiscales observadores y monitorear a los nuevos ministros” de Franco, añadió Lugo, quien llamó a la “resistencia pacífica”.

La Corte Suprema desestimó “sin más trámite” la “acción de inconstitucionalidad” planteada el  viernes, en pleno juicio, por el ex mandatario, basada en que no se le dio tiempo en articular una defensa.

En una resolución que, irónicamente, recurre a argumentos de un texto de Derecho Constitucional del abogado de Lugo, Emilio Camacho, la sala constitucional del Supremo avaló el procedimiento vertiginoso fijado por el Senado para el “juicio político”, por estar dentro de sus prerrogativas.

“Como (el juicio político) se trata de un procedimiento que técnicamente no es jurisdiccional, las garantías propias del proceso judicial, aunque puedan ser aplicables, no lo son de manera absoluta sino parcial" en este caso, según los magistrados.

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