Chevron “legaliza” el espionaje

12 de julio de 2013 - 00:00

El juez federal de Estados Unidos, Lewis Kaplan, que reside en Nueva York, ordenó a las empresas Microsoft, Yahoo y Google que proporcionasen a Chevron datos de cuentas de correo electrónico de al menos una centena de activistas, abogados y periodistas involucrados en la millonaria demanda que enfrenta la petrolera estadounidense.  

El sitio web de Earthrights International, una ONG que vigila el juicio, publicó el miércoles la noticia. Además mostró el fallo del magistrado que ha sido acusado de tener posición afín a la petrolera.

Esta petición surgió hace casi un año, cuando Chevron (antes llamada Texaco) se declaró víctima de un complot internacional, en referencia a la demanda que interpusieron los habitantes de la Amazonía por la contaminación en el lugar producto de 20 años de extracción de crudo.

Una corte ecuatoriana dio la razón a los demandantes y ordenó a la empresa estadounidense pagar una indemnización por 19.000 millones de dólares.

Chevron no reconoce la validez de la sentencia al considerar corrupto el sistema jurídico ecuatoriano. Además se ha declarado víctima de una persecución internacional.

En base a este argumento, la compañía pidió al juez Kaplan que ordenase a Google, Microsoft y Yahoo que entregaran los datos de activistas, abogados y periodistas.

Además de las comunicaciones, Chevron quiere conocer los IP de las computadores desde las que se escribieron correos. Cada ordenador tiene un IP, una especie de matrícula, y de esta forma la petrolera podrá conocer desde qué oficina trabajaron las personas involucradas en el juicio.

Ante esta situación -que ha sido catalogada por los afectados como una afrenta a su intimidad y derechos de libertad fundamentales- los abogados de los denunciantes invocaron la Primer Enmienda de la Constitución de Estados Unidos ante tribunales de California y Nueva York.

La Primera Enmienda, explícitamente, prohíbe que alguna autoridad -cualquiera que sea su rango- pueda promulgar una ley en la que se afecta la libertad de culto, expresión, de prensa, de reunión o petición.

Sin embargo, Kaplan -que logró “una designación especial” en el Distrito Norte de Nueva York para poder decidir el pedido de citación solicitado por Chevron- afirmó que los demandantes de la multinacional no pueden apelar a la Primera Enmienda porque “no han demostrado ser ciudadanos estadounidenses”.

El abogado Pablo Fajardo, representante de los afectados por la contaminación, calificó la sentencia como una “decisión arrogante”.

Él confirmó la versión difundida por Earthrights International. Agregó que el fallo judicial rompe el derecho a la intimidad y al secreto profesional que  hay entre abogados y clientes.

Para el letrado, la sentencia estadounidense sienta un precedente nefasto porque vuelve inseguras las comunicaciones virtuales. Eso porque la mayoría de empresas que ofrecen este tipo de servicios son de ese país, por lo que en cualquier momento un juez les ordenará revelar los datos de los usuarios, sin importar su nacionalidad.

Fajardo aseguró que apelarán la decisión. Señaló que los demandantes y sus abogados no tienen secretos que ocultar, pero defenderán su derecho a la intimidad.

La sentencia de Kaplan se emite justo cuando la imagen de las empresas Google, Yahoo y Microsoft se ha visto afectada en todo el mundo porque colaboran en un programa de espionaje de la NSA (Agencia de Seguridad Nacional, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Según las filtraciones del ex contratista de la CIA, Edward Snowden, la NSA tiene acceso directo a los servidores de las grandes empresas de Internet y ha desarrollado un sistema capaz de vigilar todas las comunicaciones virtuales de todo el mundo. Google reconoció que entrega datos debido a una orden judicial.

BARACK OBAMA PIDE A BURÓCRATAS VIGILARSE ENTRE SÍ

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ordenó a sus funcionarios que se espíen entre sí y que denuncien situaciones sospechosas entre los compañeros de trabajo, informó el periódico  estadounidense McClatchy. La decisión forma parte de una orden ejecutiva de octubre de 2011, denominada Insider Threat Program (ITP o programa contra amenazas internas).

La iniciativa habría involucrado  a millones de empleados federales y contratistas, a quienes supuestamente se les pide que presten especial atención a los estilos de vida, actitudes y comportamientos -como problemas financieros, horarios laborales extraños o viajes sin explicación- de sus compañeros de trabajo, como forma de predecir si podrían resultar un peligro para EE.UU.. A partir de esta información se podía abrir una investigación que finalizaba con sanciones laborales.

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