Estudios basados en datos proporcionados por el mismo gobierno de Estados Unidos y por ONG independientes dan cuenta de que el sistema judicial ecuatoriano se ubica  en el tercio superior de todos los países de América Latina y que es mejor que el del 55% de los países en el mundo entero.  

Sin embargo, Vladimiro Álvarez Grau, ex ministro del gobierno de Jamil Mahuad (de la extinta Democracia Popular), sostiene lo contrario en sus informes, entregados a distintos estudios jurídicos de Estados Unidos que estarían ligados a Chevron, aunque el abogado ecuatoriano no lo admite.

Un “Registro de Privilegios” de Chevron, presentado ante el juez de Nueva York en un juicio entablado  contra los afectados que denunciaron  la contaminación petrolera en  la Amazonía ecuatoriana, revela nombres de colaboradores directos e indirectos de la transnacional: abogados, expertos, articulistas de medios de comunicación y exfuncionarios de Mahuad.

Entre ellos, según  difundió ayer  EL TELÉGRAFO, consta Álvarez, ministro de Gobierno de Mahuad, algunos de cuyos funcionarios, el 30 de septiembre de 1998 suscribieron el acta final que avalaba que Texpet, filial de Texaco (cuyas acciones adquirió Chevron en 2001), cumplió con todo lo estipulado en el contrato para la “ejecución de trabajos de reparación medioambiental y liberación de obligaciones, responsabilidades y demandas”.

Se suscribió tal acta pese a que la contaminación continúa y así lo demostró ayer el presidente Rafael Correa en un recorrido por zonas de la Amazonía donde exclusivamente operó Texaco, la cual ha emprendido una campaña para  hacer creer al mundo que la justicia ecuatoriana la sentenció erróneamente a pagar una indemnización de $ 19.000 millones por daños ambientales y a la salud de 30.000 indígenas, colonos y campesinos del norte de las provincias de Sucumbíos y Orellana.  

Pese a encontrarse fuera del país, Álvarez conversó con EL TELÉGRAFO, vía telefónica, respecto a su informe (ver entrevista).  

Sin embargo, lo que sostiene Chevron y Álvarez respecto a la justicia ecuatoriana, contrasta con estudios  e informes  internacionales. Uno de esos informes fue preparado por Joseph Staats, un experto en sistemas judiciales latinoamericanos.  

La multinacional estadounidense fue condenada a pagar una indemnización
de $19.000 millonesStaats es profesor de ciencias políticas en la Universidad de Minnesota (EE.UU.) y autor de  extensos trabajos de campo e investigación sobre los sistemas judiciales de los 17 países de América Latina, incluso en Ecuador, bajo los auspicios del Programa de Desarrollo de la ONU.

Utilizando datos del Departamento de Estado y encuestas independientes, incluyendo una realizada por la ONG Freedom House, el informe detalla cómo Staats ubica al sistema judicial ecuatoriano en el tercio superior con respecto a  todos los países de América Latina y como   el mejor en relación al 55% de los países del mundo entero.

A decir de Pablo Fajardo, abogado de los afectados por la contaminación ambiental provocada por los 26 años de operaciones de la transnacional, la realidad es que Chevron está atacando a los tribunales ecuatorianos tras perder un juicio basado en la evidencia científica, pues no quiere pagar la indemnización.

El juicio contra Chevron, según el abogado y los dirigentes de los afectados, se basa en 200.000 páginas de pruebas que establecen que Chevron no adoptó técnicas adecuadas de exploración y explotación petrolera  porque quería  maximizar sus ganancias.

Entre los hallazgos de Staats, cuyo informe fue realizado entre 2004 y 2010, de los 17 países de América Latina, Ecuador fue calificado como el mejor de la región, excepto en 2006. Señala que todas las “democracias en desarrollo… tienen un mayor grado de corrupción y de la susceptibilidad a la presión externa de los sistemas judiciales en las democracias del primer mundo”, pero que al  Ecuador le ha ido “mucho mejor” que la mayoría de los países de América Latina.

Según Staats, en EE.UU. hay numerosos casos de  jueces que han sido procesados por aceptar sobornos o cometer irregularidades, pero esas no son razones para condenar a todo el sistema judicial de Estados Unidos, como en cambio, según lo han denunciado los afectados y las autoridades ecuatorianas, lo está  haciendo  Chevron con Ecuador, sobre la base de anécdotas similares.

El objetivo de desprestigiar a la justicia ecuatoriana por parte de la multinacional petrolera sería para posicionar la idea de que cualquier dictamen salido de Ecuador está viciado y, por ende, no podría  ejecutarse la sentencia en ninguna parte del mundo.

Finalmente, en la encuesta Cingranelli-Richards (CIRI), dos profesores que sistemáticamente evalúan los derechos humanos en 195 países, encontraron que en cuanto a independencia judicial, Ecuador solo fue superado por tres países de América Latina: Costa Rica, Chile y Uruguay.