Defensoría resuelve a favor de vendedor acosado por municipales

19 de septiembre de 2013 - 00:00

La Defensoría del Pueblo del Guayas (DPG) aceptó la denuncia contra elementos de la Policía Metropolitana por extorsionar a un refugiado colombiano, que laboraba como comerciante informal en las calles céntricas de Guayaquil.      

En su resolución, la entidad estatal pide al Cabildo  que adecúe su normativa municipal (vigente desde 2006) al contenido de la Constitución. En especial, la “Ordenanza sustitutiva de la Ordenanza que norma la instalación de kioskos y carretillas y demás formas de desarrollo de la actividad comercial en espacios públicos de la ciudad”. El artículo 6.1.5 de dicha norma restringe la venta ambulante y todo tipo de comercio informal en zonas regeneradas.

La citada disposición, de acuerdo con la DPG,  se contradice con  el artículo 33 de la Carta Magna aprobada en 2008, que  garantiza el derecho al trabajo. “Requiere de validez constitucional”, reza en la resolución.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo dispuso que todos los agentes de la Policía Metropolitana reciban cursos o talleres, con el fin de promover el respeto de los derechos humanos de la población en general, y de los derechos de los refugiados, solicitantes de asilo o necesitados de protección internacional.

DATOS

En junio de este año, la primera audiencia de la denuncia del ciudadano colombiano E.A.C. en contra de la
Policía Metropolitana fue suspendida por falta de información de los agentes imputados.

En el 80% de abusos cometidos contra comerciantes informales (casos conocidos a través de denuncias públicas en la ciudad) han intervenido  agentes del Cabildo porteño.

En mayo de 2004 fueron capacitados 90 agentes municipales, aunque no estuvieron presentes los superiores de las tres compañías de “Más Seguridad”
Hace tres meses, E.A.C., un refugiado colombiano que laboraba como comerciante informal, denunció a varios elementos de la  Policía Metropolitana, que para laborar le exigían 1 dólar por cada agente presente en la zona,  llegando a cancelar hasta 5 dólares diarios. “Si no tenía cómo darles, me tenía que ir a mi casa”, relató en junio.

Por lo anterior, en uno de sus puntos, la DPG declara que se han vulnerado los derechos de refugio y al trabajo autónomo...”.

María José Fernández, delegada de la DPG, explicó que la ordenanza municipal señalada no se apega a la Constitución de 2008.  “Por ello exhortamos al Concejo Cantonal a reunirse y que rectifique estos aspectos”.

Según  la funcionaria, si la ordenanza que alega el Municipio no está en sintonía con la Carta Magna, no tiene valor alguno para ser utilizada para coartar el derecho de los comerciantes. “Tiene que existir un orden, sí, pero no limitar el derecho al trabajo y más que todo, cuando se agrede a personas con movilidad reducida”.

El Municipio tiene 3 días, a partir de la notificación de la resolución -anteayer-, para interponer un recurso de revisión ante el defensor del Pueblo.

Julián Pérez, quien se encargó de la defensa de E.A.C., cuestionó  la ordenanza municipal  que reglamenta   la retención de la mercadería y  hasta la destrucción y donación después  de cierto tiempo. “Esa disposición debe eliminarse porque la Constitución  (en el artículo 327) prohíbe la confiscación”.

Pérez no descartó iniciar acciones en favor de la situación de E.A.C., pero que estas serán analizadas en conjunto.

Por su parte, el comerciante, quien continúa con la venta de artículos en la calle en un sitio apartado del  centro, evidenció preocupación por las reacciones y retaliaciones que puede representar la resolución.

El mes pasado, Segundo Naranjo, representante del Departamento Jurídico del Cabildo, durante su intervención en la audiencia, aseguró que no se violentó ningún derecho y que se actuó acorde con lo que estipulan las ordenanzas.

En esa misma línea, los agentes municipales implicados negaron las acusaciones y solicitaron indemnización por daños y perjuicios.

Sobre el comercio informal, ayer el alcalde Jaime Nebot aseguró que a nadie se le prohíbe trabajar, vender, inclusive, ocupar ciertos espacios públicos, pero lo que está restringido es el desorden, la agresión, la suciedad y la peligrosidad.

Pero,  aclaró -refiriéndose a la presencia de otros comerciantes informales en el mercado Samanes-: “Si no se someten por las buenas, lo hacen por las malas. Así de sencillo”.

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