Superar la desconfianza electoral

No basta con que los ciudadanos podamos votar, sino que vivamos una democracia plena.
23 de febrero de 2021 00:00

La Carta Democrática Interamericana señala como uno de los elementos esenciales de la democracia, “la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo”. No basta con que los ciudadanos podamos votar, sino que los procesos electorales cumplan con ciertas condiciones mínimas, propias de una democracia plena.

Lo cierto es que hace mucho los ecuatorianos perdimos la esperanza de participar de elecciones libres y justas. O estamos a merced de un gobierno candidato que usa y abusa del aparato de propaganda, o de un gobierno al que hay que implorarle por recursos económicos. O el proceso está a cargo de un Consejo Nacional Electoral dependiente del Ejecutivo, o de uno cuyos integrantes, debido a su inexperiencia, cometen burdos errores.

Se imprimieron papeles con error y perdimos cientos de miles de dólares. Se omitió reglamentar temas fundamentales como la campaña electoral digital, en un momento en que el Internet y las redes sociales iban a jugar un rol protagónico. Los órganos electorales se enfrascaron en pugnas absurdas, internas e interinstitucionales. Tras una jornada desarrollada con relativa normalidad, el anuncio irresponsable de los resultados de un conteo rápido, desconociendo las más elementales reglas metodológicas, fue la estocada final para un proceso cuestionado.

Desconfianza en las autoridades e incredulidad sobre la votación y los resultados, están a la orden del día, cuando aún está pendiente la realización de una segunda vuelta para definir a quien nos gobernará por los próximos cuatro años. Es indiscutible la presencia de la sombra de la duda, pero debemos evitar a toda costa que se quede para siempre.

¿Cómo lograrlo? Hay mucho por hacer, pero el punto de partida es recuperar el respeto al Estado de Derecho. Los procesos electorales no pueden depender de las personas y sus subjetividades, sean estas autoridades o representantes de organizaciones políticas, sino que deben ajustarse estrictamente a lo establecido en la Constitución y en la Ley. No necesitamos que las decisiones se basen en la buena voluntad o en interpretaciones antojadizas.

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