El Pacto Fiscal apunta a transformar las condiciones de desigualdad y violencia contra las mujeres

La propuesta de Lasso y Arauz sobre las mujeres no tiene una comprensión de sus derechos.
15 de marzo de 2021 00:00

Las organizaciones sociales plantean a los dos candidatos presidenciales, Guillermo Lasso, de la coalición CREO-Partido Social Cristiano (PSC), y Andrés Arauz, de UNES, un Pacto Fiscal por el derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia. Eso significa cambiar el modelo económico, social y cultural de la sociedad ecuatoriana porque es excluyente: autoritario, patriarcal, donde la vida y la dignidad de las mujeres no cuenta y terminar la violencia contra ellas y las niñas. 

Este Diario conversó con Rocío Rosero sobre este tema. Ella es activista feminista, defensora de los derechos humanos de las mujeres en Ecuador y América Latina por más de cuatro décadas. También es experta en políticas de género y sociedad, ha trabajado en la función pública y participa en  organismos de la sociedad civil. Además, es consultora de la Iniciativa Regional Spotlight: Estudio sobre disponibilidad y calidad de datos sobre trata y desaparición de mujeres y niñas en 10 países de la región. 

¿Por qué hacer un pacto fiscal y no social contra la violencia de género?

La riqueza social es generada por mujeres y hombres, pero lamentablemente la política fiscal en el Ecuador no incluye las necesidades de las mujeres. 

Del total de mujeres ecuatorianas económicamente activas, que son 3.3 millones personas apenas el 26,4% tienen un empleo pleno, pero en los hechos, todas ellas generan ingresos a sus hogares y trabajan al menos 26.03 horas más que los hombres, cada semana de su vida. Sostienen y cuidan la vida de sus hijos y las de los parientes que comparten los arreglos familiares en condiciones de opresión y violencias intolerables. Incluso albergan la sistematicidad de la violencia sexual intergeneracional e intrafamiliar y la violencia feminicida.

El Pacto Fiscal por el derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia es una iniciativa de las organizaciones sociales de mujeres diversas que compromete a los candidatos a la presidencia de la República en la transformación de las condiciones de desigualdad y de violencia estructural y de género a la que están sometidas mujeres y niñas en Ecuador.

 

¿Qué persiguen con el Pacto?

Busca detener el traslado de los costos sociales, económicos de la crisis fiscal a las mujeres y su integridad, protegiendo la inversión pública necesaria para respaldar la política pública de prevención y erradicación de las violencias contra las mujeres y las niñas.

Todo esto en un contexto político institucional que persiste en proteger intereses que se distancian del empleo, la redistribución del ingreso, la reactivación económica en respecto a los derechos humanos y laborales, la reinstitucionalización del país y la cabal comprensión de la relación entre desarrollo y la gestión de las desigualdades estructurales económicas, sociales y de género.

También entre democracia y la protección de los derechos de las mujeres y las niñas, especialmente a una vida libre de violencias y a su participación real, efectiva y paritaria en la toma de decisiones del Estado, las empresas, las comunidades y las familias; y entre viabilidad del sistema y la inclusión de los derechos de la naturaleza y la mitigación del calentamiento global como base del modelo energético y productivo.

Proponemos que el nuevo gobierno impulse consensos para lograr acuerdos nacionales sobre políticas fiscales progresivas y específicamente sobre los lineamientos del presupuesto nacional del 2021, para asegurar un piso mínimo de protección de los derechos de las mujeres y las niñas en el país. Así mismo creemos necesario monitorear y evaluar la política fiscal, exigir información transparente sobre la política fiscal y sus impactos en el ejercicio de los derechos de las niñas y las mujeres.

 

Hay una ley de violencia de género, pero no recursos para ella. ¿Está dicotomía cómo afecta a las mujeres que sufren violencia de género? ¿Cuál es el financiamiento que debería tener esa ley?

El centro del Pacto Fiscal es la asignación de recursos como un compromiso de Estado para la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas como prioridad de política de Estado.

Ello implica: primero garantizar la aplicación de la Ley Orgánica Integral de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres esto significa garantizar la inversión en prevención y en las expresiones extremas de violencia: la prevención de erradicación del embarazo en niñas y adolescentes.

También el funcionamiento eficaz de la justicia especializada a través de los 39 juzgados de la violencia contra mujeres y niñas, así como fiscalías especializadas, así como el fortalecer de capacidades de los operadores judiciales, y por supuesto, de la reparación integral a las víctimas niñas niños y adolescentes en situación de orfandad por los casos de femicidio.

Además, el fortalecimiento de centros y casas de acogida y de los servicios de protección integral de atención a víctimas y sobrevivientes.

 

¿Por qué la violencia de género y los femicidios no paran en este país ni siquiera durante la pandemia?

El modelo económico social y cultural de la sociedad ecuatoriana es un modelo excluyente: autoritario, patriarca, en donde la vida y la dignidad de las mujeres no cuenta. El período de confinamiento agudiza las crisis estructurales y con ellas, las violencias de género. La crisis de desempleo, de falta de ingresos en los hogares ha generado niveles de estrés que son aún mayores, la violencia como método de resolución de los conflictos ha recrudecido la violencia contra las mujeres y las niñas.

Y eso es lo que vemos y manifestarse en formas extremas: violación e incesto de niñas y adolescentes al interior de sus hogares, explotación sexual, trata con fines explotación sexual, niñas desaparecidas por que huyen de sus de sus hogares, de sus familias por la violencia.

No es posible un Estado ausente, no se puede seguir culpabilizando a las mujeres de la violencia. Hay la necesidad de un cambio profundo y esto es lo que tiene que hacerse a través del cambio de patrones socioculturales.

 

La lucha contra la violencia de género es de toda la sociedad y empieza en la escuela con la educación. ¿Qué dice usted?

La lucha contra la violencia de género es de toda la sociedad y empieza desde los propios hogares, se extiende a la familia, a la comunidad y por supuesto a la escuela, al colegio, a la universidad, a los medios de comunicación, a las organizaciones sociales y comunitarias, a los partidos políticos, a las empresas públicas y privadas. No es un tema que se resuelve con una ley sin recursos, o con una campaña al año.

La prevención es una acción sistemática que tiene que ser parte de los currículos de las escuelas, de los colegios de las universidades, de la agenda de los medios de comunicación, del fortalecimiento de capacidades de las empresas e instituciones del sector público.

Todos tienen que aplicar la ley de prevención y erradicación de la violencia. Como sociedad tenemos que activarnos para asumir esta gran tarea de la prevención.

 

¿La impunidad de los crímenes de odio contra las mujeres qué mensaje dejan a los ciudadanos? ¿Cómo confiar en la justicia?

La impunidad social proviene precisamente de esta cultura patriarcal basada en el odio a las mujeres, de una cultura misógina que funciona todos los días en todas las relaciones sociales y eso es lo que tenemos que cambiar.

La impunidad de los crímenes de femicidio, de los crímenes de odio contra las mujeres efectivamente es un pésimo mensaje desde el sector de la justicia, necesitamos una justicia justa que dignifique la vida y la integridad de las mujeres, necesitamos mecanismos especializados en la administración de justicia, no podemos seguir aceptando dilaciones y demoras que lastiman a las mujeres y las niñas.

Existe la necesidad de responder de manera inmediata con medidas de protección a las víctimas y sobrevivientes, necesitamos que todos los operadores del sistema judicial y de seguridad cumplan con reglas mínimas que garanticen una actuación inmediata para resarcir a las víctimas directas e indirectas.

 

¿Han conversado con los dos candidatos a la presidencia?

Sí hemos conversado con los equipos de los candidatos presidenciales. Nos hemos reunido con Carlos Rabascall, candidato vicepresidencial de UNES, y los equipos de campaña de CREO. Hemos colocado los temas de agenda del pacto en sus agendas.

Demandamos a los candidatos en primer lugar el Ministerio de la Mujer, con autoridad rectora de política pública para concretar la aplicación de la ley de violencia, una entidad que además trabaje para la materialización de las políticas de igualdad en todas las estructuras del estado y niveles de gobierno.

También fortalecer la red de centros y casas de acogida, así como los servicios de protección integral de atención a víctimas y sobrevivientes de violencia poner en funcionamiento inmediato el registro único de violencia y el observatorio como herramientas de política que permiten la atención inmediata de las víctimas y sobrevivientes.

Segundo, es emergente del Plan Nacional de Violencia contra las Mujeres, la inversión en la política pública con mecanismos claros de monitoreo y evaluación del cumplimiento de todas las instituciones del Estado.

Tercero asegurar la igualdad de las mujeres a través de las tres autonomías: económica, física y política, lo cual supone poner en marcha las políticas de igualdad, crear el Sistema Nacional de Cuidados para garantizar un piso básico de protección social de los derechos humanos de las mujeres y las niñas.

Impulsar la corresponsabilidad parental en el cuidado humano y la igualdad la distribución de las tareas, así como proteger la inversión en salud y educación como elementos de ese piso de protección social. Además, gestionar la severidad de las brechas de desigualdad generadas en materia de empleo, de cuidado y de acceso a los servicios de salud y educación generadas durante la pandemia.

 

Al revisar las propuestas de gobierno de ambos candidatos sobre género y estas son sus repuestas: Arauz tiene 4 propuestas ambiguas, no identifica para quiénes ni explica nada. Se trata de enunciados, nada más. ¿Qué dice usted?

Las propuestas de las candidaturas están desprovistas de una comprensión cabal de los derechos humanos de las mujeres y las niñas como un conjunto de obligaciones que deben ser asumidas y profundizadas por el Estados como asunto esencial de la democracia.

Esto implica la necesidad de un modelo político y social sin autoritarismo y con capacidad de creación de consensos que desnaturalicen las desigualdades sociales, económicas y de género profundizadas por la crisis del covid-19.

El reconocimiento de la violencia sexual como una grave violación de derechos humanos con costos para la justicia intergeneracional y para el proyecto de vida de cada persona víctima-sobreviviente.

También los derechos sexuales y los derechos reproductivos; y, por tanto, la despenalización del aborto en casos de violación. Además, la relación oprobiosa entre el modelo extractivista y la profundización de las desigualdades que generan y amplían mayores y más graves expresiones extremas de violencia contra las mujeres y las niñas, como el feminicidio, la trata y las desapariciones, que se anclan en el modelo patriarcal y la violencia machista.

Otro tema es el compromiso irrenunciable del Estado como garante de derechos; y la corresponsabilidad de las sociedades, las comunidades y las familias por hacer posible la vida digna de mujeres, niñas, niños y adolescentes. La prevención y erradicación de las violencias de género y prácticas nocivas, incluyendo el incesto, el castigo. La promoción de las autonomías física, política y económica. Y un piso básico de protección social y de inversión en educación, salud y cuidados.

 

 

 

 

 

 

 

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