Lo que nació como un artículo de investigación que se hizo público el 3 de mayo de 2019, a los nueve meses 22 días se ha convertido en un juicio penal considerado como el más importante de los últimos tiempos en el Ecuador. Se trata del caso Arroz Verde, luego denominado Sobornos 2012-2016, que consistía en solicitar contribuciones “voluntarias” a empresarios contratistas con el Estado para financiar las actividades políticas del anterior Gobierno y de su movimiento Alianza PAIS. A cambio se les aseguraba millonarios contratos a dedo para grandes obras estatales. Para el 8 de agosto el número de vinculados llegó a 26, entre ellos el expresidente Rafael C. y el exvicepresidente Jorge G., contra quienes la jueza Daniella Camacho dictó prisión preventiva. A partir de ahí el proceso se accidentó; recursos de apelación, impugnación, de hecho, pedidos de caución, revisión  y sustitución de medidas, entre otras fueron utilizadas por la defensa de los procesados para entorpecer y dilatar el caso que inicialmente investigaba tres delitos: tráfico de influencias, asociación ilícita y cohecho. Camacho logró sortear estos obstáculos y el 3 de enero llamó a juicio a 21 de los procesados, pero nuevamente comenzaron las trabas:  recusaciones, recursos de hecho y pedidos de diferimiento para la audiencia de juicio. Finalmente el 10 de enero inició el juzgamiento a cargo de los jueces Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez, quienes también fueron recusados, por lo que se perdió cuatro días hasta que el 17 de febrero se reactivó el juicio en medio de rumores de que dos de los tres jueces viajarán al exterior; la Corte Nacional de Justicia aseguró que el juicio del caso Sobornos no se suspenderá. Ahora los abogados de los procesados ya están pensando en nuevas acciones, pues el objetivo es dilatar el juicio, que no haya sentencia ejecutoriada hasta noviembre para que Rafael C. pueda participar como candidato a asambleísta por el exterior en las elecciones del 2021. Y es que en este caso de corrupción los 10 exfuncionarios públicos y 11 empresarios procesados, no son personas comunes, sino gente que ostentó del poder, con dinero e influencias. (O)