SRI entregó al Ejecutivo una propuesta de reforma tributaria

20 de mayo de 2011 - 08:32

El Servicio de Rentas Internas (SRI) presentó ayer al presidente de la República, Rafael Correa y el ministro de Finanzas, Patricio Rivera, una propuesta de reforma tributaria, que permitiría la recaudación de 400 millones de dólares para financiar la atención en salud.

El proyecto considera un nuevo gravamen a los cigarrillos, licores y vehículos que contaminen.

El director del SRI, Carlos Marx Carrasco, explicó que en el caso de los cigarrillos, el Impuesto a Consumos Especiales (ICE) aplicará por unidad y el incremento sería de dos centavos. “Actualmente está en más o menos seis centavos, por lo tanto, (el incremento) sería en el orden de los dos centavos por cada tabaco, lo que equivale a 40 centavos la cajetilla de 20 unidades”.

Agregó que el gasto fiscal para atender la salud por problemas de tabaquismo supera lo que se recauda en total de impuestos a los cigarrillos, de manera que, “es un impuesto absolutamente racional, solidario y que pretende además, enfrentar el tema cultural, para que ojalá la gente, sobre todo los niños, dejen de fumar”, puntualizó.

El funcionario indicó, en declaraciones para El Ciudadano, que los licores actualmente pagan un valor diferenciado dependiendo del grado alcohólico, que va de $2,00 a $5,60. La reforma propone unificar el arancel a $6,00 por litro del equivalente, en cada de una de las bebidas alcoholizadas y cervezas, en un período de tres años. “Se generaría aproximadamente 20 millones de dólares en ingresos fiscales en el año uno, otros 20 en el año dos y otros 20 en el año tres”, dijo.

La propuesta de reforma contempla un impuesto por contaminación, que aplicaría alrededor del 2% o 3% de los vehículos que circulan en el país, considerando avalúo comercial y grado de contaminación.

Carrasco aclaró que estos impuestos de ninguna manera afectarían a los sectores medios y de estratos populares, sino solamente a un pequeño segmento de la población.

El proyecto es analizado por el Ejecutivo, que deberá decidir si lo envía a la Asamblea Nacional con el carácter de económico urgente.

 

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