Los prefectos del país, agrupados en el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales (Congope) insisten en el pago de rubros adeudados. Incluso el miércoles 13 de enero una delegación acudió a la Corte Constitucional para presentar una demanda de inconstitucionalidad.

Ellos esgrimen una razón: consideran inconstitucional el artículo 118 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip) que faculta que se realicen ajustes cuatrimestrales.

También cuestionan los efectos jurídicos que tuvieron los acuerdos ministeriales 0049 y 0072, emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, para recudir los ingresos de los GAD en un 19% y en un 23%, respectivamente. Si bien los acuerdos fueron derogados a inicios de diciembre, la reducción fue aplicada.

Pablo Jurado, presidente del Congope, sostiene que el artículo 118 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, “es inconstitucional”, pues a su criterio infringe lo dispuesto en el artículo 238 de la Constitución respecto a la autonomía de un nivel de gobierno.

Añade que con este criterio el Gobierno central puede interferir en los recursos de los GAD con reajustes cuatrimestrales y con límites de decremento”.  “Nada más alejado y expresamente contradictorio al artículo 271 de la Constitución, y en la autonomía financiera garantizada en el artículo 238 de la Constitución”.

Recalca que según ese artículo las asignaciones determinadas en el presupuesto inicial del Estado están sujetas a variantes que afectan las características constitucionales de las asignaciones locales, que según el artículo 271 de la Constitución deben ser oportunas, predecibles y directas.

En cuanto a los recursos, Jurado manifiesta que se les adeuda a los GAD provinciales $ 679.050.794,98 como resultado de los pagos pendientes y el saldo Fingad, por lo que no aceptarán la disminución de recursos más allá del 5% en las asignaciones por modelo de equidad territorial, como lo establece al artículo 118 del Coplafip aprobado por el Gobierno Central.

Además, pide al Ministerio de Finanzas la cancelación de las deudas pendientes, por el modelo de equidad territorial, manteniendo el presupuesto inicial 2020. (I)